Julio Astillero.
Es una buena
noticia que se haya acordado la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) para dar continuidad a los trabajos
institucionales de investigación que a lo largo de 2015 y hasta abril de 2016
realizaron respecto a la desaparición de estudiantes de la normal rural de
Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Según el
Acuerdo Internacional firmado por el gobierno de México, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), y representantes de los jóvenes desaparecidos, el
GIEI será reinstalado con las personas que lo integraron en su primera etapa,
conforme a la solicitud de los familiares. En estos términos, Ángela Buitrago
(Colombia), Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile) y Claudia Paz
(Guatemala) asumirán nuevamente estas funciones (ya no se incluyó a un quinto
integrante original, Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano). Dicho grupo
tendrá una vigencia de nueve meses y rendirá un primer informe de avances a los
tres meses de que haya iniciado sus trabajos (https://bit.ly/3beDkEE).
El GIEI,
merced a un acuerdo del gobierno de Enrique Peña Nieto con la CIDH-OEA, tuvo un
primer periodo de trabajo de nueve meses (que inició en enero de 2015) y una
extensión de seis (que terminó en abril de 2016). Su papel fue fundamental para
desmontar la mentira histórica que el peñismo pretendió imponer por la vía del
criminalmente tramposo Jesús Murillo Karam.
Las
condiciones políticas son evidentemente distintas en esta ocasión para el GIEI.
Su tarea fue crecientemente obstruida por el gobierno peñista conforme se fue
dando cuenta de que el grupo interdisciplinario no serviría para validar la
versión oficial del caso Ayotzinapa, sino todo lo contrario. En los meses
finales de su encargo, el GIEI sufrió una campaña de desacreditación en medios
de comunicación que sólo podría ser impulsada desde los ámbitos del máximo
poder público en el país.
Ahora, con
un gobierno federal que se ha comprometido a llegar a la verdad y procurar
justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ha de suponerse que
las investigaciones del GIEI avanzarán sobre rieles propicios. Sin embargo,
habrá de verse si el positivo posicionamiento declarativo del obradorismo en este
caso es suficiente para abrir puertas y echar luz sobre la zona oscura a la que
el peñismo no permitió asomarse al mencionado grupo de expertos: el papel del
Ejército en aquellas horas atroces, específicamente del 27 batallón de
infantería y su jefatura, radicados en Iguala y, más genéricamente, del alto
mando en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las
secretarías de Gobernación, entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y de
Relaciones Exteriores, a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, a quien días
después sucedería Claudia Ruiz Massieu, hicieron saber el 3 de agosto de 2015
al GIEI que no era de aceptarse la insistente solicitud de entrevistar a 26
militares que habían estado de servicio durante la noche de Iguala: La
disposición de las autoridades del Estado mexicano fue que dicha solicitud sea
atendida en el marco del proceso penal. Ante ello, el GIEI nuevamente explicó
al Estado que no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías,
inculpados, testigos y otros agentes del Estado y, sin embargo, en este caso es
remitido a la vía penal. Cuando el GIEI aceptó interrogar a los militares en el
marco del proceso penal se pusieron nuevas trabas y nunca se pudo realizar tal
sesión.
¿Podrán en
esta ocasión los miembros del GIEI interrogar a esos y otros militares,
incluyendo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de la
Defensa Nacional durante todo el sexenio peñista, e incluso a mandos castrenses
actuales, cuando el Ejército es un sostén y operador principal del gobierno en
turno? Esa será una de las pruebas de fuego de la nueva etapa de los expertos
interdisciplinarios en México.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.