Alistan freno a la 4T

Darío Celis.

La semana pasada en la Riviera Nayarita se reunió la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que en un acto de unidad refrendó su apoyo a Carlos Salazar.

No podía ser diferente: el mensaje a la 4T tenía que ser de unión. La coyuntura exige al empresariado cerrar filas frente a los embates de un poder Ejecutivo al que no se le ven contrapesos.

El Congreso es ampliamente dominado por Morena, que recién asumió interinamente Alfonso Ramírez Cuéllar, y la Suprema Corte de Justicia, que preside Arturo Zaldívar, está muy alineada al gobierno.

Uno de los temas en que el sector empresarial debe trabajar es en la definición de las llamadas 'líneas rojas', es decir, los temas de la agenda nacional que tienen un impacto en la vida de los mexicanos.

La semana pasada le referíamos que en un año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el saldo para el sector privado ha resultado más negativo que positivo.

Batallas perdidas hay muchas: desde las cancelaciones del nuevo aeropuerto y la reforma energética hasta el desmantelamiento de las comisiones de Derechos Humanos y Reguladora de Energía, pasando por una reforma fiscal que criminaliza al contribuyente.

Pero vienen más luchas que se tienen que dar: la reforma al sistema judicial, el uso del Fondo de Estabilización, la importación de medicinas, el tratamiento de las pensiones, la militarización de puertos, el etiquetado frontal que aún se litiga, etcétera, etcétera.

Empresas y sociedad en general tienen que determinar qué temas sí pueden transitar y qué otros de plano no son viables, por el bien de la población y de la vida nacional. Las 'líneas rojas'.

En un entorno de constantes cambios y con tanto ruido mediático que el propio presidente genera con sus mañaneras, se pierde de vista lo irrelevante de lo estratégico.

Con la oposición a la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, los adversarios políticos de la 4T descubrieron que judicializando temas se puede dar al traste con las imposiciones.

En esa tesitura se quiere crear una organización que tenga como fin judicializar expedientes de decisión política de gobierno, sea federal o incluso estatales.

Decisiones que emanen de proyectos de ley de Morena y sus partidos satélites, u ocurrencias del propio López Obrador, como la de utilizar a la Lotería Nacional para rifar el avión presidencial.

Decisiones contrarias al Estado de derecho y de trascendencia para la vida pública del país y los mexicanos. El caso de éxito ahí está: se frenó ocho meses la construcción del aeropuerto por judicializarlo.

PUES NADA, QUE el mismo viernes se adjudicó el segundo paquete del Tren Transístmico. Se trató del E100, el tramo que va de Medias Aguas a Ubero de 41.6 kilómetros. Lo ganó Construcciones Urales, una subsidiaria de la española Azvi que preside Manuel Contreras, tras ofertar 786 millones de pesos. El viernes por la mañana el Ferrocarril del Istmo de Tehuántepec, que dirige Gustavo Baca, ya había notificado que el fallo de ese paquete se difería para hoy martes, pero a las 3:00 de la tarde se convocó a los tres finalistas que se adelantaba para el viernes a las 7:00 de la noche. Hoy sale el E101 de Ubero a Mogoñé de otros 48.5 kilómetros. Se anticipa que ganarán La Peninsular de Carlos Hank Rohn con Caltia de José Luis Suárez.

GRUPO INDI, DE Manuel Muñozcano, lanzó una oferta no solicitada al Fonatur y al gobierno de Quintana Roo para ampliar la acotación de la autopista de la Riviera Maya en el tramo que va de Cancún a Tulum. Son alrededor de 120 kilómetros. En la propuesta van también los mismos españoles de Azvi del mencionado Manuel Contreras y el poderoso gestor de fondos Black Rock, de Larry Fink. Tanto gustó el planteamiento al fondo que dirige Rogelio Jiménez Pons que este mismo consorcio podría hacerse cargo de ese tramo del Tren Maya, sin duda el más atractivo de los cinco en que se dividió.

UN PROYECTO EN el que se estrenará el China Railway Construction como nuevo accionista mayoritario de Aldesa es el desarrollo de la vía Tuxtla Gutiérrez-San Cristobal de las Casas. Hablamos de una carretera que es parte del portafolios de AINDA, la firma asesora e inversora que preside Oscar de Buen y que dirige Manuel Rodríguez. La vialidad tiene una longitud de 46 kilómetros y se ampliará a tres carriles, para lo que se invertirán unos 900 millones de pesos. Aldesa, de Alejandro Fernández Ruiz, será la constructora.

CASHFIN VA A ASUMIR también la cartera que Santander tiene en Grupo Almost, de Daniel, Salomón y David Shamosh. Estamos hablando de unos 170 millones de pesos. Recién le decía que esta Sociedad Financiera de Objeto Múltiple de Sion Soffer previamente compró las carteras de Citibanamex y BBVA. En el caso del banco que lleva Manuel Romo son cerca de 300 millones de pesos y del que comanda Eduardo Osuna otros 150 millones. Sobre los Shamosh ya pesan demandas penales. La deuda supera los 3 mil 200 millones.

Y SI DE conflictos hablamos, el de CI Banco con la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil ya terminó en demandas penales contra directivos de la institución. Le habíamos platicado que la jueza Concepción Martín Argumosa ordenó al banco dirigido por Salvador Arroyo pagar a Grupo Trese unos 17 millones de dólares. Como se negaron, ordenó el emplazamiento del presidente del Consejo de Administración, Jorge Rangel de Alba. CI Banco ya solicitó al Consejo de la Judicatura, que preside Arturo Zaldívar, sancionarla.

Y YA QUE mencionábamos iniciativas que pueden afectar el desempeño de las empresas, le cuento que el Senado ya prepara una sobre 'Economía circular'. La trae Ricardo Monreal. Se trata de un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos como el agua y la energía, se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. La eliminación de las bolsas de plástico es un ejemplo.