Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
La
Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), el programa estrella del sexenio de
Enrique Peña Nieto para combatir la pobreza extrema alimentaria en el país,
fracasó: la población en esta situación se elevó 13% de 2014 a 2018, según
datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En 2014 había
6 millones 974 mil personas que no podían garantizar su alimento diario, y para
2018 la cifra se disparó a siete millones 873 mil mexicanos en esa lamentable
situación.
Según el
documento “Auditoría de Desempeño 2018-0-20100-07-0288-2019 288-DS”, sólo 16
de los 30 programas presupuestarios participantes en la estrategia en 2018
registraron la población atendida, sin especificar la carencia en la que
incidieron.
“En
consecuencia, no fue posible valorar en qué medida la estrategia erradicó las
precariedades sociales y mejoró el ingreso económico de esa población, ni
dispuso de mecanismos para verificar que, con su atención, la CNCH logró
desarrollar sus capacidades para que abandonaran dicha condición”, precisa.
Con la
información disponible, la ASF realizó la alineación de los programas
participantes con las carencias que atendieron, e identificó que mediante la
política en 2018 sólo se atendieron todas las carencias de 9.7 mil personas, lo
que significó únicamente el 0.1% de los 7.8 millones reportados por la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en esa condición.
Los
resultados de la fiscalización mostraron que en 2018 persistieron las
deficiencias en los diseños normativo, programático, presupuestal y de
evaluación de la CNCH, observadas por la ASF desde que se implementó en 2013.
El diseño
normativo careció de una legislación secundaria que reglamentara el derecho
constitucional a la alimentación y regulara el carácter transversal de la
política pública para coordinar a las dependencias con los gobiernos locales y
municipales, estableciendo funciones y responsabilidades.
Asimismo, en
el diseño programático no se definieron objetivos para solventar la falta de
acceso de la población en pobreza extrema alimentaria a los derechos sociales
de educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda y servicios
básicos en la vivienda.
Por otra
parte, el número de programas presupuestarios que participaron en la CNCH
disminuyó en 57.1%, al pasar de 70 programas en 2013 a 30 en 2018, lo que
evidenció deficiencias en la identificación de los programas presupuestarios
participantes en la estrategia.
En el diseño
de evaluación, la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la
Cruzada contra el Hambre elaboró la Matriz de Marco Lógico (MML) para valorar
el avance de la estrategia.
No
obstante, ésta no fue oportuna para evaluar la implementación de la cruzada y
la contribución en la solución del problema público, debido a que se operó
hasta el último trimestre de 2018, por lo que durante los seis años que se
instrumentó la CNCH careció de un parámetro de medición pertinente de lo que
pretendía lograr, así como de los mecanismos para evaluar su contribución en la
solución del problema público.
Así pues, en
opinión de la ASF, al concluir 2018 –a seis años de la puesta en marcha de la
Cruzada Nacional contra el Hambre–, la Sedesol (actualmente Secretaría de
Bienestar) no acreditó que esa estrategia hubiera sido una solución estructural
para “erradicar la pobreza extrema alimentaria” de 7.0 millones de personas en
esa condición.
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