Adela
Navarro Bello.
La imagen es
desoladora. Tan terrible como triste, madres llorando al lado de los cuerpos de
sus hijos asesinados. Menores de edad cuatro de ellos, quienes, junto a otros
cuatro adultos, fueron masacrados a balazos cuando estaban departiendo en el
interior de un negocio de video juegos en Michoacán.
Rápidamente
la “autoridad” dice que en el lugar se vendía droga, que era punto de reunión
de narcomenudistas, que fueron miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación los
asesinos de los niños. Así, sin investigación, sin evidencia, sin pruebas, pero
apelando al prejuicio social para minimizar una masacre que debería tener
preocupado a todo el país. No importa de cuál partido encabece el gobierno, sea
federal, estatal o municipal, la premisa de “los matan porque estaban metidos”
ha arraigado en la opinión pública de este país, y mantiene los índices de
impunidad altos en los tres órdenes de gobierno.
El
Presidente Andrés Manuel López Obrador no habla de los muertos a menos que
tenga otros datos que le indiquen que los homicidios dolosos van a la baja.
Desprecia a quienes desde la sociedad civil se manifiestan contra la
inseguridad, como lo hizo con la marcha convocada por Javier Sicilia y la
familia Lebaron. Los gobernadores le echan el problema al gobierno federal
porque mayormente, detrás de las balas está el fenómeno criminal del
narcotráfico cuya investigación corresponde el fuero federal, aun cuando el
narcomenudeo sea responsabilidad estatal.
Pero aun en
esa indiferencia oficial, la cruda realidad es que México con sus más de 35 mil
asesinados en 2019, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad, está tomado por los cárteles de la droga.
Las policías
mexicanas no se destruyen, ni se depuran, se transforman en otras entidades
como su cambiarles de nombre e insignia fuera el elemento para hacerlas
eficientes. La Policía Federal, una de las más corruptas en el país, dejó de
serlo para ser integrada en su inmensa mayoría, a la Guardia Nacional. Así sin
más, sin depuración, sin nuevos filtros o mecanismos para prescindir de los
elementos deshonestos o entregados a la criminalidad organizado. Ahí está el
ejemplo de Genaro García Luna, acusado ahora de haber beneficiado al Cártel de
Sinaloa hace doce años, cuando encabezó el área de seguridad pública del
gobierno federal.
Con policías
infiltradas en los tres órdenes de gobierno, pues si la federal no ha sido
depurada, las estatales en menor medida han transitado por ese proceso, y sin
un eficiente trabajo de inteligencia para detectar las ramificaciones de los
cárteles de la droga en los Estados y Municipios para combatirlos desde sus
raíces, las escenas de madres llorando a sus hijos muertos se repetirán una y
otra vez.
Hace unos
días le preguntaron al Presidente de la República si fue enterado de la
realización el fin de semana, de la boda de una de las hijas del
narcotraficante preso en los Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, y
dijo que no. Mal haría en aceptar lo contrario, pero esa sola presunción, de
que el Presidente no sabe lo que ocurre en el País con los capos más notorios,
hace pensar ¿Quién está desarrollando inteligencia?
A pesar de
los análisis de instituciones policiacas extranjeras, particularmente la DEA y
el FBI de los Estados Unidos, que año con año realizan un trazado de las zonas
de influencia de los cárteles de la droga en México, evidentemente con ayuda
del gobierno mexicano, no se conoce una estrategia para combatir eficazmente a
los cárteles de la droga. Tampoco hay un compromiso por aprehender a quienes
encabezan esas mafias, si acaso en los Estados hay esfuerzos en solitario para
identificar a los asesinos, lo cual tampoco significa que lleguen a detenerlos.
La parálisis
en la que se encuentra la Fiscalía General de la República tampoco ayuda. La
SEIDO está más a la espera de cachar las detenciones que logre hacer el
Ejército Mexicano o la Marina, que en generar su propia investigación para el
desmantelamiento de los cárteles, o por lo menos procesar a los asesinos por
delincuencia organizada.
El CISEN,
que como la Policía Federal, no desapareció sino se transformó en otra
institución, en este caso el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), mantiene su
representación en todos los Estados de la República Mexicana, cuyos titulares y
equipos continúan generando información y análisis para prever brotes de
inseguridad, de violencia o conflictos sociales, pero quién sabe cuál es el
proceso del General en el retiro, Audomaro Martínez Zapata, quien de ser parte
del equipo de seguridad de López Obrador desde 2001, fue nombrado Director
General del CNI.
En la
Guardia Nacional tampoco se sabe de un equipo que esté desarrollando
inteligencia, aunque sí está en el organigrama de la corporación, no se conoce
de sus resultados. Las aprehensiones por parte de esta corporación no han
destacado por atacar a los objetivos criminales claves para iniciar el
desmembramiento de los cárteles. Y del Ejército, pues recuerde la
aprehensión-liberación de Ovidio Guzmán López en Culiacán el 17 de octubre de
2019, y ahí tiene usted el nivel de participación del glorioso Ejército
Mexicano.
Caso
diametralmente opuesto al protagonizado por elementos de la Secretaría de la
Marina, cuando el 30 de enero, también en Culiacán, llevaron a cabo un exitoso
operativo de apenas 15 minutos, para detener con fines de extradición a Ismael
Quintero, sobrino del capo Rafael Caro Quintero. Es sabido, por lo menos desde
el sexenio de Felipe Calderón, que autoridades de investigación e inteligencia
de los Estados Unidos, prefirieron trabajar con la Marina de México para la
aprehensión de los más buscados de aquel país pero con residencia en el
nuestro.
Otra área de
inteligencia que si está funcionando es la de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto, y
que ha congelado cuentas y fiscalizado empresas de lavado de dinero no solo de
políticos, también de estructuras criminales como el Cártel Jalisco Nueva
Generación y el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo,
los esfuerzos aislados de dos entidades no son suficientes para combatir la
criminalidad en México de forma eficiente.
En estas
condiciones, sin una depuración en las policías mexicanas, con una FGR
paralizada, una Guardia Nacional sin resultados en combate al narcotráfico, con
un Centro Nacional de Inteligencia minimizado, el Ejército ridiculizado por el
cártel de Sinaloa, y un Presidente de la República que tiene otros datos, cada
vez más aparatados de la realidad del País, las escenas desoladoras de madres
llorando a sus hijos, seguirán sucediendo.
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