Por Gloria
Leticia Díaz.
Durante la
última reunión de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso
Ayotzinapa, el fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, rindió un
informe sobre los avances de las investigaciones sobre la desaparición de los
43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.
En una
reunión presidida por Aarón Mastache, titular de la Unidad de Derechos Humanos
de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, Gómez Trejo informó
sobre los resultados de 18 búsquedas realizadas durante 2019 en el estado de
Guerrero, en los que se encontraron restos humanos que están en proceso de ser
analizados.
En
entrevista con Apro, el abogado de las familias de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, Vidulfo Rosales explicó que por formar parte de la investigación,
“no se nos dijo dónde, ni cuántos restos fueron localizados, ni tampoco sabemos
dónde serán analizados”.
A casi seis
meses de que Gómez Trejo asumió la titularidad de la Unidad Especial de
Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Rosales Sierra, abogado del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que se observó
“más claridad y más solidez” en las actuaciones de investigación y búsqueda de
los estudiantes.
Refirió que en
la última reunión de 2019, Gómez Trejo mostró un informe en el que se advierte “más
solidez, más profundidad, más eficiencia, más claridad y con planes de trabajo
más definidos, con objetivos claros y más concretos”, en la investigación sobre
la desaparición de los jóvenes.
Sobre la
solicitud que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
reinstalar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como
lo dio a conocer en la víspera el organismo, Rosales Sierra reconoció que en
una reunión en la que estuvieron funcionarios del organismo, familiares de los
desaparecidos y sus representantes legales, “los familiares pidieron mayor
participación de los expertos en la definición de las líneas de investigación,
que su presencia fuera más efectiva y consistente, así como un nivel más alto
de coadyuvancia y de mayores facultades para revisar el expediente”.
A esa
solicitud, representantes de la CIDH consideraron que “sólo reinstalando el
GIEI es como se podría tener una mayor presencia de los expertos en la
asistencia técnica”.
Rosales explicó
que el tema sobre la viabilidad y la aceptación de la reinstalación del GIEI,
se tocará en la próxima reunión de la Comisión, prevista para el 8 de enero.
“Corresponderá
a los representantes del Estado mexicano determinar si se reinstala el GIEI
como recomienda la CIDH a petición de los padres y madres de los estudiantes, y
de las implicaciones que ello tendría”, resaltó Rosales Sierra.
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