Por Nayeli Roldán.
La administración
pública federal que inició este 1 de diciembre estrenó la figura legal de
Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, un puesto que se
creó para que Andrés Manuel López Obrador controle a los 32 super-delegados que
llevarán los programas sociales y de seguridad ciudadana en las entidades y que
serán enlace entre los gobernadores y el presidente, lo que no ha existido en
ninguna otra administración.
El encargado de esa
Coordinación General y que reportará directamente al Presidente es Gabriel
García Hernández, quien ha trabajado con López Obrador en los últimos 18 años
como encargado de las áreas financieras y de operación política en los
proyectos que el nuevo presidente ha impulsado; y sobre las que ha habido
denuncias por presunto mal manejo de recursos.
García Hernández fue
director de adquisiciones en la Oficialía Mayor en el gobierno en la Ciudad de
México de López Obrador, entre 2000 y 2005. Al concluir el cargo, como
apoderado legal, constituyó Honestidad Valiente, una asociación civil que
sirvió en 2006 para recibir donativos de apoyo a la campaña presidencial de
López Obrador con la alianza Movimiento Progresista. También constituyó No nos
vamos a dejar, A. C. y Austeridad Republicana A. C.
Entre 2012 y 2015 fue
asesor de Víctor Hugo Romo y David Razú en la delegación Miguel Hidalgo.
En la elección de 2012,
el PRI denunció ante el Instituto Federal Electoral (IFE) a la coalición
Movimiento Progresista, que tenía a López Obrador como candidato, por
presuntamente tener “un financiamiento paralelo” no reportado a través de
Honestidad Valiente A. C., —que dirigía García Hernández— y que se calculó en
mil 200 millones de pesos.
En la denuncia, el PRI
aseguró que a través de dicha organización se financió al periódico
Regeneración y a las organizaciones “Movimiento Nacional en Defensa del
Petróleo”, “Movimiento en Defensa de la Economía Popular” y “Sin Maíz no hay
país”, las cuales “promovieron la imagen y posicionamiento de López Obrador”,
sin que se reportaran como gastos de campaña.
Sin embargo, el IFE
declaró infundada la solicitud de sanción porque consideró que las
organizaciones sociales no generaron algún beneficio al candidato.
“No se demostró algún
tipo de financiamiento por parte de las asociaciones civiles, de modo que
tampoco estaba obligada la Unidad de Fiscalización a analizar si se había
rebasado el límite al financiamiento privado, de ahí lo inoperante del
agravio”, dictó la
resolución ratificada luego por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Años después de esa acusación, tras la constitución del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como partido político, Gabriel
García Hernández fue enlace en Michoacán y secretario técnico del Consejo
Nacional del partido.
Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, Morena
constituyó el fideicomiso “Por los demás” para dar apoyo a damnificados, el
cual sumó 78.8 millones de pesos y tuvo a García Hernández al frente del manejo
financiero.
El fideicomiso fue
denunciado por partidos políticos por supuesto uso electoral, el INE impuso a
Morena una multa de 197 millones de pesos pues, aunque no pudo demostrar el uso
para desviar dinero a campañas políticas, el partido no reportó el gasto ni la
procedencia de los recursos.
Sin embargo, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la multa con el
argumento de que no había indicios para determinar el uso político y electoral
de recursos públicos en el apoyo que Morena entregó a los afectados del sismo.
Además de participar con Morena en ese Fideicomiso, Gabriel García Hernández fue el
coordinador técnico de la defensa del voto en todo el país, una estructura que
coordinó a las bases para cuidar las casillas electorales y conseguir votos a
favor de Andrés Manuel López Obrador.
En la elección de julio
pasado García Hernández también consiguió una curul en el Senado con Morena,
pero el pasado 30 de noviembre pidió licencia para convertirse en la mano
derecha del Presidente.
Tras solicitar licencia, dijo
que desde su nuevo puesto en el gobierno federal trabajará “con humildad y
diálogo” con los gobernadores del país, quienes, aseguró, “mantendrán el mando
político, administrativo y policiaco”.
Las nuevas atribuciones.
De acuerdo con la reforma Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal aprobada en la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado, el Ejecutivo contará con las “Delegaciones
de Programas para el Desarrollo”, que se encargarán de coordinar e implementar
los planes, programas y acciones “para el desarrollo integral, funciones de
atención ciudadana, supervisión de los servicios y los programas a cargo de las
dependencias y entidades”.
Aunque los delegados
estarán adscritos jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar y
serán designados por el titular –en este caso María Luisa Albores– serán “a
propuesta de la coordinación general de programas para el desarrollo”, es decir, de Ismael García
Hernández.
Además, los delegados
también tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes,
programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención
ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las
secretarías, las dependencias y entidades.
Diputados y senadores advirtieron
que la figura de los delegados en realidad se convertirá en super-delegados
pues tendrán facultades que centralizan el poder e invaden el Federalismo.
El argumento del equipo
de transición es que se trata de una medida de austeridad que sólo contempla
tener a un delegado y no a varios de diferentes dependencias en cada estado.
Para Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del
Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa, se trata de un movimiento político y no meramente administrativo debido
a tres cosas: el control que se ejercerá desde la Federación de los programas
sociales, por el perfil de García Hernández, quien ha sido operador electoral
de López Obrador y el perfil de los delegados, pues se incluyen a candidatos
que perdieron los puestos de elección en sus respectivos estados. No se trata,
dice, de perfiles de expertos en administración pública.
La corrupción “no se
combate así, con centralización”, insiste Fernández. Incluso en ningún país de
Latinoamérica ha habido una figura como esta en alguna administración Federal.
Por eso, dice, este modelo podría no estar exento de malos manejos porque “el
poder corrompe, pero el poder absoluto lo corrompe todo”.
Tras la aprobación de
la reforma a la Ley, 12 gobernadores del PAN firmaron una carta en la que
aseguran que las funciones de los super-delegados generarán conflictos,
descoordinación y “significaría violar el pacto federal, anulando en los hechos
el voto de los ciudadanos, pues fueron ellos los que eligieron a sus
autoridades”.
Que aunque sus
gobiernos “colaborarán”, esto no debe ser entendido como “sometimiento de los
gobiernos locales”, señalaron Martín Orozco Sandoval, gobernador de
Aguascalientes; Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California; Carlos Mendoza
Davis, de Baja California Sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro,
de Durango y Diego Sinhue, de Guanajuato.
También Antonio
Echeverría García, gobernador de Nayarit; José Antonio Gali, de Puebla;
Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana
Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Mauricio Vila
Dosal, de Yucatán.
En respuesta, el senador Félix Salgado Macedonio de Morena, aseguró que ningún gobernador de la
República podrá “oponerse” porque se trata de una reforma legal. “Todo aquel
que no se ajuste al lineamiento constitucional, desde aquí se puede dictar la
desaparición de poderes”, advirtió.
Los super-delegados.
Antes de reformar la
Ley Orgánica, durante el periodo de transición, López Obrador eligió y anunció
a quiénes serán los delegados estatales.
Los 32 delegados, a su
vez, tendrán el apoyo de 266 delegados regionales, quienes se encargarán de
censar a las familias que servirán de base para diseñar políticas públicas y
actualizarán los padrones de beneficiarios de los programas federales.
Los delegados tienen
perfiles variados. Van desde candidatos que perdieron la contienda por una
gubernatura en esta elección, hasta expanistas, expriistas, presidentes
estatales de Morena, contrincantes políticos de los actuales gobernadores o
personajes conocidos en la política local.
En Jalisco, por ejemplo, Carlos Lomelí fue candidato a la
gubernatura, pero perdió. Es un empresario de la industria farmacéutica y fue
diputado federal por Movimiento Ciudadano. En 2017, el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos clasificó a una de sus empresas como operadora de recursos
para el crimen organizado. En 2006, otra de sus compañías fue señalada por el
Tesoro de realizar esa misma actividad, aunque 6 años más tarde fue sacada de
la lista.
La selección de Lomelí como super-delegado hizo que el
gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, se convirtiera en el primer
mandatario local que rechazó la nueva figura. Aunque dijo que apoyará la
gestión del presidente descartó trabajar con un intermediario, e insistió en
que sólo tendrá relación directa con el Jefe del Ejecutivo y con sus
secretarios de Estado.
Blanca Judith Díaz Delgado construyó toda su carrera política
en el PAN y será la delegada en Nuevo León. Fue consejera nacional, estatal y
miembro del Comité Directivo de Nuevo León, diputada federal en 2003-2006,
diputada local en 1997, senadora en 2006 y secretaria de promoción política de
la mujer 2009. En enero de 2018 renunció a su militancia de 23 años y fue
incluida en la fórmula para el Senado en la alianza Morena-Partido Encuentro
Social.
En Tamaulipas estará José Ramón Gómez Leal, cuñado del
gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En 2015
renunció al PAN para contender como candidato independiente por la alcaldía de
Reynosa, pero perdió y en 2017 se adhirió a Morena. Fue coordinador de Morena
en Tamaulipas y regidor de Reynosa de 2008 a 2011 y diputado local por el PAN.
Lorena Cuéllar fue presidenta municipal de Tlaxcala y hasta
2012 fue militante del PRI. Fue candidata del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y
obtuvo una curul en el Senado. En 2018 pidió licencia para competir por una
diputación federal por Morena y será la delegada en la entidad.
En Zacatecas, Verónica Díaz quien fue secretaria particular
del exsenador David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, exgobernador de
Zacatecas, será la delegada en el estado.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara es uno de los delegados con
carrera en el movimiento de López Obrador. Fue dirigente estatal de Morena en
Veracruz. Tuvo cargos en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI)
entre 2003 y 2004. En 2011 fue director territorial de Ermita Zaragoza,
Iztapalapa.
