La terquedad del presidente.

Enrique Quintana.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, lo repitió en varias ocasiones: lo que buscamos no es un rescate de empresas.

Esto ocurrió al presentar las 68 recomendaciones que derivaron de los tres días de consultas que el CCE organizó hace un par de semanas, buscando estrategias para reactivar la economía mexicana.

El día de ayer, en la conferencia mañanera, obtuvo una respuesta del presidente López Obrador:

“Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no habrá rescate para potentados, si hay una quiebra para una empresa pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad”.

Agregó después:

“Si se trata de rescate hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan, no pensar en lo que sucedió con el Fobaproa de bancos quebrados y banqueros ricos. No socializar las pérdidas y privatizar las ganancias”.

Es decir, no entendió nada.

Lo que propuso el CCE y lo que decenas de gobiernos en todo el mundo están emprendiendo son programas para que el Estado use sus capacidades para impedir que la economía se venga abajo.

Esto implica, entre otras cosas, usar la deuda pública. El gobierno es el agente económico que puede obtener recursos a menor costo. Si esos recursos se inyectan inteligentemente a la economía, el resultado es que la actividad crece y se generan las fuentes para pagar esa deuda.

El problema es que el presidente López Obrador tiene una fijación mental: el Fobaproa.

Ya le hemos comentado en este espacio que el combate que emprendió en contra del rescate bancario a finales de los 90, cuando fue presidente del PRD, lo marcó para siempre. No sólo lo colocó como una figura política que eventualmente podría aspirar a la candidatura presidencial, sino que definió un rechazo persistente y sistemático al uso de recursos públicos para emprender cualquier tipo de rescate.

El hecho de que quien toma las decisiones no tenga una visión más abierta, hace prácticamente imposible que se pueda amortiguar el impacto negativo que el confinamiento tiene sobre la economía.

Pero, además, también puede dar lugar a presiones para acelerar la apertura, el fin del confinamiento, incluso si desde el punto de vista de la salud pública no son aún los mejores momentos para realizarlo.

Tal vez se pensó que algunas personas sensatas del entorno presidencial iban a tener la capacidad de convencerlo de que hoy no estamos hablando de “un Fobaproa”.

La realidad es que pareciera que no hay nadie capaz de hacerle ver las cosas de otra manera.

Y sin la participación del gobierno federal, lo que pueden hacer los gobiernos estatales y municipales o las propias empresas y bancos, es bastante poco. Es mejor que nada, pero lejos de lo necesario.

En este contexto, es muy probable que los peores escenarios económicos que se anticipan sean los que se hagan efectivos en este año.

Pero ahora también corremos el riesgo de que la impaciencia por reabrir vaya a conducir a un desconfinamiento apresurado que en cuestión de semanas o pocos meses vuelva a producir un nuevo crecimiento de la enfermedad y obligue a un segundo confinamiento muy pronto, con el golpe que esto podría significar para la economía.

Ojalá que no vayamos a tener que cargar con más costos y con más dolor por la terquedad presidencial.