viernes, 1 de febrero de 2019

Layda Sansores suspende obras de ampliación de la Línea 12 del Metro.


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Por no contar con un programa interno de Protección Civil y poner en riesgo a los habitantes de diversas colonias de Álvaro Obregón, este jueves la alcaldesa Layda Sansores suspendió temporalmente las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro, que inició la administración de Miguel Ángel Mancera.

Acompañada de personal de Protección Civil de la demarcación con la que hizo un recorrido por la obra, ordenó parar los trabajos que realiza el consorcio formado por las empresas Prodemex, Proacon y Deterra en seis lumbreras de la obra que, según el proyecto, unirá las estaciones Mixcoac con Observatorio.

La primera lumbrera en suspender fue la ubicada en la colonia Primera Victoria, una de las más afectadas por dicha construcción.

La exsenadora explicó que la medida obedece a las denuncias de vecinos de la obra que acusan la aparición de fracturas y derrumbes en sus casas, presuntamente a consecuencia de la obra.

“Nosotros no somos peritos, no podemos determinarlo, pero por pura coincidencia se empezaron a sufrir estos daños a sus casas, estas fracturas, estos derrumbes, a partir de que comenzaron las obras del Metro”, afirmó en el sitio donde se desarrollan los trabajos.

Sansores San Román aseguró que la suspensión temporal se aplicó con base en la Ley del Sistema de Protección Civil. La empresa constructora, añadió, no presentó el Programa Interno de Protección Civil, “por lo que, tras existir riesgo inminente, se realizó la suspensión”.

De acuerdo con su explicación, toda construcción debe contar con dicho programa con los denominados “términos de referencia” y al hacer la revisión “a un documento entregado de forma económica por parte del consorcio Prodemex, Proacon y Deterra éste mostraba una serie de inconsistencias graves, por ejemplo: seguros vencidos, no exponen un plan de obra tanto de mitigación, así como de prevención”.

En total, afirmó, el área de Protección Civil encontró 38 inconsistencias en la obra. Y tras imponer los sellos de suspensión, avisó a la Dirección Jurídica de la alcaldía y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para que se hagan las verificaciones correspondientes. Con base en los resultados, se determinará la clausura o el levantamiento de sellos, en caso de que cumplan con los puntos establecidos en el marco legal, informó.

La exdiputada dijo que “esta problemática es una herencia de la administración pasada y del consorcio constructor”. Añadió que “está abierta al diálogo” para solucionar la particularidad del caso y atender las demandas de los vecinos. “Entendemos que es una obra muy importante, pero son más importantes los seres humanos”, añadió.

Según Layda Sansores, los permisos al consorcio constructor y las acciones que ponen en riesgo a por lo menos 11 colonias de la demarcación “nunca fueron supervisadas por la administración del gobierno anterior y las empresas involucradas nunca han dado respuesta a las peticiones de los vecinos”.

Desde el pasado 27 de septiembre, durante la primera gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por la capital del país y acompañado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de Álvaro Obregón advirtió de los impactos sociales de la ampliación de la Línea 12 en varias colonias de la demarcación.

Hace casi seis años, el entonces gobierno entrante de Miguel Ángel Mancera suspendió la operación de 11 estaciones de la llamada Línea Dorada con el argumento de fallas que, dijo, ponían en riesgo su funcionamiento y la seguridad de los pasajeros.

Alcalde urge a AMLO y Del Mazo que intervengan para evitar que Toluca sea un “depósito de cadáveres”


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El alcalde de esta ciudad, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, urgió la intervención de los gobiernos estatal y federal para evitar que la demarcación “se convierta en un depósito de cadáveres o en un escenario de ejecuciones”, ya que en los últimos días se han encontrado al menos siete cuerpos con signos de violencia en diversas delegaciones de la capital mexiquense.

Luego del último hallazgo en Capultitlán, esta mañana, Sánchez Gómez manifestó su “molestia e indignación” porque Toluca “ha venido viviendo, de un tiempo para acá, una ola de ejecuciones respecto a la cual no se hace ni se dice nada”.

De acuerdo con el alcalde, este fenómeno no ocurre a partir de la nueva administración, sino que se presenta de manera frecuente, pero se callaba, y aseguró que la intención del actual gobierno municipal es ser transparente y no guardar silencio frente a la problemática.

“Los últimos días hemos tenido hallazgos de muertes lamentables, de personas que han sido ejecutadas o cuyos cuerpos han sido dejados en territorio municipal”, sostuvo.

Sánchez Gómez destacó que el “enérgico llamado” a los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y Alfredo del Mazo, mandatario estatal, resulta necesario porque escapa del ámbito de competencia de la Policía Municipal, que –recalcó– seguirá haciendo su parte.

“Quiero hacer un llamado enérgico, fuerte, a la autoridad estatal y federal para que intervengan, y se contenga, se haga algo concreto en relación con esta situación que no puede ser tolerable”, soltó.

En conferencia de prensa, el alcalde destacó la necesidad de hallar una solución inmediata, se implementen acciones a la brevedad y se obtengan resultados muy pronto, porque este tipo de sucesos de una u otra forma ponen en riesgo la seguridad de la población toluqueña.

Y anticipó que si en las próximas semanas no se tienen resultados él mismo convocará al pueblo de Toluca para que se manifieste públicamente en repudio a este tipo de situaciones y a favor de la paz y el orden.

Días atrás, Juan Rodolfo Sánchez reconoció ante empresarios que en el municipio se ha detectado la presencia de entre tres y cinco grupos del crimen organizado, pero no especificó cuáles.

Surge autodefensa en ZEE de la Costa Grande; alcaldes exigen intervención de Astudillo.


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Por Ezequiel Flores Contreras.

El surgimiento de un nuevo grupo de autodefensas adherido a la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), en los municipios La Unión de Isidoro Montes de Oca y Coahuayutla de José María Izazaga, advierte un nuevo conflicto armado en esa región de la Costa Grande.

Los alcaldes de ambas localidades, el perredista Crescencio Reyes Torres y el morenista Rafael Martínez Ramírez, respectivamente, exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga en el caso porque la nueva guardia comunitaria –subrayaron– está al servicio del grupo delictivo Los Cuernudos, que lidera Flavio Delgado Cruz.

El surgimiento del nuevo grupo encendió la alarma entre inversionistas nacionales y extranjeros, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó etiquetados recursos millonarios para la expansión del puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hacia La Unión, como parte del proyecto denominado Zonas Económicas Especiales (ZEE).

De acuerdo con reportes oficiales, el pasado lunes 28 hizo su aparición el grupo armado en Petacalco, municipio de La Unión, donde se encuentra la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y su dirigente visible se identificó como El Chori.

Al siguiente día apareció otro grupo adherido a la UPOEG y dirigido por Eleazar Mercado Rodríguez, El Chay, excandidato del PRI a la alcaldía de Coahuayutla, según los mismos informes.

Al respecto, el alcalde dijo que la intención de esta guardia armada de la UPOEG “es tomar el control de la seguridad en el municipio, porque desde hace 13 años Los Cuernudos venían extorsionando a los presidentes municipales que han estado aquí (en Coahuayutla), y yo no soy parte de eso y yo no voy a ceder a ningún tipo de negociación con la delincuencia organizada”.

En entrevista con el diario local El Sur, Rafael Martínez Ramírez demandó la intervención de Astudillo Flores para desactivar a la guardia comunitaria de Los Cuernudos.

Por su parte, el alcalde de La Unión, a quien directamente se le ha vinculado con el narco, junto con su hermano Carlos Reyes Torres, dijo que espera que el levantamiento armado “no vaya a ocasionar un problema con algún grupo delictivo”.

Y coincidió en la necesidad de que los gobiernos federal y estatal atiendan el conflicto generado en el extremo de la Costa Grande, que colinda con el estado de Michoacán.

La protesta social.

La tarde de ayer, habitantes de la cabecera de Coahuayutla realizaron una marcha para exigir la salida de Los Cuernudos, y denunciaron que la guardia comunitaria está protegida por la unidad de Gendarmería.

“Nosotros le hacemos un llamado al gobierno: si no hacen algo pronto y detienen a esta gente, nosotros nos vamos a bajar a la autopista que va a Morelia y que pasa por nuestro municipio y se las vamos a bloquear, porque ya estamos cansados, ya no queremos sangre, queremos vivir en paz”, expresó Gilberto Basurto Sánchez, representante de los pobladores.

Indicó que en Coahuayutla no hay policías municipales porque las anteriores autoridades locales desmantelaron la corporación en junio pasado, y actualmente un grupo de la Policía Preventiva Estatal resguarda el municipio con 195 localidades.

El gobierno de Astudillo ha informado que los ocho municipios que conforman la región de la Costa Grande son actualmente disputados por nueve organizaciones delictivas: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, y grupos pequeños como Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Los Cuernudos, Los Rodríguez y Los Granados.

Buscan recuperar más de 2 mil 700 mdp en adeudos al sistema de aguas en Jalisco.


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Por Gloria Reza M. 

El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Carlos Enrique Torres Lugo informó que se intentará recuperar más de 2 mil 700 millones de pesos que morosos adeudan al organismo.

De recuperarse la cartera vencida, dijo se renovarían más de 2 millones de metros de líneas de drenaje y de agua que son “obsoletas, insuficientes y colapsadas”, muchas con más de 100 años de operación, en especial en la zona Libertad y Centro, refirió.

Con relación al método de recuperación de la cartera vencida dijo que el equipo de cobranza del Siapa se avocaría a las cuentas más antiguas, antes de que prescriban; el resto de los morosos quedarían en manos de despachos de cobranza como se hizo en anteriores administraciones.

“El pago que se hace a los despachos prácticamente se paga solo a la hora de recuperar esos cobros vencidos”, según Carlos Torres.

La tercera forma de convencer a los morosos del Siapa será lanzar una campaña por redes sociales, “sobre todo de concientización para que la gente se actualice y haga sus pagos correspondientes”.

También, el funcionario informó que para este año el organismo del agua ejercerá 105 millones de pesos mediante el programa Proagua, y las “acciones principales” se realizarán en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá.

En la ex villa alfarera se harán unos colectores, mientras que en Tonalá “se fortalecerá la planta de bombeo de San Gaspar”.  En ambos municipios, se construirán líneas de agua potable para que más habitantes gocen de ese servicio.

En el rubro de obras de mantenimiento y operación se destinarán 180 millones de pesos para la zona metropolitana.

Otra obra es ampliar el acuaférico -ahora se le llamará circuito multifuncional- para abastecer de agua la zona norte de Zapopan, lo cual ayudaría a dejar de extraer de los pozos que están sobre explotados. Además, esa misma obra beneficiaría a la zona sur de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.

A la vez, dijo que se contempla renovar el canal de Atequiza, principal proveedor de agua para la zona metropolitana; y se prevé que los municipios de El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, y Zapotlanejo se incorporen al Siapa.

El presupuesto global del Siapa para este año es de 4 mil 300 millones de pesos, esto significa una reducción de 12% en comparación con el 2018. Es por ello que aseveró se redujeron 140 plazas de confianza, y el nuevo personal no goza de las prestaciones y los sueldos como sus antecesores, comentó Carlos Torres.

Policía de Puebla busca a un agente que habría abusado de una detenida.


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Por Gabriela Hernández.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla confirmó que uno de sus elementos se encuentra prófugo tras presuntamente haber abusado sexualmente de una detenida la madrugada de este jueves.

En un comunicado, la dependencia informó que el miércoles, alrededor de las 23:30 de la noche, tres policías municipales del Sector Uno detectaron a un grupo de personas que ingería bebidas embriagantes dentro de un vehículo en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

 “Durante el proceso de entrevista y con el objetivo de impedir que las fuerzas municipales procedieran a la respectiva puesta a disposición ante el Juzgado Calificador por la falta administrativa cometida, tres hombres y dos mujeres solicitaron ante los elementos su inmediata libertad ofreciendo dinero en efectivo, así como un ejemplar canino”, agregó la dependencia.

Sin embargo, cuando los policías acompañaron a los infractores para recibir el perro a la colonia Roma, uno de los elementos que conducía una de las patrullas se desvió de la ruta acordada.

En su comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal relató que en la patrulla viajaba una de las mujeres involucradas en el suceso y quien, según declaró, el policía la llevó a un lugar cercano donde abusó de ella. Tras la agresión, el policía la llevó a su domicilio en la colonia Roma y luego huyó del lugar.

El comunicado asegura que, tras tomar conocimiento de los sucesos, “inmediatamente se procedió a la detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público de dos policías municipales por cohecho”.

También se informó que se coadyuva con la Fiscalía General del Estado para localizar y detener al agente señalado por el delito de violación.

Además, la Unidad de Asuntos Internos abrió el expediente UAI/D-45/SP/2019 para profundizar en las investigaciones sobre estas acusaciones.

Claudia Rivera Vivanco
@RiveraVivanco_
 He dado instrucciones a @LourdesRMtz para que no escatime en recursos materiales y humanos para combatir toda clase de corrupción en la @SSPTM_Puebla.

Además de dar prioridad a la detención del probable responsable de violación.

¡#NiUnaMás!

En la última audiencia del juicio al Chapo, su defensa pide “no caer en el mito.


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Por Jesús Esquivel.

La defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera hizo dos exigencias al jurado que definirá el futuro judicial en Estados Unidos de su cliente: no caer en el mito de que el sinaloense es el capo de capos del Cártel de Sinaloa y declararlo inocente.

Al presentar los argumentos de cierre de la defensa del Chapo en la última audiencia del juicio contra el líder de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, Jeffrey Lichtman, uno de sus tres abogados, le dijo al jurado que todas las acusaciones y cargos que imputa el gobierno de Estados Unidos a su cliente están sustentadas en mentiras y mitos de criminales que testificaron durante el largo proceso.

 “Les ruego a cada uno de ustedes”, dijo Lichtmán dirigiéndose a los 18 integrantes del jurado en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, “que busquen en su corazón las herramientas para liberar a Joaquín Guzmán”.

En respuesta al argumento de cierre de la parte acusadora, Lichtman, durante la audiencia 38 del juicio que inició el 13 de noviembre de 2018, destacó que los 14 testigos cooperantes del gobierno de Estados Unidos para incriminar al Chapo no son más que criminales mentirosos de la peor calaña, dispuestos a decir cualquier cosa por su beneficio personal.

 “Hay razones masivas de dudas aquí en este juicio”, resaltó Lichtman para encuadrar su argumento de que testigos como Jesús Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, o El Colombiano Jorge Cifuentes Villa son narcotraficantes que, por el acuerdo de cooperación que hicieron con el gobierno estadunidense para testificar en contra del Chapo, pudieran lograr una condena benévola si el jurado declara culpable al capo sinaloense, acusado en Nueva York de 10 cargos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero.

“Estamos llegando al final del juicio, estamos llegando al final del juicio… y hay mucha deshonestidad en este caso”, machacaba Lichtman al jurado, al que miraba de frente e intentaba convencer de su argumento de defensa y en réplica a la fiscalía que acusa al Chapo.

Con comentarios plagados de ironías y hasta palabras altisonantes (por lo cual el juez Brian Cogan le llamó la atención), Lichtman descalificó los testimonios de los testigos que el Departamento de Justicia busca usar para que El Chapo sea declarado culpable.

“Sé que están asqueados de todas las mentiras que han visto y oído en el juicio… estoy peleando por la vida de un hombre”, subrayó el abogado del Chapo Guzmán.

En la última audiencia del juicio, Lichtman descalificó a los principales testigos del gobierno como El Vicentillo y Cifuentes, con el argumento de que son criminales que hicieron miles de millones por las toneladas de drogas que metieron a los Estados Unidos.

“Estos acuerdos de cooperación de estos criminales con el gobierno son evidencia de que estos narcotraficantes están dispuestos a declarar lo que les pidan en contra del Chapo Guzmán, porque les han prometido perdonarles sus delitos”, apuntó el abogado.

En su exigencia de absolución para su cliente, Lichtman insistió en que es un mito que El Chapo sea el verdadero capo de capos del Cártel de Sinaloa, porque el auténtico jefe de la organización criminal es Ismael El Mayo Zambada García.

“Mayo Zambada, la zorra salvaje, sigue libre, no lo han podido capturar… y no lo han hecho porque corrompe a todo el gobierno de México… y su hijo (Vicentillo) tiene un acuerdo de cooperación con la fiscalía (estadunidense)”, subrayó Lichtman.

Amanda Liskamm, integrante del equipo de fiscales que acusan al Chapo, en réplica al argumento de cierre de Lichtman, pidió al jurado no ser clemente con el acusado y que lo declare culpable de los delitos que le imputan.

“La defensa hace señalamientos a todos lados para distraerlos de la evidencia dura… la conclusión es que el acusado es culpable… deben emitir el veredicto de culpabilidad en todos los cargos”, dijo la fiscal Liskamm.

Tras el argumento de cierre de la defensa y la réplica de la fiscalía, el juez Cogan instruyó al jurado para que el próximo lunes 4 de febrero inicie sus sesiones de deliberación para emitir un fallo en torno al Chapo Guzmán y los delitos que le achacan.

El jurado no tiene límite para llegar a una conclusión, que podría ocurrir en minutos, horas o días, aunque en la Corte en Brooklyn se especula que la decisión podría surgir el mismo lunes 4 de febrero.

A la última audiencia del juicio contra El Chapo Guzmán acudió más prensa de la que regularmente dio cobertura a las 37 audiencias previas.

Bajo una temperatura de -17 grados centígrados, desde las 2:30 de la mañana de este jueves 31 de enero, los reporteros comenzaron a hacer línea para ingresar a la Corte federal.

En la sala del juez Cogan, donde se realizaron las audiencias, sólo fueron admitidos unos 20 reporteros que, entumidos y desvelados, llegaron de madrugada a la Corte en Brooklyn.

La enorme mayoría de reporteros que atestiguaron la última audiencia del juicio contra El Chapo fueron los que regularmente cubrieron todo el juicio, entre estos los representantes de los periódicos mexicanos La Jornada y El Universal, de Televisa y de los semanarios Ríodoce y Proceso.