Por Karla
Mora.
Ricardo
Castellanos, presidente del consejo directivo de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) en Tabasco, refirió que las extorsiones de
las que son objeto los empresarios en los campos petroleros, hacen que las
obras que realizan aumenten hasta 30 por ciento; según datos oficiales, este
delito creció 172 por ciento en los últimos años.
Son
grupos de personas que en un camino de terracería o en una carretera atraviesan
un tronco o bloquean el camino y simple y sencillamente, para que puedas
continuar, tienes que pagar una cuota a la mano, aseveró en entrevista con La Razón.
“Esta
gente, si está de buen humor, te enseña un documento, por supuesto apócrifo, en
el que se le nombra delegado de un sindicato; pero metros adelante te topas con
otro bloqueo y así para llegar a un pozo, la empresa llega a cruzar hasta 30
veces”, detalló.
Además, denunció
que estos grupos presionan también a las compañías que se ven obligadas a
contratar personas “a la fuerza”, sin que éstas realmente tengan los
conocimientos necesarios para el trabajo requerido, lo que también retrasa e
impacta negativamente en cualquier tipo de obra.
La
problemática no es nueva, desde hace al menos 20 años esta situación ha sido
denunciada por las compañías sin que se atiendan sus peticiones. La frecuencia
es tal que prácticamente diario hay algún bloqueo.
Castellanos aseguró
que la entrega del dinero a manos de presuntos integrantes de sindicatos,
estimula la corrupción, porque se dejan de crear empleos formales.
Puntualizó
que el aumento de 30 por ciento en la realización de obras y servicios conlleva
más pérdidas en proporciones inestimadas, porque ese porcentaje representa más
de la mitad de las utilidades que se generarían; por lo que, dijo, las
compañías se ven orilladas a quebrar o a regresar los campos petroleros a la
autoridad, con tal de ya no tener el problema.
Asimismo,
comentó que Tabasco ocupa los primeros lugares en este delito, pues a pesar de
que se denunció en sexenios pasados, “nos topábamos con pared”, y recordó que
en campaña se lo solicitaron al actual gobernador, Adán Augusto López.
Por ello, ven
con buenos ojos las modificaciones al Código Penal del estado para elevar hasta
casi 20 años de prisión las penas a quienes cierren o bloqueen instalaciones
con fines lucrativos.
“Ahora
vemos que se ha tomado la decisión de hacer esta modificación al artículo y
vemos que, efectivamente, hay voces en contra y a favor”, destacó.
Castellanos
Martínez agregó que de ninguna manera busca interferir con la libre
manifestación de ideas, pero lo ocurrido en Tabasco no se trata de eso, e
insistió que “solamente los que trabajan día a día en este sector lo pueden
comprender y respaldan las modificaciones al Código Penal”.
También consideró
que esta medida podría ser llamada antipopulista, porque afectaría el tema
electoral; pero, advirtió, que era necesario que se tomara esta decisión. “No
es de constitucionalidad, sino de Estado de derecho de las empresas que han
sido violentadas por años”.
Se
multiplican los casos. Este delito se incrementó 172 por ciento en la
entidad durante los últimos tres años, al pasar de 62 denuncias en el primer
semestre de 2016, a 169 en el mismo periodo, pero de 2019, según datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto,
el Observatorio Ciudadano de Tabasco reportó que las denuncias por
extorsiones se han presentado, principalmente, en el municipio Centro del
estado, así como en Cárdenas, Comalcalco y también a Paraíso, donde se
construirá la Refinería Dos Bocas, obra que arranca esta semana.
En el
análisis que esta organización realizó de la incidencia delictiva en el
primer trimestre del año en curso se revela que al menos cuatro de los
municipios de la entidad superan por el doble la tasa media nacional en
extorsión por cada 100 mil habitantes.
Tal es el
caso de Centro con 286 por ciento de la incidencia, Nacajuca con 199 por
ciento, Cárdenas con 119 por ciento y Comalcalco con 100 por ciento.
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