Por Verónica
Espinosa.
Escoltas del
gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fueron acusados de ordenar la
detención ilegal del empresario veracruzano Juan Carlos Vázquez Bonilla de León
durante una visita al fraccionamiento donde vive el mandatario de Guanajuato.
Vázquez
Bonilla de León, excandidato del PAN a la presidencia municipal de San Juan
Evangelista, en Veracruz, fue puesto a disposición del Ministerio Público
Federal y vinculado a proceso por un juez por la posesión de un arma de fuego
de uso exclusivo del Ejército, que en realidad portaba uno de sus escoltas, un
militar retirado.
Tanto el
empresario como sus escoltas y abogados denunciaron que fueron hostigados por
los escoltas del gobernador en el fraccionamiento Alamedas de Alcázar, donde
vive el mandatario.
Según su
testimonio, Vázquez Bonilla llegó a visitar a unas personas que también
viven en el lugar el sábado 1 de febrero con sus escoltas.
No tuvo
problemas hasta el lunes 3 por la mañana, cuando al salir al bulevar Alonso de
Torres, los escoltas del gobernador les marcaron el alto y les pidieron mostrar
los permisos de las armas que portaban, entre ellas un rifle semiautomático y
una pistola calibre .38.
Tras
presentar los permisos, pudieron seguir su camino en el fraccionamiento
residencial.
Pero más
tarde ese mismo día, en el bulevar Juan Alonso de Torres fueron interceptados
nuevamente por personales de la Ayudantía del gobernador en una camioneta
blanca, y por agentes vestidos de civil que viajaban en otra camioneta Tahoe.
Los
escoltas pidieron la presencia de agentes de la Policía Municipal de León y
Fuerzas de Seguridad del estado.
Vázquez
Bonilla y los dos elementos que lo acompañaban aseguraron haber mostrado las
licencias para la portación de armas y la identificación del militar, pero los
agentes las desaparecieron y no las presentaron al Ministerio Público Federal.
En la
audiencia ante el juez, el abogado defensor presentó fotografías tomadas en
el momento de la detención del empresario y sus escoltas, en las que se ven las
armas y las identificaciones y licencias de portación de los tres. Las
fotografías fueron publicadas en diarios locales.
Pero en la
audiencia, celebrada el jueves 6 en la sede del Poder Judicial Federal en
Guanajuato, el juez de control federal Efraín Frausto Pérez desestimó las
fotografías.
El juzgador dijo
que creería lo declarado por los policías municipales, que informaron sobre la
detención del empresario, consignado en la carpeta que fue inicialmente
integrada por personal de la Fiscalía general del estado y turnada por
incompetencia al Ministerio Público Federal.
En la
carpeta no se consignó que los policías municipales detuvieron inicialmente a
Juan Carlos Vázquez y a sus dos escoltas por intervención de los guardias del
gobernador, y únicamente se adjudica al empresario veracruzano la posesión de
un arma calibre 40 Glock de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Esta
arma, según expuso su defensa, en realidad era portada por el militar retirado
que lo escoltaba, el teniente retirado Alberto Valenzuela Rodríguez, cuya
declaración corroboró lo dicho por el detenido.
“En mi
carácter de Teniente de transmisiones retirado de la Secretaria de la Defensa
Nacional, acreditado con mi credencial con número de folio 317429, expedida por
la Secretaria de la Defensa Nacional, la cual me fue sustraída por los
elementos de la policía municipal y que ignoro donde se encuentra, que en
términos de los artículos 128 y 129 Fracción III, letras a) y d) de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área
Mexicanos, contempla que ostento el grado de oficial en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicana”,
dice una parte del testimonio del militar citado por la defensa del detenido.
Pero esta
declaración del militar también fue desestimada por el juez Frausto Pérez,
quien además rechazó los informes de la Plataforma México exhibidos por el
defensor, en los que no se registran antecedentes de detenciones de ninguno de
los tres.
“Yo les
tengo que creer a los policías, el día que no les crea vamos a dejar de vivir
en un estado de derecho”, fueron las palabras del juez.
Al
escuchar esto, el empresario pidió ser arraigado en un domicilio o portar un
GPS, pues advirtió que se encontraba en riesgo si era recluido en un penal por
las amenazas vertidas en su contra por grupos del crimen organizado.
Pero, una
vez más, el juez se negó a atender su solicitud y ordenó su ingreso al Centro
de reinserción estatal en Puentecillas. “Me pueden matar”, advirtió Juan Carlos
Vázquez.
Sus
familiares dieron a conocer que se presentó una denuncia por la desaparición de
los documentos con que se amparaba el uso de las armas, así como por el
presunto robo de una maleta con ropa y zapatos de diseñador propiedad del
empresario que estaba en la cajuela del Mercedes Benz cuando los escoltas y los
policías municipales lo revisaron.
El actual
Secretario de Seguridad Pública Municipal en León, Mario Bravo Arroja, fue jefe
de seguridad del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en los primeros
meses de su sexenio, y fue él quien lo recomendó para el cargo que ocupa
actualmente.
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