Por Jesús
Esquivel.
El
gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de
Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), revela la exembajadora estadunidense
Roberta Jacobson.
Sin empacho,
Jacobson dice en entrevista con Proceso que el gobierno de Estados Unidos
recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el Cártel de
Sinaloa.
Tras
aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de García Luna con
narcotraficantes, como Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Jacobson niega cualquier
omisión de Estados Unidos para actuar contra el asesor, amigo, confidente y
miembro del gabinete de Calderón.
“Culpar a
Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no
tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario,
probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad”, subraya la exembajadora.
Y para no
dejar duda de la duplicidad (o doble cara) que la atañe al gobierno de
Calderón, subraya: “la información que obteníamos –en el Departamento de
Estado– era por conducto de funcionarios estadunidenses, pero venía de parte de
mexicanos, ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la
corrupción de García Luna”.
En la
minuciosa entrevista con Proceso, Jacobson desahoga aspectos de lo que supo
sobre García Luna, incluso desde el sexenio de Vicente Fox, tomando en cuenta
que de diciembre de 2002 a junio de 2007 ella fue titular del llamado “Mexican
Desk” en el Departamento de Estado.
No obstante,
las revelaciones de Jacobson se enfocan en los seis años de García Luna en la
SSP. A partir de julio de 2007 ella se hizo cargo de la Iniciativa Mérida y de
otros temas de la relación con México y Canadá.
“El
gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó
acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados
Unidos por no tomar medidas”, arremete.
Pocos
funcionarios o exfuncionarios del Departamento de Estado conocen al detalle,
como Jacobson, la relación con México, en especial la que hubo con Calderón, lo
que le da autoridad a su voz.
De diciembre
de 2010 a julio de 2011 Jacobson fue la número dos en la Subsecretaría de
Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental (concentrada en la
aplicación de la Iniciativa Mérida), y el 30 de julio de 2012 fue nombrada
subsecretaria de Estado adjunta.
Juicio en EU.
Acusado
de narcotráfico, entre otros delitos, García Luna fue detenido el pasado 9 de
diciembre por las autoridades estadunidenses en Texas e inmediatamente
trasladado a Nueva York para ser procesado y enjuiciado ante la Corte Federal
del Distrito Este, en Brooklyn.
La causa
judicial 1:19-cr-00576-BMC, a cargo del juez Brian Cogan, establece que el
Departamento de Justicia recopilaba información sobre las actividades de García
Luna desde que éste fungía como funcionario federal.
El
compendio de información y evidencias que posee el Departamento de Justicia
sobre García Luna incluye testimonios de narcotraficantes como Jesús “El Rey”
Zambada García, y de Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hermano e hijo, respectivamente,
de Ismael “El Mayo” Zambada, actual cabecilla del Cártel de Sinaloa.
Documentos
y grabaciones de conversaciones telefónicas son otros elementos en poder del
gobierno de Estados Unidos para acusar a García Luna de narcotráfico y nexos
con el Cártel de Sinaloa.
Retirada de
la diplomacia, Jacobson habla con franqueza de García Luna, primer
exintegrante de un gabinete presidencial mexicano acusado, detenido y bajo
proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico.
Hablando en
pasado, Jacobson establece que cuando ella estaba en el Departamento de
Estado a cargo de la Iniciativa Mérida, en la dependencia oyeron rumores y
recolectaron información sobre corrupción de “casi cada alto funcionario” del
gobierno de Calderón.
“Teníamos
información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados, pero
que provenían de fuentes de las que esperabas oposición al secretario de
Seguridad Pública”,
explica la exembajadora.
–¿De
quienes, por ejemplo? –se le cuestiona.
–Regularmente
rumores e información de una agencia sobre otra agencia, podíamos obtener
información que provenía de la Policía Federal sobre oficiales del Ejército y
viceversa, nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial; que
no fuera tendenciosa.
Las
menciones de la conexión entre García Luna y el Cártel de Sinaloa que obvió
Calderón, dificultaban la labor de funcionarios del Departamento de Estado
para, como en el caso de Jacobson, sortear los asuntos en los que se podía
avanzar en el combate al crimen organizado.
La
exfuncionaria resalta que cuando se trabaja en un ambiente de corrupción
como el que privaba en el sexenio de Calderón, en Washington tomaban medidas
para separar la información falsa de la verdadera.
“Pero
tampoco tienes alternativa más que trabajar con los funcionarios del gobierno e
integrantes del gabinete presidencial; tratas de trabajar con cuidado y de
alcanzar tus objetivos, algo que pudimos lograr en algunas ocasiones con García
Luna”, admite la
exembajadora.
Añade: “Hubo
muchos asuntos en los que trabajamos con él, siempre con cuidado, pero teníamos
que apoyarnos en él; era el secretario de Seguridad Pública de Felipe
Calderón”.
La
información que recogían en México agencias de Estados Unidos como la CIA, el
FBI, la DEA, el Pentágono, el Departamento de Seguridad Interior y otras,
engrosan el expediente criminal de García Luna.
Esa
información y rumores que de fuentes mexicanas recibieron los agentes
estadunidenses se reportaron primero a la embajada de Estados Unidos en México,
y de ahí salieron informes clasificados y confidenciales a varias dependencias
federales en Washington.
Lo que se
decía de García Luna, aunque no se corroboró en el momento por ser miembro del
gabinete de Calderón, Jacobson acepta que dificultó en cierto sentido la
aplicación de la Iniciativa Mérida; la herramienta bilateral de combate al
narcotráfico y crimen organizado.
“Siempre
tienes cuidado con un país donde persiste la corrupción, porque les entregas
grandes cantidades de recursos y debes garantizar que esto se utilice para los
objetivos diseñados en la Iniciativa Mérida”, comenta la exencargada del Mexican Desk.
Con
García Luna al frente de la SSP, el Departamento de Estado estaba obligado a
cerciorarse de que el equipo militar que le entregó a Calderón para combatir a
los narcotraficantes no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego
de drogas del Cártel de Sinaloa.
“Nunca
dimos dinero en efectivo; entregamos equipo, dimos entrenamiento y monitoreamos
los cursos que se impartían y a dónde iba a parar el equipo militar; se hacían
anualmente una especie de auditorías al respecto”, expone la exfuncionaria del
Departamento de Estado.
Respecto
a la elaboración del encausamiento de García Luna que expone a la DEA
siguiéndole los pasos por sus nexos con El Chapo Guzmán, Jacobson dice no saber
nada.
“No tenía
forma de saber qué era lo que hacía el Departamento de Justicia; en la mayoría
de los casos te enteras de una investigación hasta que se da a conocer el
encausamiento. No es particularmente sorpresivo que por razones de separación
de actividades judiciales en la mayoría de los casos los funcionarios del
Departamento de Estado no necesariamente sean informados sobre las primeras
etapas de una investigación”, sostiene.
El
encausamiento contra García Luna fue dado a conocer el 10 de diciembre de 2019,
horas después de su arresto; es decir siete años y nueve días después de haber
concluido el sexenio de Calderón.
“Puede
ser que siendo funcionario haya estado bajo investigación, pero eran las
primeras etapas de la pesquisa y no necesariamente teníamos que haber sido
notificados. Todos en el gobierno de Estados Unidos estábamos preocupados por
la corrupción en México, incluyendo los rumores sobre García Luna; pero como he
dicho, se toman pasos para verificar que esto no afecte lo que haces en materia
de cooperación”, machaca
la ahora diplomática jubilada.
–¿La
información y rumores que obtuvieron sobre García Luna fueron compartidos o
discutidos en su momento con el gobierno mexicano?
–De eso
puedo hablar en términos generales, no en específico, pero con certeza puedo
decir que en conversaciones sobre estrategias de combate a los narcóticos,
esfuerzos bilaterales de seguridad y conversaciones sobre la Iniciativa Mérida,
sí hablamos de la corrupción. Por mi parte, con miembros del gobierno de
México, porque él era secretario del gabinete presidencial, pero no puedo decir
a quién ni exactamente lo que se dijo.
Gutiérrez
Rebollo.
Jacobson
no es la primera exintegrante o integrante del gobierno de Estados Unidos que
relata a Proceso que no era opcional trabajar con García Luna cuando era
secretario de Seguridad Pública, pero sí la única en denunciar la negligencia
de Calderón.
–¿Tardó
Estados Unidos en actuar contra García Luna?
Jacobson
ríe un poco antes de contestar: “Eventualmente, pero es el caso con muchos
encausamientos que se dan a conocer tiempo después de cuando ocurren los
eventos”.
García
Luna no es singularidad en la regla de la “duplicidad” que denuncia Jacobson en
cuanto exfuncionarios mexicanos ligados al narcotráfico con quienes, antes de
ser descubiertos, han tenido que colaborar diferentes departamentos del
gobierno estadunidense.
Uno de
los casos más connotados antes del arresto de García Luna fue el del general
Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien en diciembre de 1996 el entonces presidente
Ernesto Zedillo nombró cabeza de la lucha contra el narcotráfico.
Días
después de haber participado en reuniones de alto nivel en la Casa Blanca y de
que el entonces zar antidrogas de Estados Unidos, el también general Barry
McCaffrey, aplaudiera la designación de Gutiérrez Rebollo, el militar mexicano
cayó en desgracia.
El 18 de
febrero de 1997 la Secretaría de la Defensa anunció el arresto de Gutiérrez
Rebollo, acusado de brindar protección al Cártel de Juárez a cambio de sobornos
millonarios.
–¿Se
puede comparar el caso de Gutiérrez Rebollo con el de García Luna o señalar
cuál fue peor de los dos? –se le pregunta a Jacobson.
–¡Uff!, es
difícil compararlos; ambos son decepciones, pero realmente no los puedo
comparar. García Luna estaba profundamente involucrado en las actividades del
día a día y eso es muy preocupante.
–¿Qué
dependencias del gobierno de Estados Unidos estaban más inquietas por lo que
sabían de García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública?
–Las
agencias de la aplicación de la ley más que las que están en la primera línea
de batalla contra el narcotráfico y por lógica, las que estuvieran más preocupadas
que otras dependencias que no recolectan tanta información.
En el
expediente criminal el gobierno de Estados Unidos acusa a García Luna de
haber recibido millones de dólares por dar información y protección al Cártel
de Sinaloa, cuando era la mano derecha de Calderón en el combate al
narcotráfico.
Otro de
los delitos que le imputa el Departamento de Justicia es el de haber mentido
bajo juramento a un agente federal, al ocultar su relación con el narcotráfico,
cuando solicitó la ciudadanía estadunidense por naturalización siendo residente
permanente y legal en Estados Unidos.
Durante
el juicio contra El Chapo Guzmán en la Corte de Brooklyn –que se inició en
noviembre de 2018 y concluyó con la sentencia del capo en julio de 2019– varios
narcotraficantes mexicanos testificaron ante Cogan que García Luna también
recibió dinero de otros cárteles.
En ese
juicio se mencionó que el cártel de los Beltrán Leyva pagó también millones
de dólares a García Luna a cambio de información sobre el accionar del Cártel
de Sinaloa y por protección para sus operaciones.
“En el
juicio (del Chapo), Rey Zambada testificó que por lo menos en dos ocasiones él
personalmente se reunió con el acusado (García Luna) en un restaurante y le
entregó portafolios que contenían entre 3 y 5 millones de dólares a cambio de
sus garantías de que asistiría al Cártel de Sinaloa”, se desprende de uno de
los párrafos del encausamiento judicial.
García
Luna, como fue notificado ante Cogan por los fiscales a cargo del caso, negocia
con el Departamento de Justicia poder convertirse en testigo cooperante para
evitar el juicio y recibir una sentencia benévola, como compensación a su
cooperación para incriminar a otros.
De no
llegar a un arreglo con los fiscales del Departamento de Justicia y si opta por
el juicio y es declarado culpable, García Luna podría ser condenado a cadena
perpetua –castigo máximo– o a 10 años en prisión.
De
convertirse en testigo cooperante, García Luna se pone al servicio del
Departamento de Justicia para proporcionar información sobre lo que sabe de las
operaciones del narcotráfico en México y para incriminar a otros criminales
testificando en sus juicios en Estados Unidos.
Concluida
su labor como soplón, cumpliría una sentencia de menos de 10 años.
Al
término de su sentencia como testigo cooperante, García Luna estaría sujeto a
su deportación, aunque el Departamento de Justicia debe entregárselo al
gobierno mexicano que solicita su extradición por acusaciones de trasiego de
drogas y lavado de dinero.
El 20 de
junio de 2016 Jacobson presentó al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto
sus credenciales como embajadora. El 1 de marzo de 2018 renunció al puesto
–renuncia que se hizo efectiva el siguiente 5 de mayo– por su inconformidad con
las políticas que instrumentó Donald Trump para México.
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