Falta de recursos complica la transición de PGR a FGR, advierte informe.

Por Arturo Ángel.

Un informe oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), enviado al Congreso de la Unión en enero pasado, revela que completar la transición de dicha institución desde la vieja PGR será un proceso lento y con plazos inciertos, debido a la falta de recursos que garanticen llevarlo a cabo.

El documento denominado Plan Estratégico de Transición subraya que la Ley Orgánica de la FGR ordenaba la asignación de fondos específicos y suficientes, que garantizaran la transformación de la entonces PGR en la nueva Fiscalía. Sin embargo, esto no ha ocurrido ni en 2019 ni en 2020, años en los que se ha asignado apenas el presupuesto suficiente – incluso con recortes – para mantener la operación de la institución, más no para su evolución.

“Esta situación obliga a replantear la asignación de recursos y muy probablemente, a atender con mayor gradualidad las acciones de transformación planteadas (…) la ejecución del plan estará sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales y de capital humano, así como a su autorización por parte de la Fiscalía General de la República”, señala el informe.

Actualmente la Fiscalía General opera con la mayor parte de la estructura y organización de la vieja PGR, aun cuando la misma ya desapareció en el papel. Esta es la razón por la que, por ejemplo, continúan existiendo las “subprocuradurías” como la SEIDO, que en la Ley Orgánica de la FGR no existen.

El documento firmado por el titular de la Unidad de Transición de la FGR, Alfonso Octavio García de León Olvera, detalla que en 2019 la Fiscalía contó con un presupuesto de 15 mil 351 millones de pesos, que no solo no incluyó un aumento para su modernización, sino que de hecho fue un recorte de 9% respecto a los recursos con los que contó cuando era aun PGR, en 2018.

Se interpretó que debido a que el cambio oficial de PGR a FGR había entrado en vigor en diciembre de 2018, el Congreso no tuvo tiempo para prever los recursos necesarios.

Por este motivo en el transcurso de 2019, y ya con el fiscal Alejandro Gertz Manero al frente, la institución diseño una propuesta de presupuesto de 18 mil 202 millones de pesos para 2020.

Pero en noviembre del año pasado la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de solo 16 mil 680 millones de pesos. Se trata de un recorte de más de 1 mil 500 millones de pesos, que el propio fiscal consideró de “inexplicable” en el informe anual de actividades enviado también al Congreso hace unos días.

En ese contexto, la Fiscalía señala que “en un escenario optimista” podría recibir recursos extra como resultado de los decomisos de dinero o de bienes relacionados con la delincuencia, que se destinarían al proceso de transición. Sin embargo, advierte que “es riesgoso” realizar una planeación sobre dinero cuya recaudación es incierta.

El Plan Estratégico de Transición de la FGR enviado al Congreso detalla un procedimiento dividido en dos etapas, con nueve objetivos en total, con los cuales se busca completar la liquidación de la vieja estructura de la PGR y poner en marcha del diseño institucional que marca la ley de la Fiscalía.

Y es que aun cuando la PGR oficialmente desapareció hace dos años al convertirse en una instancia autónoma denominada FGR, gran parte de su estructura se mantiene igual, con excepción de algunas fiscalías y unidades especializadas que por ley era obligatorio poner en marcha.

El documento detalla que la primera etapa de la estrategia planteada se denomina “soporte”, y la idea es crear las condiciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento de la institución, mientras se va transformando. Incluye objetivos como crear un sistema de información y análisis estratégico, un programa de administración para los cambios y un sistema de evaluación de los pasos.

La segunda etapa se denomina “transición” y contempla el cumplimiento de objetivos como la liquidación de casos rezagados, el desarrollo de un marco jurídico adecuado, vincular el esquema con un plan de persecución penal adecuado, reformular el modelo de gestión de la fiscalía, dotarla de una nueva estructura organizacional y poner en marcha un nuevo servicio profesional de carrera.

La prioridad, subraya el plan presentado, es conseguir una modernización real de la institución, que se enfoque en la solución de fenómenos delictivos complejos y en el impulso de mecanismos alternativos de justicia. Todo ello sin heredar los vicios que afectaron el funcionamiento de la PGR.

El documento detalla que se creará un mecanismo de seguimiento y un cronograma específico para el cumplimiento de cada uno de los objetivos. Sin embargo, no se define en el informe ningún plazo para que eso suceda ni se promete fecha alguna.

Lo que sí reitera la FGR es que el modelo de transición y su avance dependerá de los recursos presupuestales que el Poder Legislativo asigne cada año con este fin específico, y se reitera que la prioridad es que la institución no deje de funcionar.

Expertos de diversas organizaciones no gubernamentales advirtieron que la administración de la FGR encabezada por Alejandro Gertz Manero y el Poder Legislativo ha incumplido con la Ley Orgánica de la FGR, que ordenaba que el proceso de transición de dicha institución fuera transparente y con acompañamiento ciudadano.

En el informe denominado “¿Un año de justicia y autonomía de la Fiscalía?” los analistas advierten, por ejemplo, que se ha incumplido con uno de los artículos transitorios, que mandataba crear un Consejo Ciudadano de la FGR que daría seguimiento a la transformación de la institución.

A ello se suma la ausencia de un Plan de Persecución Penal definitivo que el fiscal debió presentar el pasado 18 de enero, pero que hasta ahora no existe o por lo menos no que se conozca públicamente. El tema es importante porque los artículos transitorios de la ley señalaban que el plan tiene que elaborarse con participación ciudadana, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

El Plan de Persecución Penal (como la propia FGR reconoce en el documento enviado al Congreso), es una pieza clave del proceso de transición pues en torno al mismo es que deben articularse una parte de los esfuerzos de modernización.

“Pero en estos meses del proceso de transición aun no se cuenta con, por ejemplo, mecanismos claros de transparencia para poder consultar las acciones que están llevando a cabo al interior de la Fiscalía (…) La ausencia al día de hoy, del Consejo Ciudadano de la FGR que participa en parte del proceso de construcción del plan es otra clara muestra del mínimo interés tanto del fiscal General como del Senado de la República para construir la nueva institucionalidad fiscal”, advierte el informe de las ONG.