Por Mathieu
Tourliere.
Durante
la gestión de Enrique Peña Nieto la administración de Pemex fue una calamidad,
según se desprende de las auditorías de la Cuenta Pública de 2018, cuando
experimentó pérdidas patrimoniales por 1 billón 7 mil millones de pesos, lo que
pone en riesgo su contribución fiscal. A las compras fraudulentas de empresas
chatarra como Agronitrogenados y el huachicoleo consentido desde en el interior
de la empresa, se suma la corrupción desmedida que hoy tiene en prisión a
varios exdirectivos.
Las
promesas de la Reforma Energética, implementada durante la administración de
Enrique Peña Nieto, quedaron en letra muerta: entre 2013 y 2018 los indicadores
financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) se desmoronaron, la producción de
hidrocarburos cayó y prácticamente todas las filiales de la petrolera sufrieron
pérdidas. Lo anterior, con sonados casos de corrupción en esa dependencia como
trasfondo.
Pemex cerró
2018 con pérdidas patrimoniales de 1 billón 7 mil millones de pesos y una deuda
de 2 billones 82 mil millones –85% más que en 2014–. La empresa “no fue
líquida”, tuvo un endeudamiento por encima del saldo de sus activos totales y
un capital contable negativo; “no fue rentable” e incluso presenta
posibilidades de “quiebra”.
El riesgo es
real: de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “de
continuar con las tendencias negativas (en Pemex), se pone en riesgo su
contribución fiscal, lo cual repercutiría negativamente en el crecimiento
económico del país y limitaría los recursos que pueden ser utilizados en
beneficio de la población”.
El jueves
20 la ASF terminó la entrega de auditorías a la Cuenta Pública 2018,
correspondiente al último año de administración de Peña Nieto; entre ellas, el
ente fiscalizador dio a conocer 13 informes detallados sobre el desempeño de
Pemex y sus filiales en el marco de la Reforma Energética.
La
reforma, que la administración priista consiguió mediante el Pacto por México,
terminó de abrir el sector energético mexicano al capital privado y catapultó
la popularidad de Peña Nieto en el ámbito internacional. Fue operada por los
sucesivos directores generales de Pemex –Emilio Lozoya Austin, José Antonio
González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina–, así como Luis Videgaray Caso,
el exsecretario de Hacienda.
Sin embargo,
las auditorías muestran que la situación de Pemex se degradó a lo largo del
sexenio, tanto por malas decisiones como por la escasez de recursos o el auge
del huachicol: sus costos de venta se dispararon 40%; el valor de sus activos
se redujo 18.5% y el costo financiero de la deuda pasó de 32 mil 600 millones
de pesos en 2013 a 122 mil 56 millones en 2018.
La Reforma
Energética escindió Pemex en un corporativo y siete empresas productivas
sucursales, que entraron en operación a finales de 2015. La ASF constató que
esas empresas “carecieron de un plan de negocios específico” y encontró una
evidente “falta de interés” de los sucesivos directores generales de Pemex en
ellas.
En 2018, por
ejemplo, Treviño nunca asistió a sus consejos de administración, ni siquiera a
las de Pemex Exploración y Producción (PEP), que aporta 9.2% de todos los
ingresos del gobierno mexicano.
A pesar
de los repetidos escándalos de corrupción ocurridos en Pemex durante el sexenio
pasado –por los cuales Lozoya se encuentra detenido en España, en espera de su
extradición a México–, la ASF observó que las filiales todavía carecen de
coordinación con la Unidad de Responsabilidades “para conocer y dar seguimiento
a la posible existencia de casos de corrupción, por lo que no existieron
garantías sobre la efectividad de los mecanismos para prevenir, detectar y
sancionar la corrupción”.
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