Julio Astillero.
Al original
Instituto Federal Electoral (IFE) le cambiaron una palabra, para que quedara
como Instituto Nacional Electoral (INE), pero en esencia todo ha seguido
igual: es un organismo público teóricamente autónomo que prepara y realiza las
elecciones federales en México, aunque en la realidad ha sido en su cúpula
ejecutiva una instancia de procesamiento (fraudulento en varios casos
históricos) de esas jornadas comiciales conforme a los intereses de los grupos
políticamente dominantes desde que Carlos Salinas de Gortari creó tal
instancia, en 1990 (como respuesta a las acusaciones de fraude electoral e
ilegitimidad de su llegada a Los Pinos), pasando por la Docena Trágica de
Vicente Fox y Felipe Calderón (éste, otro caso escandaloso de fraude
electoral), hasta llegar a 2018, cuando una aplastante suma de votos y una
convenenciera atrofia mapacheril de última hora de Enrique Peña Nieto
inutilizaron cualquier pretensión de adulterar los resultados.
En términos
generales, los consejeros ciudadanos o electorales del IFE y del INE han
sido designados en función de repartos por cuotas entre los principales
partidos políticos, cuyos representantes para estos efectos negocian como
podría hacerse en un tianguis, incluso intercambiando favores o designaciones
en otros ámbitos, como el Poder Judicial, organismos autónomos o cargos
directivos en el Poder Ejecutivo, a cambio del voto de los opositores para que
el partido dominante se haga del control del IFE-INE. Claro, esos opositores se
quedan con algunos asientos en el consejo de esos institutos electorales.
A fin de
cuentas, los consejeros así nombrados suelen obedecer a las instrucciones
políticas de sus promotores individuales o partidistas. Ha habido ejemplos
de posturas decorosas, sobre todo en el periodo presidido por José Woldenberg
(1994- 1996), con el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el abogado José
Agustín Ortiz Pinchetti (actual fiscal especializado en asuntos electorales)
como figuras relevantes. En otros momentos, destacaron el abogado Jaime
Cárdenas Gracia, Mauricio Merino y Jesús Cantú (segundo de a bordo,
actualmente, en la coordinación de comunicación social de la Presidencia de la
República, con Jesús Ramírez Cuevas).
Pero, más
allá de las intensas discusiones que pudieran darse en el Consejo General del
IFE o el INE, donde participan representantes del Poder Legislativo y de los
partidos políticos con registro (todos éstos con voz, pero sin voto, a
diferencia de los 10 consejeros electorales y el presidente, que tienen voz y
voto), la clave operativa está en la Junta General Ejecutiva que preside la
misma persona que preside el Consejo General, actualmente Lorenzo Córdova
Vianello.
Es desde esa
Junta General Ejecutiva, su presidente, secretario ejecutivo y directores
ejecutivos, que se despliega la operación real. Una estructura amplia, que
consume una gran cantidad de recursos y desde la cual, si así se desea, se
pueden sembrar maniobras y luego cosechar resultados que permitan presentar
como veraces los resultados de una votación que no lo hubieran sido.
Como puede
verse, la integración del actual Consejo General del INE y de sus órganos
ejecutivos ya no corresponden a una realidad política que cambió el pasado
julio de 2018. En abril próximo deberán renovarse cuatro de los 11 asientos de
ese Consejo General, en una decisión legislativa en la que Morena, PT, PES y el
Verde pueden hacer que se cumplan las propuestas que por política real vendrán
de Palacio Nacional. Ya con un consejero proclive a Morena, más estos cuatro
por nombrar y alguno que ceda a lo pragmático, el obradorismo tendría mayoría.
Es de
desearse que el poderío numérico de Morena-Palacio Nacional instale perfiles
cívicos sin partidismo semioculto o condicionante. Pero, lo que sí es seguro,
es que el modelo faccioso y proclive al fraude electoral del IFE-INE está por
cambiar, al igual que directivas ejecutivas como la que hoy encabeza Lorenzo
Córdova.
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