Un cúmulo de aberraciones para condenar a Sergio Aguayo.

Por José Gil Olmos.

El 20 de enero de 2016 Sergio Aguayo publicó un artículo en el diario Reforma en el que señaló presuntos actos de corrupción de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, y dijo que ese personaje despide un “hedor corrupto”. Medio año más tarde, el también exdirigente nacional del PRI demandó al investigador por daño a su imagen pública.

Tras cuatro años de juicio, el magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Francisco José Huber Olea Contró, encontró culpable a Aguayo y autorizó el embargo de sus propiedades si el articulista no le paga a Moreira 10 millones de pesos, por causarle “daño moral”.

“Se trata de criminalizar la libertad de expresión”, asegura Aguayo en entrevista y señala que las repercusiones de la sentencia del juez representan un acoso judicial y la posibilidad de meter a la cárcel a más periodistas por ejercer el derecho a la libre expresión.

Lo más grave, insiste el investigador, es que en medio de los ataques al periodismo independiente, de los asesinatos e intimidaciones, estas acusaciones sean parte de una corriente de demandas judiciales que han proliferado en todo el país.

“El gremio periodístico está justificadamente preocupado por la posibilidad de que interpongan demandas como la mía”, sostiene, inquieto, el articulista y académico que ha tenido el apoyo de más de 2 mil personas en una carta de denuncia que circuló casi inmediatamente después de que el juez emitiera la sentencia.

Sergio Aguayo es investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México desde hace 43 años, profesor invitado en la Universidad de Harvard desde 2015 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 1984. Ha publicado más de 25 libros y ofrece seminarios y conferencias –a nivel internacional– sobre temas políticos, electorales, de derechos humanos, seguridad nacional y de la relación México-Estados Unidos.

Es uno de los principales defensores de los derechos políticos, electorales y humanos. Entre 1990 y 1996 fue presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y de 1994 a 1999, integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica. Hasta 2008 fue presidente del Consejo Directivo del centro de análisis e investigación Fundar.

Fundador del diario La Jornada y de la revista Este País, desde 2001 participa como panelista en el programa “Primer Plano”, del Canal Once, y colabora en el diario español El País y en el think tank británico Open Democracy.

Es articulista del diario Reforma, donde publicó precisamente el texto por el que fue demandado por Humberto Moreira, cuando éste fue detenido –a petición de Estados Unidos– en España, acusado de presuntos delitos de organización criminal, lavado de dinero, cohecho y malversación de recursos públicos.

Aguayo, en entrevista telefónica desde España, enumera una serie de riesgos para el periodismo mexicano, con la sentencia que recibió.

“Primero la filtración de ese documento, en el cual se amenaza con criminalizar y mandar a la cárcel a periodistas; segundo, los ataques al periodismo independiente; tercero, lo que se expresó en la Caminata por la Paz, que volvió a traer el tema de la justicia para los familiares de las víctimas de la violencia; y finalmente la decisión del juez de que se embargaran mis bienes de una manera sorpresiva.”

También advierte que su caso evidencia el riesgo para los periodistas de enfrentar redes de corrupción y de complicidad dentro del Poder Judicial de la capital del país y la necesidad de reformar las leyes para evitar que se sigan presentando estos casos de persecución.

LOS INTERESES DEL JUEZ.

Uno de los aspectos polémicos que han surgido a partir del caso de Aguayo es un posible conflicto de intereses, ya que, según difundió el periodista y académico Luis Carlos Plata en el periódico Zócalo, antes de dejar el gobierno de Coahuila, Rubén Moreira –hermano de Humberto– otorgó una patente de notaría en Saltillo a Jean Paul Huber Olea, hermano del juez José Francisco Huber Olea.

Además, hay sospechas de corrupción del juez Huber Olea pues, como escribió el articulista Ricardo Raphael en El Universal el pasado 30 de enero, posee un auto de lujo Ferrari y obras de arte de Alberto Gironella, Rafael Coronel, Jorge Marín y Leonardo Nierman, que difícilmente habría adquirido con los ingresos que puede tener.

“Entre los trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul se dice que esos son los regalos que, presuntamente, le habría hecho su presidente, Guillermo Álvarez, para obtener un trato favorable en los asuntos que este juzgador tiene en su portafolios; expedientes cuyo valor rebasaría cualquier cifra imaginable”, escribió Raphael.

En conferencia de prensa, el abogado de Aguayo, Héctor Beristáin Souza, dijo: “Estamos ante un acoso judicial pocas veces visto”, en el que hubo dolo y corrupción para amedrentar y censurar al académico de El Colegio de México.

En la misma conferencia, Sara Mendiola Landeros, abogada de la organización Propuesta Cívica, también denunció que existe una valoración “inadecuada” del juez sobre el trabajo periodístico, ya que determinó que hubo abuso de la libertad de expresión, sin distinguir si se trató de una investigación o de una columna de opinión, ya que las opiniones por ningún motivo pueden ser criminalizadas o judicializadas.

“El magistrado Olea Contró interpretó y aplicó de manera dolosa e inadecuada el Estándar de Malicia Efectiva. Este estándar tiene que ser aplicado a géneros periodísticos de información que por su propia naturaleza implican un contenido de hechos. Y en el caso concreto se trata de una columna de opinión; tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Estándar de Malicia Efectiva sólo se puede aplicar en la difusión de hechos y no de opiniones, ideas y juicios de valor”, explicó Mendiola.

Ambos coincidieron en que Huber Olea realizó también una interpretación errónea del Estándar de Sistema Dual de Protección, que establece que los límites de la crítica y escrutinio público siempre serán más amplios tratándose de personas con proyección y actividad públicas.

“Sin atender el sentido correcto, el magistrado Olea decidió que, en atención al sistema dual, el periodista no debió criticar la detención de Moreira en España ni generar juicio ni opinión de su función como gobernador de Coahuila, concluyendo que la columna de Aguayo violaba la presunción de inocencia del exgobernante. Un argumento falaz, toda vez que el autor de la columna comunicó un hecho cierto y noticioso”, explicaron.

En ese mismo sentido, la abogada y expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Perla Gómez señala en entrevista que la sentencia del juez representa no sólo un ataque a la libertad de expresión del periodista y académico, sino que es una amenaza a la labor de los periodistas al establecer la multa de 10 millones de pesos y el ultimátum de embargar sus bienes si no paga.

Gómez participó como defensora del periodista Miguel Ángel Granados Chapa y del escritor Alfredo Rivera Flores, autor del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, en un caso que ya lleva 15 años de litigio y en el que apenas se aplicó una sentencia contra el autor por 738 mil pesos, por daños a la moral del exdiputado Gerardo Sosa Castelán, actual presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que es investigado por la Secretaría de Hacienda por presunto lavado de dinero. Se trata del juicio más largo en este tipo de casos de difamación y daño moral.

Ahora la jurista y defensora de los derechos humanos también participa en la defensa de Aguayo.

“Lo más grave es la dualidad en el uso del código civil de la ley especializada, que habla de la responsabilidad civil para la defensa del honor, vida privada y la imagen; el hecho de que no la hayan utilizado y aplicaron la ley que permite el lucro ya genera un problema. Por principio de especialidad tenían que usar la que iba con el Estándar de Libertad de Expresión; en cambio están usando la del Código Civil que permite casos de responsabilidad de otro tipo. Por ejemplo, se pueden generar daños a la moral por negligencia médica, lo cual tiene una cuantificación diferente a la de la libertad de expresión”, explica la doctora en derecho a la información.

Precisa que más allá de que Aguayo haya sido condenado, la ley maneja la doctrina de la “real malicia” que para que proceda, debe ser con casos de interés público con negligencia y con la única intención de dañar. “Pero en el caso de Aguayo, su perfil y su trabajo están documentados, y con su artículo no hubo intención de dañar, sino de revelar un caso de interés público. Por lo tanto, ni siquiera debería ser condenado”.

La investigadora y académica de la UAM advierte que hay que esperar a ver si la Suprema Corte de Justicia autoriza el caso, a pesar de que ya lo atrajo. Aclara que, aunque un ministro vaya a atraer el caso, debe señalar su trascendencia y relevancia, además de precisar cuál es la ley que debe estar vigente y si se configura el delito de daño moral conforme a los estándares de libertad de expresión.

–En su experiencia como defensora de los derechos humanos, ¿qué está en riesgo?

–De entrada, el precedente de que si le fincan ese porcentaje de multa utilizando una ley que no sea especializada, de nada sirvió haber conquistado la ley que sí está especializada en libertad de expresión, porque cualquier caso se puede llevar conforme al Código Civil y permite el lucro. Si bien no se está violando el estándar internacional, que maneja que en casos de responsabilidad, si hubiera un abuso no debe ser confiscatoria, en este caso se está afectando el patrimonio de Sergio Aguayo.

“Si esto se aplica, cualquier periodista puede perder su casa o lo que sea cuando revele un caso de interés público. A ese nivel es el mensaje para todos. Ya no sólo se trata de criminalizar la libertad de expresión, sino que de una manera más perversa se trata de someter al periodista y afectar su patrimonio.”

Parte del equipo de defensa de Aguayo, Gómez cuestiona el criterio del juez de fijar la multa de 10 millones de pesos, cantidad que estableció el propio Moreira.

“No porque yo pida una cantidad es la que se tiene que entregar. El juez tiene que razonar por qué está fijando esa cantidad. En cambio, aquí pidieron 10 millones de pesos y eso fijó como multa. ¿Dónde está una revisión sobre el nivel del daño, la situación económica mutua? Hay reglas que han existido históricamente, desde 1916, en el Código Civil, que es el que tiene esa cuantificación; desde ahí está mal. El caso de Aguayo es para absolución, no debe haber una condena porque no se acreditaba el abuso de libertad de expresión.

“Lo que hizo Sergio Aguayo fue un ejercicio responsable de la libertad de expresión en un caso de interés público sobre una figura pública. El hecho de que haya fijado el juez ese monto es arbitrario, no están cumpliendo ni siquiera la norma anacrónica. Y la nueva, de entrada, absolvería a Aguayo.”

Gómez señala el caso de Alfredo Rivera, quien publicó un libro de interés público y lo multaron con 738 mil pesos, mientras que ahora a Aguayo, que publicó un artículo de interés público, le aplican una sanción económica desproporcionada de 10 millones de pesos.

“No importa qué gobierno esté en curso. La Ciudad de México cambió de gobierno y de presidente de Tribunal de Justicia y aún así se condenó injustamente a Sergio Aguayo. A nivel federal están las tentaciones regresivas y la Corte tiene que demostrar si va a aplicar la ley justamente.”

Y advierte: “Hay que estar atentos con la Suprema Corte de Justicia, no nos vayamos a llevar el fiasco de que no le entre al caso, sino que lo regresa al Tribunal Colegiado y que se manejaría en otro nivel de reflexión; por eso hay que estar atentos de qué va a determinar la Primera Sala”.

PROTESTAS INTERNACIONALES.

El caso de Aguayo generó protestas de agrupaciones nacionales e internacionales y varios miles de personas que escribieron cartas denunciando la violación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La emisión de sentencias regresivas, desproporcionadas y violatorias de derechos humanos, como la dictada en contra de Sergio Aguayo, pone en evidencia un sistema de justicia que actúa como un mecanismo de control político en lugar de garantizar derechos fundamentales. Lo anterior agrava la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que las y los periodistas ejercen su trabajo en un país donde fueron asesinados 10 periodistas en 2019, convirtiendo a México en el país más peligroso del mundo para ejercer su profesión”, sentenció en una carta la agencia de investigación Fundar.

“Además de mi caso, lo que está de por medio es la situación de los periodistas, del peligro de estar ante la existencia de redes de corrupción y de complicidad al interior del Poder Judicial de la capital, y la necesidad de reformar leyes para evitar que se sigan presentando otros casos y crear mecanismos de protección”, dice Sergio Aguayo a Proceso.