Por Gloria
Leticia Díaz.
A más de
cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 3
de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó
al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reinstalar el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a fin de brindar
asistencia técnica internacional que “evite la impunidad y ofrezca justicia y
verdad a las víctimas”.
En un
comunicado, la CIDH destacó que “los resultados han sido infructuosos”, pese
a que en este gobierno “ha podido constatar el interés de avanzar en la
búsqueda de los jóvenes desaparecidos”, de ahí que en la última reunión con
familiares de víctimas y sus representantes, el 2 de diciembre, determinó
recomendar al Estado la reinstalación del GIEI.
Para la
CIDH en la investigación “persiste una serie de desafíos”, entre ellos la
fragmentación de la investigación, la falta de detenciones y consignaciones por
desaparición forzada, así como la falta de detenciones de agentes estatales por
acción u omisión.
Apuntó
que, un nuevo impulso internacional de las investigaciones, “sólo puede hacerse
efectivo a través de la reinstalación del GIEI”, por lo que se propuso
formalmente al gobierno, “iniciar y concluir a la mayor brevedad posible el
acuerdo correspondiente para que el GIEI pueda iniciar sus funciones”.
De acuerdo
al organismo, la CIDH solicitó al Estado mexicano “que garantice que los
integrantes del GIEI puedan acceder libremente y sin restricciones al
expediente judicial; participar de las diligencias de búsqueda; analizar las
líneas de investigación existentes y recomendar la apertura de otras nuevas;
identificación de patrones de tortura; y recomendar mecanismos de colaboración
eficaz; así como acompañamiento a las labores de implementación del Plan de
Atención Integral a Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
El
organismo destacó su preocupación “por las decisiones judiciales que condujeron
a la liberación de personas presuntamente vinculadas con los hechos y que
podrían tener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes”.
Al
reconocer la voluntad política para esclarecer el caso, “en el escenario
actual, la Comisión considera que existen condiciones que han abierto una
ventana de oportunidad histórica para avanzar con las investigaciones
reforzadas a través del acompañamiento internacional”.
Resaltó que
en una reunión con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y
sus representantes el 2 de diciembre pasado, “la Comisión recogió su
encarecida solicitud para que, en el máximo de sus esfuerzos, potencie las
labores de investigación y busque que el Estado garantice las condiciones
necesarias para que los expertos internacionales contratados en la actualidad
por la Comisión para el acompañamiento técnico de las investigaciones, puedan
realizar tareas de asistencia técnica y coadyuvancia con la mayor independencia
y salvaguarda de sus seguridad personal”.
El
organismo hizo un recuento de su participación en el caso, desde que emitió las
medidas cautelares 409-14, tras la desaparición de los jóvenes la noche y la
madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, para luego dar paso a la creación
del GIEI, que emitió dos informes con recomendaciones dirigidas al Estado
mexicano, para después dar paso a la supervisión de dichas observaciones a
través del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa (MESA),
medidas tomadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La CIDH advirtió
que el GIEI “contribuyó para contestar la versión oficial de la ‘verdad histórica’
y el Mecanismo de Seguimiento permitió contribuir con la apertura de nuevas
líneas de investigación y la implementación de nuevas tecnologías de búsqueda
de desaparecidos”, lo que permitió “mantener el caso en visibilidad
internacional hasta el alcance de las nuevas medidas acordadas por el gobierno
de México”.
Recordó
que ya con el gobierno de López Obrador, tras la instalación de la Comisión de
la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, presidida por el
subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la creación de la
Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita
a la Fiscalía General de la República (FGR), “por solicitud del Estado y los
familiares, el MESA fue reforzado para brindar acompañamiento técnico”.
Lo
anterior implicó la creación de un Grupo de Acompañamiento Técnico que
coordinara con la Comisión y la Unidad, que estuvo integrado por personal de la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH, que trabajaron de manera permanente en México,
y contó con la colaboración de exintegrantes del GIEI, Ángela Buitrago y
Francisco Cox.
La CIDH agregó
que ha dado seguimiento a la situación de los estudiantes Aldo Gutiérrez y
Edgar Vargas, así como a la atención de salud para los familiares de los 43 normalistas
desaparecidos.
A cinco años
de los acontecimientos y convencida de que “las autoridades nacionales deben
avanzar en la investigación con resultados”, la CIDH destacó que de aprobarse
la reinstalación del GIEI, “continuará con sus habituales labores de
seguimiento de la Medida Cautelar por medio de la realización de audiencias
públicas en sus periodos de sesiones, convocatoria de reuniones de trabajo,
visitas periódicas de la relatora de país, comunicados de prensa evaluando los
informes de progreso, entre otras”, en apego con la obligaciones del Estado
mexicano según los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Aunado a
ello, la CIDH resaltó que mantendrá su representación en la Comisión para la
Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, “y su mejor disposición para
asistir técnicamente al Estado y sus órganos especializados en materia de
búsqueda de personas, desaparición, desaparición forzada, ejecuciones
extrajudiciales, entre otros temas priorizados e identificados a partir de la
labor de la CIDH y la disposición para su cooperación técnico permanente con el
gobierno de México”.
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