Por Ezequiel
Flores Contreras.
El surgimiento de un nuevo grupo de
autodefensas adherido a la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de
Guerrero (UPOEG), en los municipios La Unión de Isidoro Montes de Oca y
Coahuayutla de José María Izazaga, advierte un nuevo conflicto armado en esa
región de la Costa Grande.
Los alcaldes
de ambas localidades, el perredista
Crescencio Reyes Torres y el morenista Rafael Martínez Ramírez, respectivamente,
exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga en el caso
porque la nueva guardia comunitaria –subrayaron– está al servicio del grupo
delictivo Los Cuernudos, que lidera Flavio Delgado Cruz.
El
surgimiento del nuevo grupo encendió la
alarma entre inversionistas nacionales y extranjeros, porque el gobierno de
Enrique Peña Nieto dejó etiquetados recursos millonarios para la expansión del
puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hacia La Unión, como parte del
proyecto denominado Zonas Económicas Especiales (ZEE).
De acuerdo
con reportes oficiales, el pasado lunes
28 hizo su aparición el grupo armado en Petacalco, municipio de La Unión, donde
se encuentra la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y
su dirigente visible se identificó como El Chori.
Al siguiente día apareció otro grupo
adherido a la UPOEG y dirigido por Eleazar Mercado Rodríguez, El Chay,
excandidato del PRI a la alcaldía de Coahuayutla, según los mismos informes.
Al respecto,
el alcalde dijo que la intención de esta
guardia armada de la UPOEG “es tomar el control de la seguridad en el
municipio, porque desde hace 13 años Los Cuernudos venían extorsionando a los
presidentes municipales que han estado aquí (en Coahuayutla), y yo no soy parte
de eso y yo no voy a ceder a ningún tipo de negociación con la delincuencia
organizada”.
En
entrevista con el diario local El Sur, Rafael
Martínez Ramírez demandó la intervención de Astudillo Flores para desactivar a
la guardia comunitaria de Los Cuernudos.
Por su
parte, el alcalde de La Unión, a quien
directamente se le ha vinculado con el narco, junto con su hermano Carlos Reyes
Torres, dijo que espera que el levantamiento armado “no vaya a ocasionar un
problema con algún grupo delictivo”.
Y coincidió en la necesidad de que
los gobiernos federal y estatal atiendan el conflicto generado en el extremo de
la Costa Grande, que colinda con el estado de Michoacán.
La protesta
social.
La tarde de ayer, habitantes de la
cabecera de Coahuayutla realizaron una marcha para exigir la salida de Los
Cuernudos, y denunciaron que la guardia comunitaria está protegida por la
unidad de Gendarmería.
“Nosotros le hacemos un llamado al
gobierno: si no hacen algo pronto y detienen a esta gente, nosotros nos vamos a
bajar a la autopista que va a Morelia y que pasa por nuestro municipio y se las
vamos a bloquear, porque ya estamos cansados, ya no queremos sangre, queremos
vivir en paz”,
expresó Gilberto Basurto Sánchez, representante de los pobladores.
Indicó que en Coahuayutla no hay
policías municipales porque las anteriores autoridades locales desmantelaron la
corporación en junio pasado, y actualmente un grupo de la Policía Preventiva
Estatal resguarda el municipio con 195 localidades.
El gobierno
de Astudillo ha informado que los ocho
municipios que conforman la región de la Costa Grande son actualmente
disputados por nueve organizaciones delictivas: Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, y grupos
pequeños como Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Los Cuernudos, Los
Rodríguez y Los Granados.
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