Arnoldo
Cuellar.
A estas
alturas resulta muy claro que las cifras que se comparten a diario al nivel
municipal, estatal y federal sobre la extensión de los contagios de SARS-CoV-2
y la evolución de los enfermos de COVID-19 están siendo tratadas con criterios
políticos.
La polémica
sobre el manejo de los escenarios por parte del epidemiólogo Hugo López-Gatell
Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha crecido y sus
respuestas han aumentado la sombra de sospecha sobre la veracidad de la
información que difunde cotidianamente en Palacio Nacional.
El modelo de
vigilancia Centinela, que detecta un número limitado de casos y extrapola el
universo de enfermos con factores estadísticos, parecía funcional para
padecimientos conocidos a lo largo de muchos años, como la influenza H1N1, con
la que tenemos más de una década conviviendo; o el dengue convertido ya en un
brote estacional.
Sin embargo,
en ningún escenario, modelos previos podían haber previsto una pandemia con las
características de la actual, producida por un virus nuevo para la especie
humana, con altísima capacidad de contagio y con efectos sobre el organismo que
no terminan de conocerse.
En muchos
otros países, con modelos epidemiológicos quizá no mejores porque la ciencia
médica se encuentra altamente estandarizada en el mundo, pero si con mayores
recursos financieros, humanos y técnicos, la pandemia produjo estragos.
Pensar que
México posee una solución que superará a las de naciones con políticas más
consistentes y continuas resulta una ilusión nacionalista, quizá peor, un
engaño demagógico, que puede costarnos muy caro en vidas humanas y en daño
económico.
El sesgo que
parece estar aplicando el epidemiólogo de cabecera del Presidente López
Obrador, explicable en las anacrónicas “razones de estado” de los regímenes
autoritarios priistas, resulta altamente disfuncional en las circunstancias
actuales de sociedades abiertas y conocimiento científico al alcance cualquiera
que tenga la disciplina de informarse con mente abierta.
Lamentablemente,
no es lo único que podría estar alterando la fotografía de la pandemia en
tiempo real. Existen otros subregistros, lo que complica más el problema al que
nos enfrentamos.
A los
malabares estadísticos de la ciencia de la 4T, se suma una cauda de manejos
discrecionales de la burocracia de la salud pública en cada uno de los estados
del país. Guanajuato no es la excepción.
El modelo
Centinela, ya de por sí deficiente para atender los requerimientos de
información de un pandemia global, está cargando con pequeñas mentiras,
municipio por municipio en el país, agregadas por directores de centros de
salud que no registran casos por el simple expediente de no aplicar la prueba;
por titulares de laboratorios estatales que quieren “ayudar” a sus secretarios
de salud a salir bien librados; por secretarios de salud que buscan dar lustre
a sus gobernadores con cifras manejables.
Así, si
Centinela arroja datos que deben ser multiplicados por 9 o por 30 (ese es el
impreciso rango que ha manejado el Subsecretario López-Gatell), habría que
agregarle que el sistema de monitoreo oficial está recibiendo menos casos de
los debidos en un factor imposible de cuantificar.
Basta
platicar con alguno de los muchos médicos y enfermeras de genuina vocación en
Guanajuato, imagino que igual ocurre en otras entidades, para tener elementos
firmes que permiten deducir un subregistro brutal de la extensión de la
COVID-19, y no solo de casos asintomáticos, sino incluso de personas fallecidas
a las que, sencillamente, no se les practicaron exámenes previos o post mortem.
¿Dónde nos
deja este escenario?
Fundamentalmente,
tenemos que la toma de decisiones sobre el final del confinamiento y el regreso
a la actividad productiva estará basada en datos incorrectos, sesgados o abiertamente
falsos, lo que nos sitúa en la ruta de un descontrol de la pandemia y una
prolongación de la crisis sanitaria, social y económica.
Por si fuera
poco, tenemos encima la presión de las grandes factorías automotrices que
surten al mercado norteamericano, ansiosas porque las fábricas en México,
muchas de ellas en Guanajuato, reinicien operaciones.
Las
matemáticas sesgadas de la pandemia operarán para justificar esa exigencia,
probablemente atada a condicionamientos dictados por el nuevo acuerdo de libre
comercio de Norteamérica y también por el reclamo de las cúpulas empresariales
mexicanas.
Al final del
día, el escenario hace posible que se impongan razonamientos tan discutibles como
el del zar televisivo Ricardo Salinas Pliego, consejero del Presidente López
Obrador y uno de los mayores beneficiarios del gasto publicitario de gobiernos
como el de Guanajuato: “Que se mueran los que se tengan que morir pero que no
se detengan las ganancias”.
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