AMLO, la austeridad y la ley, burlados en la Conade.

Por Beatriz Pereyra.

 La partida presupuestal denominada Capítulo 3000, que en 2019 operó con 70 millones de pesos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ha sido utilizada para pagar “aviadores” y contratar amigos y familiares de un grupo de funcionarios que se repartieron las 306 plazas que deberían ser usadas exclusivamente para atender a los deportistas de élite del país.

Pasando por alto las medidas de austeridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó desde que asumió –y reforzó a causa de la crisis económica por la pandemia del coronavirus–, en la Conade literalmente regalan el dinero público del Capítulo 3000 a personas que cobran sin trabajar y sólo hacen acto de presencia en las oficinas.

De esas 306 personas, 72 fueron contratadas irregularmente a finales del pasado diciembre, con sueldos mensuales de entre 31 mil y 42 mil pesos, para gastar a como diera lugar un sobrante de 7 millones de pesos y evitar el subejercicio de recursos.

El subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez, validó con su firma que a esas personas se les pagaran entre cuatro y seis meses como si los hubieran trabajado en 2019. Y durante enero y febrero también recibieron 20% adicional a su salario.

Para lo anterior, un grupo de servidores públicos –que incluye al subdirector de administración, Omar Hernández Pliego; al de Servicios, Jesús Rebollar, y al jefe de Proveeduría, Érick Delgado Blas– simularon haber realizado una sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público (CAAS) para “cumplir” con la reglamentación.

En un caso flagrante, Rebollar tiene a su suegra como aviadora y a su esposa, Angélica Flores Salazar, en el área de Desarrollo Humano.

Mediante una “excepción” estos funcionarios evadieron la licitación pública para adjudicar de manera directa los contratos y firmar en diciembre con fecha de junio de 2019 oficios y memorandos para “regularizar” los actos indebidos.

Por instrucciones de Alejandro Arenas Contreras, entonces coordinador ejecutivo de la Subdirección de Calidad para el Deporte, quien renunció en febrero último, Reyna Monroy Audirac fue la responsable de hacer las contrataciones, recoger las firmas de los funcionarios e incluir en la lista a los amigos y familiares del subdirector general de la Conade, Sergio Monroy; del subdirector del Deporte, Adolfo Fierro; del subdirector de Cultura Física, Óscar Juánz Roussell; del director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras, y del propio Israel Benítez.

Otras áreas, como la Dirección General, que encabeza Ana Guevara, también incrustaron a sus recomendados, lo mismo que la Dirección de Operación Fiduciaria, que dirige Carlos Fernando Ramírez Barrera, y la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de Marisela Rafael. El propio titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Filiberto Otero, solicitó la contratación de su amiga Yamilé Jaso López.

Así, por ejemplo, Benítez tiene a su sobrino Ricardo Salazar Benítez (con un sueldo de 31 mil pesos mensuales) en la subdirección de Cultura Física, con Óscar Juánz, quien es cuñado de Benítez, como lo publicó Apro en julio de 2019.

Una amiga de Benítez, Karla Estefanía Meneses Balcázar, funge como su secretaria. Comenzó con un contrato de 31 mil pesos que en un par de meses se incrementó a 35 mil 200. Meneses sólo asiste los días que Benítez también va a su oficina, unas dos o tres veces por semana. A veces, el funcionario suele ausentarse la semana entera.

A su amigo Érik Javier Pineda Sánchez (con 29 mil 400 pesos), Benítez lo mandó traer desde Zihuatanejo. Le pagó seis meses de 2019 sin haberlos trabajado. Pineda es uno de los contratados en diciembre para dilapidar los 7 millones de pesos que sobraron de ese ejercicio fiscal.

Lo mismo ocurre en los casos de los hermanos Fidel y Alejandra Contreras Fonseca, quienes cobran 24 mil 670 y 34 mil 500 pesos mensuales, respectivamente, y de otras dos amigas de Benítez: Rosalía Andrea Cortés Pérez (con 22 mil pesos) y Roxana Elizabeth Velázquez López (42 mil 587 pesos). Sin trabajar, ellas también devengaron su salario durante octubre, noviembre y diciembre, pese a que llegaron a la Conade en enero de 2020.

Otros amigos de Benítez que son aviadores: Leonardo Olvera Martínez (con 21 mil pesos mensuales), Luis Pineda Rodríguez (20 mil), Sergio Gibram Martínez Fuentes (29 mil 400), Felipe de Jesús Santos Maciel (28 mil) y Rubén Ortiz Pulido (30 mil 500).

Otra recomendada de Benítez es Marisa Angelina Garibay Hernández, adscrita a la Subdirección de Cultura Física con un salario mensual de 30 mil 400 pesos, que cobró, sin trabajarlos, los pasados noviembre y diciembre.

Empleados fantasma.

El caso del director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras, raya en lo escandaloso. Tiene como aviador a Mario Eduardo Salinas Zepeda (con 15 mil 344 pesos). Él es hijo de su novia, Mónica Zepeda. Mario Eduardo cobró como si hubiera trabajado siete meses de 2019 y en enero y febrero recibió 20% más del monto total recibido.

La novia del hijo de Arturo Contreras (Arturo Contreras Escobar), Gisela Solís Chavira, también tiene un contrato de 20 mil pesos mensuales. Contreras trató con mucha insistencia de que ingresara como beneficiaria del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), pero no lo logró. Lo que sí pudo fue meter al Capítulo 3000 al hermano de ésta, Miguel Alberto Solís Chavira, con un contrato de 20 mil 689 pesos mensuales.

Las hermanas Paula (con 35 mil pesos al mes) y Ximena Lorenzo Ruiz (con 17 mil), amigas de Mario Eduardo Salinas Zepeda, también cobran en el capítulo 3000. Supuestamente Paula se presentó a trabajar desde abril de 2019. Asistía sólo cuatro horas al día. No obstante, durante julio, cuando el OIC estaba realizando una auditoría, detectó que en realidad Paula era Ximena y que se estaba haciendo pasar por su hermana.

Yamilé Jaso López es el brazo del contralor Filiberto Otero en la subdirección de Calidad para el Deporte. Ella instruyó a Paula para que respondiera correctamente el cuestionario y la entrevista que le hicieron los auditores y así ayudó a quitarle un problema a la Conade. Después de eso, Paula desapareció del capítulo 3000. Ximena fue dada de baja y a pesar de que desde noviembre dejó de presentarse, siguió cobrando hasta el último día de 2019.

La propia Jaso López (con 36 mil 500 mensuales) fue contratada irregularmente: cobró abril y mayo sin haberlos trabajado. Ella ingresó a la Conade en junio de 2019 por recomendación de Otero, pero estuvo bajo el mando de Alejandro Arenas y después de Arturo Contreras. Pese a que se ostenta como auditora, su currículum indica que estudió relaciones comerciales y que trabajó como secretaria en la Contraloría de la Ciudad de México.

Con 15 mil pesos mensuales, Eduardo Escobar Vilchis, sobrino político de Arturo Contreras por parte de su esposa, Esther Escobar, también figura entre los prestadores de servicios.

El Capítulo 3000 también ha servido para que los funcionarios de la Conade señalados por la SFP por haber desviado, triangulado y comprobado con documentos falsos y alterados 51.8 millones de pesos del Fodepar (Proceso 2259) ocultaran al grupo de personas que hicieron pasar como entrenadores y mediante los cuales sacaron el dinero de este fideicomiso.

No los corren, los reciclan.

La observación 5 de la auditoría que realizó el OIC indica que esas personas deberían ser dadas de baja del Fodepar inmediatamente. Además, están obligadas a reintegrar los distintos montos que les depositaron violando las Reglas de Operación, lo cual no ha ocurrido.

Lejos de eso, fueron cobijados, incluso, con salarios más altos en el Capítulo 3000. Uno de ellos, Alejandro Gutiérrez López, devenga 43 mil pesos. Es exempleado de la empresa Moveo Lab, una de las más favorecidas con contratos durante la gestión de Alfredo Castillo y es uno de los mejores amigos de Benítez.

Gutiérrez López recibió irregularmente del Fodepar depósitos en su cuenta bancaria personal por casi 15 millones de pesos. Aunque no es entrenador, recibía 35 mil pesos al mes por fungir como asistente personal de Benítez, aunque en realidad se entretiene con videojuegos o escuchando música, de acuerdo con testimonios recabados por este semanario.

No obstante, el supuesto asistente personal tiene tanta manga ancha para operar en la Conade que logró meter a dos amigos al Capítulo 3000: Agustín Dueñas Cerda (con 30 mil pesos al mes) y al hijo de éste, Carlos Alfredo Dueñas Yépez (con 30 mil pesos). A ambos les regalaron un mes de sueldo sin haberse presentado.

Tras pasar unas semanas en la Coordinación Ejecutiva de la Subdirección de Calidad para el Deporte con Alejandro Arenas, Dueñas Cerda fue cambiado a la Subdirección de Cultura Física. Mientras, Carlos Eduardo pasa el día divirtiéndose con Alejandro con los videojuegos y la música. No cumple ninguna función.

Al igual que Gutiérrez López, inmediatamente después de haber sido dados de baja del Fodepar en septiembre, entraron al Capítulo 3000 Alfredo Valdivia de Anda (27 mil pesos), Luis Enrique Muñoz Landa (35 mil 800), Gibrahán Hernández Vicente (35 mil 800), Verónica Salvador Mondragón (24 mil 670) y Ernesto López Olivera (36 mil).

Valdivia y Hernández ya fueron despedidos. Cada uno recibió depósitos en sus cuentas personales por casi 6 millones de pesos del Fodepar. A la de Luis Enrique Muñoz ingresaron indebidamente alrededor de 11.5 millones de pesos de este fideicomiso, razón por la cual su cuenta bancaria fue congelada.

En entrevista con Proceso, Reyna Monroy Audirac, prima lejana de Arturo Contreras y quien entró a trabajar a la Conade por él con un contrato de 15 mil pesos mensuales, denuncia que fue testigo de los hechos aquí narrados. Refiere que Contreras intentó que ella fuera aviadora pues le decía que no se presentara. Sin embargo, ella cubrió su horario y se buscaba qué hacer hasta que Arenas la incluyó en su equipo.

Cuando de la noche a la mañana Arenas le pidió hacerse cargo del Capítulo 3000, descubrió los actos de corrupción en los que fue involucrada, incluso su propia contratación. Alega que no tuvo más remedio que acatar las órdenes para que no la despidieran, lo que finalmente ocurrió en marzo último, cuando los servidores públicos involucrados la vieron como “una persona peligrosa”.

Monroy cuenta que Faustino Jesús Díaz, Arturo Contreras y Alejandro Gutiérrez les piden 10 mil pesos de su sueldo a las personas que respectivamente metieron al Capítulo 3000. Lo sabe porque además de que algunos de ellos lo contaron (como Luis Enrique Muñoz), otros se lo dijeron a Arenas, con quien se quejaron de lo que consideraban un abuso. Es el caso también de Gibrahán Hernández y Agustín Dueñas, por citar sólo algunos.

Monroy dice que Arenas, su exjefe, es vecino de la novia de Contreras, Mónica Zepeda, quien usa uno los vehículos oficiales de la Conade. Una vez que a la señora se le descompuso el coche que tiene asignado, Contreras le pidió el suyo a Arenas (también es propiedad de la Conade) para no dejarla a pie.

Las “edecanes”

Toda la información del presente reportaje se sustenta en tres bases de datos donde aparecen los nombres de los proveedores de servicios, el objeto de su contrato y el salario que devengan, así como de las Solicitudes de Registro Presupuestal y Pago, de las que Proceso tiene copias.

En la mayoría de los casos de personas contratadas de forma irregular, su objeto de contrato no corresponde a las actividades que realizan.

Tres casos graves son los de Diana Laura Rojas Jaime (con 33 mil pesos al mes), Osmara Cecilia Osorio Villa (33 mil) y Viridiana Montserrat Ugalde Jasso, quienes dependen del director de Operación Fiduciaria, Carlos Fernando Ramírez Barrera, porque supuestamente realizan labores de revisión de los documentos con los cuales se comprueban los recursos.

Son conocidas en la Conade como “las edecanes” o “las modelos”. Faltan mucho, y cuando van no realizan ninguna actividad. Ugalde es personal de estructura y devenga un salario mensual de 21 mil pesos, según su clave presupuestaria OA1. Su declaración patrimonial indica que antes fue conductora en Megacable y es amiga y paisana de Benítez.

Otra aviadora es Milka Rodríguez Ballester (con 24 mil 800 pesos mensuales), recomendada de Arturo Contreras. Lo mismo que Guadalupe Armida Guerrero Galdeano (con 22 mil pesos), amiga de María de la Luz Chávez, quien finge ser entrenadora de la nadadora Liliana Ibáñez para cobrar una beca en el Fodepar.

Chávez, amiga muy cercana de Ana Guevara, también incrustó a varios recomendados en el Capítulo 3000, como a su amigo Guillermo Vázquez Pérez (con 21 mil pesos) y al hijo de éste, Aarón Olaf Vázquez (con 18 mil pesos).

Óscar Ricardo Sáliva Castillo (comenzó con 30 mil 400 pesos y ahora cobra 36 mil 500 al mes) es amigo de Sergio Monroy. Es el coordinador ejecutivo de la subdirección de Administración que encabeza Omar Hernández Pliego, otro amigo de Monroy.

A Evelyn González Morales (30 mil 500) le regalaron cuatro meses de sueldo y funge como la secretaria de Faustino Jesús Díaz, otro integrante del grupo de veracruzanos amigos de Benítez.

Como parte de la auditoría que López Obrador ordenó que se realizara en la Conade, el OIC también reviso el Capítulo 3000. Lo extraño es que todas estas irregularidades mencionadas no están en los resultados ni se hizo ninguna observación como sí ocurrió con los recursos del Fodepar.

A pesar de que mediante un decreto el presidente ordenó que se detengan las contrataciones de los Capítulos 1000, 2000 y 3000, desde la dirección general de la Conade se está solicitando a los prestadores de servicios que desean mantener en esta partida que presenten tres cotizaciones para “concursar” por un contrato: la propia y dos simuladas (se las puede dar cualquier persona siempre y cuando presente su identificación) con un monto más alto para fingir que de las propuestas escogerán la que cobra menos, es decir, al amigo o familiar de los servidores públicos.