Por Pedro
Matías.
El pueblo
chatino de Santiago Yaitepec inició hoy un movimiento de resistencia pacífica
con un bloqueo al municipio donde se encuentra el santuario de la Virgen de
Juquila para exigir la libertad inmediata de su presidente municipal,
Roberto Salinas Santiago.
Demandan
además la renuncia del fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, y
del secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, por sus complicidades
con los caciques de Santa Catarina Juquila, la delincuencia organizada y por
fabricar delitos.
Mientras
que el alcalde Salinas Santiago denunció, a través de una carta: “actualmente
me encuentro detenido ilegalmente en los separos de Puerto Escondido, en
condiciones infrahumanas y temo por mi vida o lo que me llegue a pasar en las
próximas horas”.
Sin embargo,
advirtió al gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa que “matando y
encarcelando a los chatinos no se resolverá nada, al contrario, el problema se
puede radicalizar y se puede convertir en algo que puede generar pérdidas
irreparables a causa de su falta de tacto político y tacto para gobernar y
resolver los problemas y los grandes pendientes de Oaxaca. Ustedes opten por lo
que juzguen conveniente, porque el pueblo también los juzgará en su momento”.
Por lo
pronto, en una asamblea multitudinaria, los indígenas chatinos acordaron que
a partir de hoy 3 de febrero bloquearían la carretera que comunica a Oaxaca con
Santa Catarina Juquila en el paraje Río Manteca donde darán paso cada tres
horas.
“El
pueblo chatino de Santiago Yaitepec, desde muy temprano, iniciamos las acciones
de lucha pacífica y de protesta, para hacer cumplir el mandato de nuestra
máxima autoridad, la cual es la liberación inmediata de nuestro presidente
municipal.
“Nos
encontramos en una manifestación pacífica en el paraje Río Manteca, dentro de
nuestro territorio indígena, pues consideramos que aquí es donde el gobierno
tiene que venir a solucionar nuestras demandas”, puntualizaron.
Y retaron
al gobierno federal y estatal al manifestar que, “si gusta nuestro gobernador,
que mande a la Guardia Nacional o a la Policía Estatal para que nos reprima,
pues esa es la única forma que tiene siempre de solucionar los conflictos”.
Al pueblo
de Oaxaca le hicieron saber “que seguiremos en pie de lucha así como paulatinamente
la escalaremos si no encontramos pronta solución y diálogo a todas nuestras
demandas”.
Cuestionaron
que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la secretaria de
Gobernación del Gobierno de la República “brillen por su ausencia pues nos han
abandonado y dejado solos, bien por ustedes, se constata una vez más la
sistemática política del gobierno que discrimina a los pueblos indígenas”.
Para
soportar su dicho resaltaron que “en Yaitepec no tenemos los servicios
públicos elementales, todos se encuentran en Juquila y ahí desafortunadamente
tenemos que ir; no tenemos registro civil; no tenemos correo postal, no tenemos
universidad, los servicios de internet satelital lo obtenemos de empresarios de
Juquila y hasta la justicia se encuentra en control de Juquila pues ahí se
encuentra la fiscalía”.
Consideran
que se encuentran “en un estado de indefensión total puesto que los juzgados de
control se encuentran en Puerto Escondido y, por si fuera poco, el fiscal
general y los demás funcionarios públicos sirven a los intereses de
narcotraficantes y poderes de Juquila.
“Aunado a
todo esto, buena parte de esos intereses son de los poblanos que se han
adueñado de la mayoría de los comercios en esta región”.
Reforzaron
su dicho al afirmar que el gobierno del estado es racista y discriminatorio con
su pueblo, así como con los pueblos chatinos; “cosa más evidente es la deuda
pública que se le autorizó al gobernador, pues más de 70 millones de pesos
fueron asignados para la inversión pública a Juquila y para nuestro pueblo no
hay absolutamente nada”.
Por todo lo
anterior, agregaron, “el día de hoy es el comienzo de una lucha a largo
plazo para obligar al gobierno del estado a que se conduzca con imparcialidad,
y que el gobierno federal intervenga pues nos ha dejado solos, al amparo de los
caciques y narcotraficantes de la zona”.
Mencionaron
que “la democracia ha tenido efectos desastrosos con los chatinos y si ese
es el caso, asuman las consecuencias de lo que nos llegue a pasar por defender
nuestro derecho a vivir, a sobrevivir, al sobresalir pacíficamente”.
El
presidente municipal, desde la cárcel de Puerto Escondido, manifestó: “me
acusan de diversos delitos que no cometí, pues resulta claro que el problema de
fondo es el problema agrario que tenemos con Juquila.
“Sin
embargo, las tierras que desde tiempos inmemoriales poseemos son tierras que
legalmente pertenecen a mi pueblo, y vamos a luchar por ellas, aunque nos sigan
asesinando y llenen las cárceles con todos nosotros los indígenas chatinos”.
Recordó
que “la estrategia de despojo que Juquila ha realizado por muchos años no es
exclusiva en contra de Yaitepec, es una acción que ha realizado con casi todos
los pueblos chatinos vecinos, y no sólo eso, también nos ha discriminado
permanentemente”.
Sin embargo,
“los chatinos ya no vamos a seguir permitiendo este tipo de atropellos. Por
eso, desde la cárcel dónde ilegalmente me encuentro recluido, hago un llamado y
una convocatoria amplia, a todos mis hermanos chatinos, para que hagamos un
frente común contra la injusticia, la discriminación y la represión por parte
del gobierno del estado y de sus aliados los narcotraficantes y algunos
juquileños ambiciosos, que a toda costa quieren seguir enriqueciéndose con el
dinero de El Pedimento”.
Finalmente hizo
un llamado a reactivar “el movimiento indígena genuino, de nosotros los de
abajo, los pobres, y los olvidados, de nosotros los chatinos. Vamos todos por
el cambio y por la resistencia pacífica, para exigir respeto, paz y desarrollo.
Demostremos a Oaxaca y al mundo que los chatinos podemos resolver los problemas
con inteligencia y sin que corra una gota de sangre más”.
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