Con
información de Dulce Olvera.
Un
estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) entregado
en 2011 a la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco reveló los elevados
niveles de contaminación en el Río Santiago, en Jalisco, lo que ha provocado
enfermedades y muerte entre adultos y menores. Al respecto, el Gobernador
Enrique Alfaro Ramírez afirmó este lunes que él no necesita que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) o los medios de comunicación le digan lo que
tiene qué hacer, y aseguró que su administración está trabajando para resolver
este problema, pero los resultados no serán inmediatos.
“No
necesito que la Comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer
en el Río Santiago, lo estoy haciendo desde el primer día de mi Gobierno”, replicó el mandatario, luego de que
el domingo pasado también en SinEmbargo se publicara un amplio reportaje que
enfatiza la omisión de los gobiernos jaliscienses al embargar el estudio de la UASLP
durante 10 años. Esto es considerado por especialistas y grupos civiles como
una muestra de que las industrias llevan décadas envenenando a niños, jóvenes y
adultos de varios pueblos en torno al río, con la complicidad de las
autoridades de ese estado.
A través de
un video compartido en sus redes sociales, Alfaro Ramírez, quien es
militante del Partido Movimiento Ciudadano (MC), respondió a una serie de
críticas a su mandato debido a la falta de resultados en el saneamiento del Río
Santiago, surgidas a raíz de la publicación de dicho estudio.
Alfaro
Ramírez aseguró que su Gobierno ha implementado una serie de obras enfocadas al
saneamiento de dicho cuerpo de agua. Sin embargo, destacó que es imposible dar
resultados en esta labor en su primer año al frente del Estado.
“No se
necesitan más que dos dedos de frente para entender que los trabajos que
estamos haciendo hoy no van a dar resultados de inmediato, la calidad del agua
no va a mejorar ahorita, va a mejorar cuando las obras estén terminadas. Si
alguien espera que ahorita la calidad del agua del Rio Santiago, pues eso no va
a pasar”, dijo.
En su
mensaje, el Gobernador jalisciense criticó la labor de la CEDH al emitir
“macro-recomendaciones” a su administración, pues, dijo, no necesita que nadie
le diga que es lo que tiene que hacer.
“Me llama
la atención ese ánimo de aparecer, tal vez para justificar su trabajo y su
cheque, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ahora dice que va a
hacer una nueva macrorecomendación. No necesito que la Comisión me haga
recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en el Río Santiago, lo estoy
haciendo desde el primer día de mi Gobierno”, aseveró.
El
mandatario jalisciense invitó al Presidente de la CEDH y a los medios a una
“mega-excursión” el próximo miércoles para que conozcan el estado de las obras
que se realizan en la entidad.
“Yo voy a
organizar una “macro-excursión” para que el Presidente de la CEDH, los
opinadores profesionales que escriben cosas sin saber y que lo único que hacen
es criticar sin fundamento, los voy a invitar para que se ensucien los zapatos
y vayamos a hacer un recorrido por todos los municipios y conozcan todas las
obras. Este miércoles salimos a la 6:30 de la mañana, vamos a tener transporte
y voy a preparar unos sandwiches para el camino, vamos a hacer un recorrido de
todo el día, y si necesitamos quedarnos para que vean el tamaño del trabajo que
estamos haciendo, nos quedamos a dormir”, anunció.
LA HISTORIA
DE OMISIÓN Y CRIMEN
El
domingo pasado, SinEmbargo publicó un reportaje sobre la problemática y el
riesgo para la población del río Santiago.
La
periodista Dulce Olvera destacó que un estudio de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí entregado en 2011 a la Comisión Estatal del Agua (CEA) de
Jalisco, que a su vez notificó a la Secretaría de Salud estatal, advirtió que
en promedio 40 por ciento de niños de la zona tenía metales pesados en sus
cuerpos como plomo o cadmio que se quedan en el organismo por décadas. Sin
embargo, los funcionarios del gobierno panista de Emilio González Márquez
(2007-2013) ignoraron los resultados.
El
director de la CEA Jalisco en ese periodo era el panista César Luis Coll
Carabias, quien estuvo preso en 2015 por presunto desvío de 3 millones de pesos
durante esa gestión. El ex Secretario de Salud estatal era el Dr. Alfonso
Petersen Farah, actual Vicerector de Ciencias de la Salud de la Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG). Además su primo Fernando Petersen Farah es el
actual Secretario de Salud local.
“No lo
podemos clasificar de otra forma más que de un crimen de Estado que contribuyó
a la enfermedad y muerte que está ocurriendo aquí. Pedimos mínimo la cárcel
para estos funcionarios que decidieron ocultar el estudio. Lo peor es que
algunos de ellos se han mantenido en cargos en los dos sexenios subsecuentes
[Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018) y Enrique Alfaro Ramírez (2018-actual)],
es decir, no han tenido ningún escrúpulo. Nunca lo van a asumir, pero siempre
ha habido un encubrimiento a la industria porque los capitales son muy grandes.
Podemos acusarlos de homicidio”, aseguró Alan Carmona a este diario digital, quien pertenece a
la organización Un Salto de Vida conformada por habitantes de El Salto y
Juanacatlán.
El
defensor dijo también que ha habido muertes de niños y adultos por enfermedades
crónicas como cáncer, insuficiencia renal y abortos espontáneos. También se han
presentado malformaciones, daños en la piel y hasta enfermedades neurológicas
como depresión o esquizofrenia que han terminado en suicidios. No descarta que estén
relacionados con el ambiente enfermo.
La
cláusula de confidencialidad del informe venció en noviembre pasado, pero los
resultados por fin se publicaron en diciembre y los pobladores “quedaron en
shock sabiendo que está uno inmerso en este ambiente enfermo y que nuestros
hijos son los más vulnerables”, dijo el habitante.
También culpan
de encubrimiento al doctor José Mario Márquez Amezcua, quien recibió el estudio
y es Director General de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de
Salud de Jalisco, y al ingeniero Ricardo Robles Varela, entonces Director de la
Unidad Ejecutora de Abastacemiento y Saneamiento de la Comisión Estatal de
Agua.
La
coordinadora del estudio del Departamento de Toxicología Ambiental de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Gabriela Domínguez
Contreras, compartió en entrevista que están consiguiendo fondos a través de
Conacyt o fundaciones, independientemente del Gobierno, para poder darle
continuidad a los resultados de hace una década.
La doctora
Domínguez Contreras presentó hace ya más de una década los resultados del
estudio en una reunión con miembros de la Comisión Estatal del Agua y de la
Secretaría de Salud.
En una
muestra de 330 niños de seis poblados aledaños al río Santiago el arsénico
(relacionado con cáncer) estuvo presente en más del 40 por ciento de los niños
de Juanacatlán y La Cofradía; el cadmio (causa daño renal) fue hallado en 98
por ciento de menores de El Salto, 71 por ciento de Juanacatlán, y 84 por
ciento en la Cofradía y en 77 por ciento de los de Puente Grande.
La
presencia de plomo en la sangre de los niños muestreados de Juanacatlán estuvo
en el 93 por ciento, y del 60 al 80 por ciento de los niños de El Salto y
Juanacatlán presentaron ácido mucónico por ingesta de benzeno, un contaminante
asociado a cáncer.
“Encontrar
tantos metales en tan porcentaje de niños es algo muy preocupante, porque ahí
no vemos el efecto en cada uno de ellos de manera aislada, sino es un efecto
combinado donde se dan sinergias y se potencian los daños”, dijo en entrevista con SinEmbargo la
doctora Gabriela Domínguez.
“El plomo
y el cadmio son metales que se quedan en el organismo. El plomo se aloja en
hueso y puede permanecer hasta 60 años, y el cadmio se aloja en riñón y ahí se
queda hasta 40 años. Al hacer daño por el resto casi de la vida útil de las
personas, no hay una reversibilidad posible”, explicó.
En los
determinantes sociales el estudio documentó que en El Salto, la población más
afectada por tóxicos, el 28 por ciento no era derechohabiente hace una década y
otro 12 por ciento no contaba con clínicas de salud gratuitas. En Juanacatlán,
el 18 por ciento no tenía seguridad social.
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