Destapan “cloaca” de corrupción en el Instituto de Seguridad Social de Tabasco.

Por Armando Guzmán.

 El nuevo director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), Fernando Mayans Canabal, destapó “una cloaca” de corrupción en el organismo encargado de proporcionar atención médica a empleados del gobierno estatal y de los 17 municipios de la entidad.

Mayans denunció que se vendían las pensiones para cobrar hasta casi 100 mil pesos mensuales, así como las licencias médicas, y se justificaba el robo en la compra de medicinas que no ingresaban al instituto, además de que se hacían recetas al vapor, sin revisar, entre ellas para cajas de viagra, así como medicamentos para mujeres con “cáncer de próstata” y hombres con “cáncer de ovarios”.

De acuerdo con el funcionario, el ISSET arrastra un déficit anual de más de 1, 600 millones de pesos y deudas por casi 800 millones en cuotas que dependencias estatales, ayuntamientos e instituciones educativas, como el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), descontaban a sus trabajadores y no entregaban al Instituto.

Todo “gracias al valemadrismo de las autoridades anteriores”, desde el gobierno priista de Andrés Granier Melo (2007-2012) hasta el del perredista Arturo Núñez Jiménez (2013-2018), apuntó.

Además, “no hay un solo peso” de los 8 mil millones que al menos debería haber en cuentas del fondo de pensiones, aunque “ese fondo podría estar entre los 13 y 14 mil millones de pesos, que es dinero de los trabajadores y que desapareció”, añadió.

Según Mayans Canabal, anteriores directivos del ISSET aceptaban cartas de alcaldes, delegados, amigos y compadres, y con “el moche” valoraban y otorgaban las pensiones hasta por más de 100 mil pesos mensuales, mientras la mayoría percibe menos de 500 pesos.

En entrevista radiofónica, el exsenador del PRD detalló que las pensiones se vendían, y citó casos de personas que sólo trabajaron dos años y fueron pensionados con 25 años de antigüedad, mediante “un moche” a los directivos en turno.

“Eso es corrupción, es robo”, acusó, y sostuvo que se dio en el otorgamiento de licencias de especialidades médicas, que de acuerdo con la ley deben concederse hasta por 30 días tres veces al año, sin embargo, hay licencias de mil 800 y 367 días, y 13 a la misma persona, “porque las vendían”.

En 2012, último año del sexenio de Andrés Granier Melo, se gastaron más de 72 millones de pesos para medicinas que no llegaron al instituto y se quiso justificar “con recetas absurdas para los pacientes”, indicó.

De igual manera, mencionó que la suma del costo de las medicinas en recetas no rebasaba los 11 millones 100 mil pesos, pero supuestamente se gastaron 72 millones 327 mil pesos –porque nunca se compraron– en un presunto fraude en el que participaron 30 médicos con firmas falsas.

Detalló que a un paciente le recetaron 50 cajas de viagra, “porque era cara”, y a mujeres les recetaban por cáncer de “próstata” y a hombres por cáncer de “ovarios”.

También alertó sobre el riego que corre la guardería del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) del ISSET, ubicado a un lado de la subestación eléctrica del Instituto y de un tanque estacionario de gas.

Y de las deplorables condiciones en que se encuentran las instalaciones del ISSET, en cuya azotea se construyeron 28 consultorios que nunca se utilizaron porque se hicieron de tabla roca y techos de lámina con falso plafón, a un costo de 300 millones de pesos.

Mayans Canabal puntualizó que las más graves anomalías se detectaron en 2012, último año del gobierno priista de Andrés Granier Melo, pero también en la administración del perredista Arturo Núñez, y que incluso hubo denuncias ante la Fiscalía General del estado (FGE) y la Contraloría tabasqueña, “y nunca hicieron nada, se hicieron de la vista gorda”.

En el gobierno de Núñez, las 18 farmacias del ISSET se concesionaron a una empresa privada, a la que el Instituto pagaba más de 228 millones de pesos anuales por medicinas, pero ya fueron recuperadas.

Finalmente, el director del ISSET señaló que se realizan auditorías en todas las áreas para presentar las denuncias administrativas y penales por “la cloaca” hallada en el Instituto.

INAI ordena a Pemex informar sobre fletes pagados a distribuidores de combustible.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Pemex Transformación Industrial (TI) entregar en versión pública las notas de crédito por fletes pagados o bonificados a los distribuidores de combustóleo en 2017 y 2018.

La resolución se emitió a petición de la comisionada, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien precisó que existe un alto interés de la sociedad en conocer todas las operaciones relacionadas con el combate al huachicoleo y contrastar el desempeño de anteriores administraciones para entender la situación actual.

Luego de que un particular solicitara, en octubre de 2018, conocer los fletes bonificados o pagados desde el centro embarcador de Pemex a la planta de los anteriormente llamados distribuidores de combustóleo en los años referidos y que debía presentarse desagregada por mes.

En respuesta Pemex TI, negó la información, con el pretexto de que esta permitiría a sus competidores contar con datos que dañarían la estrategia comercial de la empresa y perjudicarían su posición competitiva, al ponerla en una situación de desventaja.

Pemex TI recordó que compite de manera abierta en el mercado nacional de combustóleo y, por tanto, evitó entregar información confidencial en perjuicio de sus intereses.

Ante la negativa, el inconforme interpuso un recurso de revisión que fue tratado en sesión del pleno, donde la comisionada puntualizó la existencia del documento solicitado, generado a partir del incumplimiento de las obligaciones de Pemex TI, pero que no contiene información de carácter comercial o industrial.

Ibarra Cadena aclaró que, para referirse a los fletes bonificados o pagados a los distribuidores compradores de combustóleo, se debe tener en cuenta que el vendedor no entregó el producto en los diversos casos contemplados en los contratos de compraventa de combustóleo o de comercialización, según sea el caso, situación por la cual Pemex TI, se obliga a pagar el monto erogado por el comprador por concepto de gastos por transportación del combustible comprado y no entregado.

Además, afirmó que no resulta aplicable la cláusula de confidencialidad para negar el acceso a la información solicitada, puesto que no se vincula con estrategias de comercialización o distribución, ni con métodos de producción o de venta, ni con perfiles de consumidores, clientes o proveedores.

Por lo tanto, el pleno del INAI de manera unánime revocó la respuesta de Pemex Transformación Industrial y le instruyó a entregar la versión pública de notas de crédito sobre los fletes bonificados o pagados desde el centro embarcador de Pemex a la planta de los anteriormente llamados distribuidores de combustóleo en los años 2017 y 2018, desagregado por mes al interesado.

Tribunal Electoral ordena reducir multa a Margarita Zavala por credenciales falsas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la multa impuesta a Margarita Zavala por las irregularidades durante la recolección de apoyos para obtener la candidatura independiente por la Presidencia de la República.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal también ordenó a la Sala Regional Especializada que recalcule a la baja la multa, que originalmente era por 201 mil 500 pesos.

Los magistrados determinaron por unanimidad que las irregularidades –entregar fotocopias de credenciales de elector y la simulación de credenciales– “son antijurídicas y vulneran el bien jurídico tutelado, consistente en la legalidad, autenticidad y seguridad jurídica”.

Sin embargo, el Tribunal aceptó el reclamo de Margarita Zavala Gómez del Campo, en el sentido de que ambas conductas se deben evaluar de manera individual, considerando el nivel de intencionalidad y el grado de afectación.

Los magistrados consideraron que el grado de afectación es distinto, “porque en el caso de la simulación, se trata de una acción directa, encaminada a violentar el orden jurídico electoral, en tanto que el uso de fotocopia transgrede dicho orden jurídico de forma indirecta”.

Por ello, la Sala Superior revocó la sentencia impugnada y solicitó a la Sala Regional Especializada que emita una nueva, recalculando el monto bajo los parámetros dictados.

Seade Kuri rechaza revelar su patrimonio e intereses… y parte del gabinete lo hace “a medias”

Por Mathieu Tourliere.

En la declaración de servidor público que entregó ayer a la Secretaría de la Función Pública (SFP), Jesús Seade Kuri, el subsecretario para América del Norte, rechazó dar a conocer sus datos patrimoniales y posibles conflictos de interés, ello a pesar de la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no permanecerán en el gobierno quiénes se nieguen a transparentar dicha información.

Otros integrantes del gabinete se tardaron hasta los últimos días legales, pero finalmente enviaron sus declaraciones a la SFP, y quiénes se habían negado en a transparentar su información lo hicieron, aunque a medias, pues algunos prefirieron que no se transparenten sus ingresos privados, o los saldos de sus cuentas bancarias.

Ese fue el caso de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, quien reportó un ingreso de 348 mil 661 pesos al mes, un departamento de 318 metros cuadrados, así como tres cuentas bancarias y un fondo de inversión, de los que no quiso transparentar los montos.

Josefa González Blanco Ortiz Mena, titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tampoco estuvo de acuerdo en dar a conocer los saldos de su cuenta bancaria ni el valor de sus joyerías y obras de arte; reportó un ingreso mensual de 135 mil pesos y tres ranchos, que le fueron donados por su madre.

Jesús Ramírez Cuevas, el responsable de la comunicación del gobierno federal, no quiso dar a conocer los ingresos que recibe fuera de su labor como servidor público, ni los saldos de sus cuentas bancarias o el valor de sus bienes muebles.

Lo mismo hizo Horacio Duarte Olivares, un hombre muy cercano a AMLO –fue representante de Morena ante el INE en los últimos cuatro años—y una pieza clave en el nuevo gobierno, pues tiene a su cargo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) el nuevo programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El funcionario no transparentó sus ingresos externos, ni el valor de sus bienes.

El fiscal Alejandro Gertz Manero, quien técnicamente no forma parte del gabinete de AMLO, dado que la recién creada Fiscalía Generar de la República (FGR) tiene un carácter autónomo, sigue sin transparentar sus datos patrimoniales y sus posibles conflictos de interés.

Tampoco lo hicieron algunos de los funcionarios que mencionó Apro el pasado martes 29: Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez –responsable de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Jorge Alcocer Villanueva –el coordinador de asesores de Sánchez Cordero–, Salma Jalife Villalón, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico y Andrew Rhodes Espinoza, comisionado para las Áreas Naturales Protegidas.

Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, quien en los últimos seis años laboró en FEMSA, no estuvo de acuerdo en transparentar sus ingresos externos ni el valor de sus bienes, y ello a pesar de que reportó dos casas, tres departamentos y cinco terrenos.

Prácticamente todos los demás integrantes del gabinete cumplieron con su obligación de transparentar sus bienes, a excepción de Ana Guevara Espinoza –titular de la Conade– y Adalberto Palma Gómez, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyas declaraciones no están disponibles en la plataforma Declaranet.

César Yáñez Centeno, hombre cercano a AMLO, quién presumió en la revista de socialité Hola su boda en Puebla –lo que molestó al presidente–, reportó un ingreso de 99 mil 574 pesos mensuales, un departamento de 85 metros cuadrados, y dos cuentas bancarias a su nombre con un total de 310 mil pesos.

Banco Azteca denuncia a Alejandra Palacios Prieto, titular de la Cofece.

Banco Azteca presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) contra la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, por violar las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.

En un comunicado, la institución financiera precisó que la demanda derivó del artículo de opinión escrito por Palacios y publicado en el diario Reforma el pasado jueves 24.

“En dicho texto, al referirse a la participación de Banco Azteca en la dispersión de programas sociales, la señora Alejandra Palacios prejuzga un ‘potencial impacto permanente […] en la dinámica de competencia en el sector bancario’, violando las garantías de seguridad jurídica y debido proceso que consagra la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, destacó.

Por ese motivo, Banco Azteca pedirá que el OIC investigue las faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al Código de Ética y Conducta de la Cofece y demás normas aplicables.

“La señora Palacios omite mencionar que Banco Azteca tiene la mayor presencia nacional, con sucursales en 785 municipios, lo cual representa una cobertura superior en 40% a la siguiente institución financiera; además, que en 170 municipios es el único banco presente”, abundó.

De igual manera, destacó que es el banco con el horario más amplio de atención a sus clientes, de 9 a 21 horas, durante los 365 días del año.

“Lo anterior es clave para ampliar el acceso que tendrán los beneficiarios a los recursos de los programas sociales”, enfatizó.

Banco Azteca defendió que “la competencia en el sector financiero es benéfica para todos sus usuarios, y la comisionada presidente, en su texto, se abstiene de mencionar que Banco Azteca no es la única institución financiera contratada por el gobierno de México para la dispersión de programas sociales”.

Finalmente mencionó que, en cumplimiento con sus facultades y obligaciones, espera que el Órgano Interno de Control realice una investigación expedita y dé a conocer a la brevedad sus conclusiones.

Ejecutan a comisario general de Empalme, Sonora.

El comisario general de esta ciudad, Marco Vinicio Gálvez González, fue ultimado a balazos al mediodía de este jueves después de presidir un evento escolar.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el mando policíaco circulaba en la calle 16, entre Constitución y 1 de mayo, de la colonia Libertad, cuando sus ejecutores abrieron fuego contra la patrulla, que en segundos quedó fuera de control hasta impactarse contra un negocio.

En el ataque armado, que cuenta con las características de una emboscada, el agente Dominic Zazueta resultó herido y murió mientras era trasladado vía aérea a Hermosillo, Sonora, para recibir atención médica especializada.

Según la versión de testigos, el ataque inició en las calles Reforma y Las Américas, donde un automóvil sedán de color blanco alcanzó a la patrulla en que viajaba el comandante para abrir fuego con fusiles de grueso calibre en contra de los policías.

Agentes de los tres órdenes de gobierno implementaron la estrategia conocida como “Código Rojo”, a fin de localizar a los gatilleros que acabaron con la vida del comisario Gálvez González.

Unas tres horas después del atentado, la Fiscalía General de Sonora informó que cuatro personas fueron detenidas, sin que hasta este momento se les haya identificado.

El 31 de mayo anterior, en este mismo ayuntamiento, un comando ejecutó de cuatro balazos a Fabián E., secretario particular de Francisco Javier Genestas Sesna, actual alcalde de este municipio y entonces candidato del partido Morena a la alcaldía.

El ataque armado se registró alrededor de las 18:46 horas de ese jueves, en la intersección de las calles Reforma y Cinco, de la colonia Ortiz Rubio de esa ciudad.

Las investigación ministerial arrojó que Fabián E. seguía los pasos del candidato empalmense cuando las balas lo alcanzaron y éste quedó tendido en el piso.

El año pasado, en Sonora fueron ejecutados 9 policías, de los cuales seis son de Guaymas, dos de Hermosillo y uno de San Luis Río Colorado.

Hace un par de meses, el 5 de octubre anterior, en Guaymas, que es el contiguo municipio porteño de Empalme, se registró la masacre de cinco policías que no pudieron defenderse ante la sorpresa del ataque y la falta de gasolina para huir de los atacantes.

El Gobierno estaba frenado, era un comité al servicio de una minoría rapaz, dice AMLO en Tlaxcala.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves, desde Tlaxcala, que el Gobierno “era un comité al servicio de una minoría rapaz” y que por eso ahora les está llevando tiempo arrancar con los programas sociales.

Desde Tlaxcala a donde acudió para la entrega de Programas Integrales de Desarrollo, destacó que ya comenzó la entrega de apoyos y que prevé que para la mitad de este año ya estén funcionando todos los programas.

Durante el evento, el Gobernador Marco Mena fue abucheado, por lo que el Presidente pidió un aplauso para Mena. Sin embargo dijo que también se debe respetar a quienes protestan.

“El Gobierno federal estaba frenado, parado, porque no tenía como fin, como propósito atender al pueblo. Estaba más dedicado el Gobierno a facilitar el saqueo, el robo”, dijo.

“Estamos avanzando, yo espero que a mitad de este año ya estén funcionando todos los programas, que ya estamos dando todos los beneficios, que van a ser muchos, al pueblo de México. Nos está llevando tiempo porque no estaba el Gobierno preparado para servir al pueblo era un comité al servicio de una minoría rapaz. Pero ya va funcionando”, añadió.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó que se están creando nuevas formas de hacer llegar los apoyos a la gente “para que la ayuda llegue de manera directa, sin intermediarios”.

Insistió en que se busca que no pase el dinero por las oficinas de Gobierno. “Que llegue desde la tesorería hasta el beneficiario” para que el apoyo llegue completo.

Habló sobre las pensiones a los adultos mayores y a los menores con discapacidad de bajos recursos; el de los jóvenes aprendices; y las becas para estudiantes. Insistió en que habrá más oportunidades para los jóvenes.

Anunció 2 mil becas para estudiantes del nivel superior en Tlaxcala de familias pobres, que recibirán al mes 2 mil 400 pesos. Y anunció dos nuevas universidades públicas en el estado.

Habló sobre la beca para estudiantes de nivel medio superior, que enTlaxcala beneficiará a más de 27 mil alumnos, que recibirán mil 600 pesos cada dos meses. Y sobre las becas a estudiantes de bajos recursos de primaria y secundaria, que en ese estado beneficiará a 40 mil familias de bajos recursos, que recibirán mil 600 pesos cada dos meses.