Martí Batres.
Al criticar
a las Cortes franquistas como cámaras “seudorrepresentativas” en donde la
aclamación o la unanimidad eran la regla imperante en su funcionamiento, Jorge
De Esteban, catedrático y director del Departamento de Derecho Constitucional
de la Universidad Complutense en 1995, afirmaba: “Allí donde todos piensan lo
mismo, el hecho es que nadie piensa realmente. Porque la única verdad política
es la pluralidad de las verdades políticas”.
Y en efecto,
en un verdadero Parlamento hay lucha, disputa, disidencia, en una palabra,
debate de las ideas.
Por eso, al
presentarse en días pasados una iniciativa de reformas a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por parte del Presidente de México,
podría verse como algo natural el debate que suscitó.
Sin embargo,
cuando no hay ideas consistentes, la discrepancia expresa solo la simple
necesidad política de oponerse, aunque sea contradictoria con las propias
conductas y posturas discursivas.
En el caso
que nos atañe, los grupos parlamentarios de oposición han rechazado la
pretensión presidencial de modificar la Ley de Presupuesto para que el gobierno
pueda reorientar el gasto, sin intervención del Congreso, en caso de que haya
emergencia económica y la convocatoria a sesiones extraordinarias para abordar
el tema.
Argumenta la
oposición que es inadmisible darle al Presidente facultades modificatorias del
Presupuesto, que corresponden al Congreso, y el capricho de un período
extraordinario.
Sin embargo,
las posturas históricas del PRI y el PAN en dicho tema indican otra cosa.
La Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya contempla hipótesis por
las cuales el gobierno de la República puede reorientar o ajustar el gasto sin
intervención del Congreso. Y esas hipótesis fueron aprobadas por el PRI y el
PAN.
Es más,
algunas de esas hipótesis fueron aprobadas en periodo extraordinario a
solicitud del Presidente.
El artículo
21 de la Ley Federal de Presupuesto establece la posibilidad de “reasignar el gasto...a
programas de estímulo que determine el Ejecutivo Federal”, el cual no deberá
someter tales reasignaciones a la aprobación del Congreso, sino solamente
“reportar en el informe trimestral correspondiente las reasignaciones de gasto
realizadas”. Tales reasignaciones podrán ocurrir por la “disminución de los
ingresos del Gobierno Federal, asociada a menores ingresos petroleros, así como
a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos
que no tengan fin específico, por debajo de los estimados para la Ley de
Ingresos”.
El propio
artículo 21 señala que “la disminución de los ingresos...se compensará...con la
reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias,
entidades, fondos y programas...”
A su vez, el
artículo 21 bis otorga facultades al Ejecutivo para operar cambios en los
fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios con el objeto de “aminorar el
efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran
disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal, con respecto a los
estimados en la Ley de Ingresos”.
Las
facultades del Ejecutivo Federal para modificar el Presupuesto sin intervención
del Congreso se fortalecieron a través de reformas realizadas en los pasados
sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En octubre
de 2008 se presentó iniciativa del Presidente para reformar la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que se aprobó con el voto a
favor del PRI y el PAN.
En julio de
2014 se presentó iniciativa del Presidente para reformar la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que se aprobó con el voto a
favor del PRI y el PAN, por cierto, en un periodo extraordinario de sesiones.
Ahora el
Presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado una iniciativa de reformas a
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incorporar un
artículo 21 Ter con objeto de establecer una nueva hipótesis, la de la
“emergencia económica”, en cuyo caso la Secretaría de Hacienda podría
“reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a
mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la
Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país,
atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.
El PRI y el
PAN han declarado que no darán a la iniciativa del presidente López Obrador el
apoyo que sí dieron a las de Calderón y Peña Nieto. Cabe entonces una pregunta,
¿Discrepan por qué defienden una idea de país o solamente por intereses
políticos de coyuntura?
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