Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
La
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) bajo el
mando de Rosario Robles, quien se encuentra procesada por su participación en
la llamada “estafa maestra”, dejó un daño a la Hacienda Pública Federal por un
monto de 52 millones de pesos, derivados de la realización del proyecto
“Consolidación de los procesos de activación y organización ciudadana en el
uso, cuidado y aprovechamiento del espacio público”.
La mitad de
esos recursos pararon en empresas fantasmas.
Para llevar
a cabo dicho programa, la Sedatu firmó un convenio con la asociación civil
Actividades Creativas para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (ACPVI),
que a decir de la Sedatu:
“Cuenta
con la capacidad jurídica suficiente para participar en el proyecto: asimismo,
que cuenta con la experiencia de haber realizado acciones sociales en calidad
de instancia ejecutora en el marco del Programa de Infraestructura, ya que en
2016 celebró un convenio de concertación con la Sedatu, demostrando el
cumplimiento de sus compromisos”.
Cuando la
ASF indagó sobre el proyecto, la asociación civil le presentó un documento sin
título, ni fecha de elaboración o fecha de acuse de recepción, signado por su
Apoderado Legal, documento que hace referencia al proyecto “Espacio Vivo 2018”,
el cual, en su contenido y descripción, no coincide con el proyecto
“Consolidación de los procesos de activación y organización ciudadana en el
uso, cuidado y aprovechamiento del espacio público”. Es decir, por el cual la
Sedatu le transfirió recursos públicos federales por 52 millones de pesos, al
amparo del “Acuerdo PINFRA/1SORD/05/2018”. De hecho, los dos proyectos difieren
en cuanto contenido y planteamiento de los servicios a ejecutar.
En la trama
financiera, la Sedatu entregó los 52 millones de pesos a ACPVI mediante tres
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), con cargo a la partida presupuestal
43101 “Subsidios a la Producción” en relación con el Programa Presupuestario
S273, “Programa de Infraestructura” para la Vertiente de Espacios Públicos y
participación comunitaria.
Transferencias.
A partir de
la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) a la ASF; y del análisis realizado se detectó lo siguiente:
El día 16 de
enero de 2018, la Tesorería de la Federación (Tesofe) realizó una
transferencia a la cuenta bancaria de la institución financiera BBVA Bancomer,
por un monto de 26 millones de pesos; de igual forma, el día 24 de abril de
2018, la Tesofe realizó una segunda transferencia por un monto de 15 millones
600 mil pesos.
La cuenta
a la cual la Tesofe realizó ambos depósitos se encuentra a nombre de ACPVI; las
antes referidas transferencias corresponden al anticipo y a la segunda
aportación para la ejecución de los servicios (acciones) del convenio de
concertación del 11 de enero de 2018.
“Cabe
señalar que, en cuanto los recursos públicos federales ingresaron a dicha
cuenta, fueron sujetos a descuentos por comisiones por concepto de ‘saldo de
inferior al mínimo’, quedando una cantidad de 41 millones 589 mil pesos;
comprobándose que dichos recursos se transfirieron a otra cuenta bancaria a
nombre de dicha asociación civil, de la institución financiera Scotiabank
Inverlat”, acotó la
ASF.
Asimismo,
se observó que en esta última cuenta, la Sedatu transfirió recursos públicos
federales por 10 millones 400 mil pesos, que ampara la tercera aportación; por
lo que la asociación civil ACPVI recibió en 2018, por parte de la Sedatu,
transferencias por un total de 52 millones de pesos correspondientes a recursos
públicos federales del ejercicio fiscal 2018.
De lo
anterior, se comprobó que, sin causa justificada, una vez que ACPVI, recibió
el anticipo de la dependencia por 26 millones de pesos; sin obrar ninguna
documentación justificativa o comprobatoria al respecto, los transfirió a la
cuenta bancaria a nombre de Sedatu espacios públicos; pero no acreditó
documentalmente el uso de los recursos para los fines que fueron destinados.
Empresas
fantasma.
Aunado a
lo antes observado se comprobó que los 26 millones restantes que ACPVI recibió
de parte de la Sedatu, los transfirió a las empresas fantasma Servicios
Integrales Kade S.A. de C.V. que recibió ocho millones 182.8 mil pesos; Impulso
Empresarial Becka S.A. de C.V. que captó nueve millones 578 mil pesos; mientras
que los restantes ocho millones 238 mil pesos fueron transferidos a
Comercializadora de Materiales Hospitalarios Goes S.A. DE C.V.
“Se tiene
como no localizadas a las personas morales antes señaladas, motivo por el cual
no fueron notificados los oficios de solicitud de documentación e información;
en consecuencia, no se comprobó que los recursos públicos federales recibidos
por dichas personas morales se aplicaron para el objeto que fueron destinados,
ni que los servicios respectivos fueron ejecutados”, sentenció la ASF.
Derivado de
la Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-0-15100-23-0209-2019 209-DS, la
ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para
que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano o su equivalente realice las investigaciones pertinentes.
Y, en su
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no cumplieron
con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura,
para el ejercicio fiscal 2018.
“Lo
anterior, toda vez, que no se observaron los criterios de priorización,
requisitos de elegibilidad, de solicitud y aprobación de proyectos; así como
tampoco llevaron a cabo el seguimiento y control de los avances y resultados de
las acciones, objeto de los convenios y contratos celebrados, ni dieron
seguimiento a la ejecución y ejercicio de los recursos públicos ministrados ya
que no acreditaron la realización de los trabajos convenidos y/o contratados”.
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