Raymundo
Riva Palacio.
El martes,
una noticia opacó el final de la negociación del acuerdo comercial con Estados
Unidos y Canadá: agentes federales habían detenido en los suburbios de Dallas a
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe
Calderón. El fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, en
Brooklyn, donde se juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, lo acusó de recibir
millones de dólares del Cártel de Sinaloa y de conspiración con el
narcotráfico.
Donoghue
dijo que era por lo que se había señalado en su contra en la Corte de Brooklyn
y en otros tribunales. Es decir, la acusación no sólo se sustentaba en lo que
esa fiscalía había investigado, sino en testimonios de diferentes cortes. Sin
embargo, el fiscal dejó entrever que una parte importante de la acusación se
había hecho durante el juicio de El Chapo Guzmán. La hizo Jesús Zambada,
apodado El Rey, hermano del jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada,
en una declaración ante el Gran Jurado, que se usó en Brooklyn.
En el quinto
día del juicio, su abogado recordó que Zambada, que no quiso ratificar ante ese
tribunal su declaración por el riesgo de no poderla respaldar con pruebas y
perder su calidad de 'testigo protegido', había afirmado que le entregó una
maleta a García Luna en un restaurante con tres millones de dólares –que caben
en tres cajas si los billetes son de 100 dólares–, a nombre de su hermano. Un
despacho del corresponsal de la agencia Reuters, detalló más imputaciones:
“Un testigo
en el juicio sobre la acusación de tráfico de drogas en Estados Unidos del
líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, testificó que pagó un
soborno multimillonario a un subordinado del presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, en 2005. El vocero de López Obrador no respondió inmediatamente
la llamada, ni el mensaje de texto en busca de su comentario… Zambada dijo que
pagó ‘unos cuantos millones’ de dólares a un funcionario del gobierno de la
Ciudad de México mientras López Obrador era jefe de Gobierno, porque creía en
ese momento que iba a convertirse en el próximo secretario de Seguridad
Pública”.
En enero,
dentro del mismo juicio, Alex Cifuentes, quien se identificó como secretario
personal de Guzmán a finales de la década pasada, testificó que le había pagado
un soborno de 100 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto en
2012. Otros nombres de personas relevantes en México empezaron a salir, como el
del expresidente Felipe Calderón, a quien los testigos protegidos acusaron
también de recibir dinero del narcotráfico, que llevó a la Casa Blanca a
solicitar al juez que aquello que no tuviera sustento ni fuera motivo del
juicio, no se hiciera público. Pero el batidero estaba hecho. Gobernadores,
políticos, militares y policías aparecieron durante el juicio como parte de lo
que se dibujó como una corrupción sistémica en México.
En una
columna publicada a mediados de noviembre del año pasado, se señaló que si
todas las afirmaciones que hizo El Rey Zambada fueran ciertas, desde hace
décadas México sería un narcoestado. Pero eran tan extraordinarias las
imputaciones, que pese a no haberlas ratificado en la Corte, habría que
preguntarse qué estaba persiguiendo la Fiscalía en Brooklyn, y continúa
buscando, al seguir utilizándolas en otros casos. La acusación de Zambada no
era nueva. La hizo por primera vez tras ser detenido en 2008, cuando señaló que
García Luna y su equipo, que trabajaban en el desmantelamiento del Cártel de
Sinaloa, habían recibido dinero del Cártel de Sinaloa.
El entonces
procurador, Eduardo Medina Mora, buscó evidencias contra García Luna, sin
encontrar alguna, pero a un miembro clave de su equipo, el comisionado de la
Policía Federal, Gerardo Garay, apoyado en una declaración de Edgardo Bayardo,
un mando medio de la Policía Federal detenido por García Luna al comprobársele
que recibía 25 mil dólares mensuales del cártel que convirtió en testigo
protegido, lo metió a la cárcel. Cuatro años después, Garay fue exonerado de
todas las acusaciones.
Zambada fue
extraditado a Estados Unidos y se convirtió en uno de los testigos importantes
en el juicio contra Guzmán, que como se publicó hace más de un año, tenía un
alcance mayor. Todo el Estado mexicano fue puesto a juicio en Brooklyn, y las
imputaciones de Zambada, contra lo que se propuso en esta columna, no se
tomaron con cuidado por los antecedentes sobre la calidad de los testigos
protegidos, y el daño reputacional que hacían.
Un testigo
protegido de la DEA acusó a Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, de haber
estado involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena
Salazar, y pese a que años después se desmoronaron todas sus imputaciones, el
daño quedó sobre el actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Dos
testigos protegidos de la DEA acusaron a Raúl Salinas de recibir dinero del
narcotráfico, y sin importar que fueron expulsados del programa porque nunca
pudieron probar las imputaciones, la mancha quedó sobre el hermano del
expresidente.
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