Por Pablo
Gómez.
Más de medio mundo sufre un parón sanitario de
la producción, el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está
reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del Producto Interno
Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo
el punto de vista del valor monetario de los bienes y servicios finales
producidos durante el tiempo que ha durado el actual parón, pero difícilmente
éste se prolongará tres años.
El PIB
fue formulado como gran indicador luego precisamente de la crisis 1929-32 por
Simon Kuznets (USA), quien años después afirmaba que esa medición del
crecimiento económico no era suficiente para apreciar el bienestar de una
sociedad. El PIB per cápita, que es el cociente de la división entre éste y el
número de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra distribuido
el ingreso monetario y mucho menos el acceso social efectivo a los elementos
básicos del bienestar.
Para
conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta las diferencias
entre cantidad y calidad del crecimiento, así como su dirección en términos
sociales. En otras palabras, el objetivo hoy dominante en el mundo de tener
siempre más crecimiento debería a cada paso señalar de qué y para qué.
Algunos
periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me increparon hace unos días, entre
muchos otros temas, sobre el desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB
como estandarte del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro
seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el mundo, o casi, pero
otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de la justicia social y el PIB per
cápita sea la medida del bienestar de la gente.
Además, el
PIB no es el ojo de Dios. No mide la “economía sumergida” no legal, como
tampoco se refiere al trabajo en el hogar que no está monetizado. En países
como México esas no son porciones despreciables.
Los datos
de concentración del ingreso y acumulación de riqueza privada se consideran
derivados del gran cálculo del PIB, sin embargo, para ambas mediciones se requieren métodos
propios pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que
han incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha dado a la par
de agravamiento de la estratificación social, incluso de mayor pobreza por
ingreso.
La
esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos de cantidad y calidad
no son elementos del PIB y, lo peor, no necesariamente existe una correlación
lineal entre éste y aquéllas.
Han
surgido otras formas de estudiar la realidad social y habrá otras. En este tema
tiene lugar una animada discusión. Ya existen varios índices alternativos. Las
encuestas de ingreso-gasto de las familias se siguen haciendo. Los debates
sobre cómo medir la pobreza y evaluar la política social son interesantes y
útiles. En todo esto,
el PIB ayuda poco.
Un
concepto de desarrollo ligado al bienestar de la gente se abre paso por todas
partes luego de que el criterio sustentado en el ritmo de crecimiento, el cual
se expresa fríamente en el PIB, es cada vez de menor interés político, aunque
sigue dominando como método de comparación entre años sucesivos de cada país y
con los demás países.
Por lo
pronto, se sabe de sobra que el PIB mexicano va a disminuir este año, como
el de casi todo el mundo. ¿Para qué toda esa discusión? ¿De qué serviría saber
en este momento, si se pudiera, la disminución exactísima del PIB en 2020? El
FMI y la OCDE, así como toda clase de organismos, bancos y calificadoras, hacen
pronósticos de crecimiento económico por país y del mundo entero, pero cada
cual realiza sus cálculos con sus propias herramientas y sus particulares
supuestos. Siempre son muy disímiles. Además, los pronósticos van
cambiando durante el año y ven más lejos, pues pronostican el año siguiente.
Luego, se advierten los desaciertos, los cuales jamás son reconocidos ni
explicados por sus autores. Entre pronosticadores del PIB existe una extraña
competencia, la cual es alimento de los mercados globalizados; si no fuera por
esto sería un simple juego, pero suele ser inicua. Si el crimen es todo lo
socialmente dañoso, sea o no ilegal, los mercados financieros globalizados son
entidades del crimen organizado: ya lo han demostrado ad náuseam.
Lo que se
debe discutir es la manera en que se está encarando esta peculiar crisis
económica, así como las demás opciones. Si un gobierno con muy baja recaudación
respecto de su PIB descompletara el volumen total de su gasto presupuestado y,
por tanto, se sobre endeudara para cubrir el déficit adicional, entonces mañana
habría que incrementar el servicio de su débito, ya de por sí desproporcionado
respecto de su recaudación, y bajar su caudal de recursos propios para el gasto
social y la inversión pública. Si brindara toda clase de coberturas crediticias
a particulares –deuda pública contingente–, tendría mañana que cubrir también
toda clase de impagos y quebrantos, algunos de los cuales quizá fueran
consecuencia de factores anteriores a la crisis.
La
política económica del actual gobierno debe seguir poniendo énfasis en cuatro
puntos:
1. Gasto
en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 3. Créditos directos a
pequeños productores y comerciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión
pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfermedad pandémica y, al mismo
tiempo, ayudar a defender la demanda social y popular de bienes y servicios,
así como la inversión.
La
recuperación del empleo que se está perdiendo tendrá que apoyarse en el
planteamiento gubernamental pero, evidentemente, éste no sería suficiente. Los
agentes económicos –empresarios de todo tipo– deben hacer su parte porque, para
ellos, proteger el empleo es defender sus propias ventas. Dicho en términos de
la economía política: no hay ganancia capitalista sin explotación de la fuerza
de trabajo. Esto, si acaso los patrones piensan como clase social y no sólo
como facción.
La deuda
del sector público va a seguir subiendo debido al recorte del superávit
primario y al déficit presupuestal, pero no es aconsejable una pronunciada
curva ascendente de endeudamiento en términos reales, aún a pesar de la caída
del precio del crudo y de que es de esperarse una baja en la recaudación en los
próximos meses del año. Además, la Constitución no permite contratar
empréstitos para financiar gasto corriente, aunque eso se haya hecho durante
todos los sexenios anteriores.
Por tanto, es
preciso hacer una reorientación del gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La
ley actual se lo permite al Ejecutivo sin restricciones, pero lo mejor sería
aprobar la propuesta de Morena de reformarla para hacer pasar los ajustes
presupuestales por la Cámara de Diputados.
Las
oposiciones neoliberales buscan subsidios y subvenciones fiscales, así como
garantías sobre créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una política
de endeudamiento. No sería conveniente aceptar ese esquema porque, como ya se
ha visto en otras crisis, traería malas consecuencias, además de que contiene
medidas intrínsecamente injustas.
Cuando se
mitigue la pandemia, todo mundo podrá darse cuenta, por comparación con otros
tiempos y con otros países, de la verdad que encierra poner por delante el
bienestar social.
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