El presidente Andrés
Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de una Comisión para la
verdad y que comenzará a operar a más tardar en 30 días y cuyo objetivo es
resolver el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Con este acuerdo
iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Con este decreto
se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para
que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión, para llegar a la verdad.
Todo el gobierno va a ayudar en este propósito”, dijo el mandatario.
Ante los padres de los
estudiantes desaparecidos, López Obrador se comprometió a que “no habrá
impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.
El decreto, firmado este lunes por el presidente, ordena a las secretarías de estado a
trabajar en conjunto en dicha Comisión “que contribuya al fortalecimiento del
derecho de los familiares de las víctimas a la búsqueda de la verdad”.
La Comisión, explica el
documento, se integrará por los familiares de los estudiantes desaparecidos o
sus representantes, sus abogados, un representante de las Secretarías de
Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como expertos profesionales
y técnicos que se requieran.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de
Gobernación señaló que la Comisión
retomará las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), así como la investigación “trunca” de la PGR, para retomar las
líneas de investigación que se dejaron truncas o fueron subestimadas.
“Esclarecer el caso
iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro a las
víctimas”, aseguró
Encinas.
Los miembros de la
Comisión y al Ministerio Público federal tendrán libre acceso a instalaciones
donde se presuma hubieran estado los desaparecidos o vestigios de ellos.
María Martínez, madre
de uno de los desaparecidos, pidió al nuevo gobierno justicia, y que el
gobierno deje de ser indiferente hacia el caso.
“(Pedimos) que nos
saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto, con él no vimos avance”,
dijo. “Ayúdenos señor, no queremos que esto quede impune, que no quede como
otros casos”
“Señor sea humano, si
usted llega a entregarnos a nuestros hijos, va a ser grande”.
Mientras el presidente firmaba el decreto, padres de los
normalistas gritaron “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, para
después contar hasta 43.
Tras la firma del documento, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
señalaron que el decreto les da esperanza, aunque “la confianza se va a ir
ganando conforme se avance en la búsqueda de la verdad”.
Carmelita Cruz, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, dijo que la firma del documento “no quiere
decir que ya todo está resuelto, vamos a seguir empujando. Agradecemos al GIEI,
a la CIDH, a su mecanismo de seguimiento y a la ONU”.
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las
víctimas, celebró que se inaugure una
“nueva etapa en la lucha y la búsqueda de los 43 compañeros, pero este es solo
el inicio, se retomarán todas las líneas de investigación que el gobierno de
Peña Nieto no quiso impulsar y que mantuvo estancadas”.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro, explicó que el decreto instruye a toda la
administración federal a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, “siendo
que en el pasado, el gobierno federal obstruía el proceso”, y que esta comisión
presidencial será encabezada Alejandro Encinas, quien se encargará de coordinar
los trabajos de búsqueda de la verdad, en coordinación con el Ministerio
Público.
También establece que
la Secretaría de Relaciones Exteriores debe retomar la asistencia
internacional, con la posibilidad abierta de que vuelva a participar el GIEI y
la ONU, e instruye a la Secretaría de Hacienda para que aporte los recursos
necesarios para que la comisión pueda llevar a cabo su labor.
Afuera de Palacio Nacional, algunos padres de personas
desaparecidas protestaron porque no les fue permitido el ingreso al evento en
el que el presidente firmó el decreto para la Comisión para la verdad, y
exigieron que se apliquen mecanismos inmediatos de búsqueda e investigación en
todos los casos de desaparición, no solo en el de Ayotzinapa.
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