Por Daniela
Barragán.
Hay poca
certeza de cuántas y cuáles empresas integran a los Cuerpos de Seguridad
Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) y ocurre lo mismo con el número
de contratos que recibió durante la administración de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo
con la información disponible, este cuerpo de seguridad privada se hizo de
105 contratos por un total de 3 mil 389 millones 039 mil 209 pesos. Ese es el
acercamiento que la información de la Plataforma Nacional de Transparencia
permite hacer a más de un año del cambio del Gobierno federal.
Sin embargo,
no es posible afirmar que efectivamente todo el dinero que ganaron. Por
ejemplo, los contratos que celebró con la entonces Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) aparecen como “no disponible para su consulta”, y la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene parte de la información
reservada.
Además, la
información es pública por solicitudes de información dirigidas a las
principales secretarías del Gobierno federal y la mayoría de 2012 a 2017, por
lo que falta conocer si se le contrató en 2018 y 2019, últimos años del sexenio
del priista Peña Nieto..
El Partido
Revolucionario Institucional (PRI) regresó a Los Pinos en 2012 y trajo consigo
a su cuerpo de seguridad. Tanto el Presidente como la empresa salieron del
Estado de México.
Conforme
la violencia aumentó en el país, el mercado de la seguridad privada fue uno de
los más fructíferos. Del año 2006 a la fecha, la política de combate al
narcotráfico iniciada por Felipe Calderón Hinojosa tiene como saldo al menos
268 mil 784 homicidios dolosos y más de 61 mil desaparecidos.
El caso de
Cusaem es particular. La administración de Andrés Manuel López Obrador la
tiene en la mira, además la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó
sobre ella y hasta en el gremio su actuar despierta dudas.
“¿No les
parece eso una aberración? Se contaba con 10 mil efectivos para cuidar a la
gente, 10 mil efectivos de la Policía Federal, y se contrataba para cuidar las
oficinas del gobierno y a los funcionarios a 50 mil policías privados. Estamos
haciendo la depuración de todo esto. Se crearon empresas privadas de seguridad
vinculadas con políticos. Ahí se los dejo de tarea, pero estamos en eso”, dijo el Presidente el pasado 23 de
abril en su conferencia matutina.
Luego, el 4
de julio pasado, dijo que en la administración de Peña Nieto se fomentó la
creación de estas corporaciones, y se llegó al extremo que el Gobierno federal
contrataba más policías privados que los policías oficiales para garantizar la
seguridad del pueblo, la de los ciudadanos.
Roberto
Rivera Mier, director de Asuntos Interinstitucionales de la Asociación Mexicana
de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), comentó en entrevista con SinEmbargo
que las policías auxiliares o complementarias, afectaban la competencia en
el sector.
Rivera Mier dijo
que con la empresa Cusaem, al ser una figura estatal y a la vez de seguridad
privada, se generaba una competencia desleal “porque utilizan las armas de
seguridad pública para la seguridad privada […] hay un manejo bastante oscuro y
en todos los estados de este tipo […] esta policía del Estado de México creció
el doble de lo que era porque tenían hasta a la Secretaría de Gobernación y a
la mayoría de las instituciones”.
También añadió
que existe un manejo dudoso de recursos, porque cuando convenía eran ente
público o si no, privado. “Ese modelo no existe en otro lugar del mundo más que
en México, que una empresa de seguridad pública dé servicios de seguridad
privada”, dijo.
La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto de
cómo se maneja Cusaem. Dijo que ha trabajado por años en el “limbo” legal, pues
cuando les conviene se ostentan como privados o como cuerpos auxiliares de
seguridad del Estado.
La
Recomendación, de octubre de 2019, fue dirigida a los gobernadores, Alfredo del
Mazo Maza, del Estado de México; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala, y a
los fiscales generales de Guanajuato y de Querétaro, Carlos Zamarripa Aguirre y
Alejandro Echeverría Cornejo, respectivamente.
La causa
fue por violentar el derecho de acceso a la justicia, por tres elementos de
Cusaem –que brindaban protección y vigilancia a una empresa ferroviaria— que
mataron a disparos a dos personas migrantes, que viajaban a bordo del tren, e
hirieron a dos más.
La CNDH advirtió
la opacidad en que opera y la negativa por parte del Gobierno del Estado de
México para rendir cuentas sobre el actuar, el número de elementos y los marcos
legales con que se rigen.
Solicitó
a la Secretaría de Seguridad Pública estatal informar sobre el número de
elementos que integran los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de
México, así como precisar qué institución o quienes realizan los exámenes de
control y confianza y fecha en que se llevó a cabo el último examen, además de
la formación y capacitación policial que se les otorga.
También solicitó
copia de los manuales internos de operación expedidos por el Director General
de Seguridad Pública y Tránsito y que el Estado de México informara y aclarara
si los elementos de CUSAEM estaban inscritos en el Registro Estatal de Empresas
de Seguridad Privada, pero ambas cosas fueron negadas.
Varios de
los argumentos que dio la SSP para no dar información o deslindarse de los
hechos, fue que Cusaem no eran servidores públicos, sin embargo, la CNDH
destacó que “lo cierto es que su origen no es ‘privado’”.
El
Organismo concluyó que aun cuando la Gobierno del Estado de México, “haya
argüido que los citados Cuerpos de Guardias y Vigilantes Auxiliares no se
encuentran ligados “administrativamente” y no son servidores públicos,
éstos laboran para los citados Cuerpos
de Guardias y Vigilantes Auxiliares los cuales son considerados como
“organismos auxiliares” del Estado de México, controlados por una “Jefatura”
que depende de
la Dirección de
Seguridad Pública y
Tránsito; por lo que
resulta innegable que
existía un nexo jurídico con la Secretaría de Seguridad
Pública estatal.
DETRÁS DE
CUSAEM.
Esa
complejidad en el esquema de Cusaem, podía explicarse por sus nexos políticos.
Nombre como Alfonso Navarrete Prida y Luis Miranda Nava están ligados a ese
cuerpo de seguridad.
Medios de
comunicación han documentado y exhibido que el CUSAEM está dirigido por ex
funcionarios que forman parte de una red de amigos y colaboradores al ex
secretario de Gobernación y del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
De acuerdo
con un reportaje de la revista Proceso, José Emanuel Álvarez González,
titular de CUSAEM, fue secretario particular de Navarrete Prida durante su
periodo al frente de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Estado
de México, cuando Peña Nieto era Gobernador. Además, fue asesor de Navarrete
Prida mientras fue legislador federal en 2009 y 2010.
“Cuando
Navarrete Prida llegó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS),
Álvarez fungió como su secretario particular, donde estuvo hasta 2017. Ese año
fue nombrado director General de CUSAEM, donde aún despacha”, detalla el reportaje de Proceso.
Además, señala
que el representante legal de Cusaem, Nicolás Martínez Hernández se desempeñó
como coordinador general de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre
los años 2008 a 2013, cuando la dependencia estaba bajo el mando de Navarrete
Prida.
Sobre
Miranda Nava, el mismo semanario lo coloca como miembro del Consejo de
Administración en el mismo periodo de Navarrete Prida. Se calculó que los
Cuerpos tuvieron ingresos de 2 mil millones de pesos anuales y que parte de ese
dinero se utilizó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Luis
Miranda Nava, en esa administración estatal, estuvo en la Secretaría General de
Gobierno, como encargado de la política interior de la entidad.
Miranda
Nava, el que se declaró abiertamente “operador político” de Peña Nieto, es hoy
Diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo
con una solicitud de información dirigida a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), la comercialización de armamento al Gobierno del Estado
de México para atención del Cusaem, aumentó 160 por ciento.
En
general, para la entidad, de 2004 a febrero de 2017, se le asignaron al Estado
de México 35 mil 248 armas, de las cuales es reservado el tipo y el calibre.
Esas armas también son para uso del Cusaem.
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