Guadalupe
Correa-Cabrera.
A raíz de la
intención de Donald Trump de cancelar la migración legal a los Estados Unidos
para supuestamente proteger a los trabajadores de ese país como consecuencia de
la pandemia del COVID-19, quedó clarísimo el papel tan clave que juegan los
trabajadores temporales de origen extranjero (muchos de ellos mexicanos) en
actividades consideradas como “esenciales”. No obstante, las pretensiones
originales del presidente estadounidense, la pandemia puso al descubierto la
gran dependencia de la economía estadounidense hacia la mano de obra barata
proveniente del sur del continente. Los trabajadores temporales en la
agricultura y otras actividades esenciales no serán nunca reemplazados por
ciudadanos estadounidenses, para quienes el pago resulta extremadamente bajo y
las condiciones inaceptables.
En este
contexto, es preciso analizar la situación actual de los trabajadores
temporales en los Estados Unidos, quienes llegan al país con una visa de
trabajo que puede ser renovada de acuerdo con la necesidades agrícolas o
industriales en ese país y a las decisiones de negocios de los empleadores,
muchas veces grandes empresas transnacionales. En un primer intento por
documentar esta situación, analizo la información proporcionada en una
entrevista que realicé con miembros de la Alianza de Trabajadores del Pescado y
el Marisco (Seafood Workers’ Alliance), una organización de base en el estado
de Louisiana enfocada en proteger los derechos de los trabajadores migrantes en
dicha industria y determinada a luchar en contra de los trabajos forzados y los
abusos en los centros laborales. La Alianza se forma en solidaridad con los
trabajadores legales temporales (muchos de ellos mexicanos), pero es inclusiva
y extiende sus redes de apoyo a migrantes indocumentados de diversas
nacionalidades.
Conocí el
trabajo de la Alianza en San Marcos, Texas en octubre pasado, en el marco de
una conferencia sobre esclavitud moderna, trabajo forzado y trata de personas
organizada por el Departamento de Historia y el Centro de Estudios del Suroeste
de la Universidad del Estado de Texas (Texas State University). Ahí pude
conversar con Sabina Trejo, organizadora en la Alianza, y con Marta e Ismael,
trabajadores temporales de origen mexicano, quienes han enfrentado serios
abusos laborales y se encuentran luchando por sus derechos y su dignidad. Ellos
realizan los trámites pertinentes para regularizar su situación migratoria en
los Estados Unidos. Ambos llegaron a ese país con visas temporales de trabajo y
me platicaron sobre la pesadilla que vivieron y que también viven muchos otros
migrantes que llegan a la Unión Americana de forma legal y con la expectativa
de trabajar y darle mejores posibilidades a sus familias.
Marta e
Ismael ingresaron a los Estados Unidos con visas H2A y H2B respectivamente
(visas para trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas) y me narraron su
experiencia. Las historias que me compartieron son similares a las que viven
miles de trabajadores mexicanos y de otras nacionalidades, quienes, como ellos,
son esenciales para la economía del Coloso del Norte. Y ahora, durante la
pandemia del COVID-19, su trabajo es quizás más importante que nunca. La
experiencia de muchos de los trabajadores temporales en Estados Unidos que
hacen a “América Grande” (America Great) es trágica muchas veces y las
condiciones que enfrentan podrían equipararse, en ocasiones, a una “esclavitud
moderna.” Para quienes estudiamos el tema de trata de personas, las historias
de Marta e Ismael no nos parecen extrañas o desconocidas.
Los miembros
de la Alianza me contaron sobre la realidad que ellos—y que muchos otros
trabajadores temporales en la industria del pescado y el marisco, la
agricultura y la construcción—enfrentan en los Estados Unidos al decidir
emigrar bajo un esquema formal y legal. En su contrato se encuentran
perfectamente bien estipuladas las condiciones de trabajo, los salarios, los
horarios, los viáticos, un paquete opcional de vivienda y un periodo fijo (de
4, 6, 8 o 12 meses) que podría extenderse o repetirse de acuerdo a las
necesidades del empleador. No obstante los compromisos que adquieren las
partes, muchos de los empleadores no cumplen con los mínimos establecidos en el
contrato. Por el contrario, muchos violan flagrantemente lo estipulado, por así
convenir a sus intereses y con el objeto aprovechar al máximo la mano de obra
de quienes deciden hacer los trabajos que muchos ciudadanos no están dispuestos
a realizar por ser labores demasiado arduas y por llevarse a cabo en
condiciones agrestes y nada convenientes.
El relato de
Marta e Ismael es más que desafortunado y llega incluso a ser trágico. Ellos
nos contaron que la realidad es mucho muy diferente de los descrito en el
contrato. Los migrantes temporales agrícolas y no agrícolas sufren abusos de
todo tipo por parte de los empleadores y los supervisores de las empresas para
las cuales trabajan. En muchas ocasiones, las jornadas de trabajo se extienden
muy por encima de las ocho horas que se establecen por ley. Además, muchos
empleadores no les proporcionan a su personal el equipo de trabajo necesario
para operar en condiciones seguras. Los malos tratos, los gritos y las
agresiones están a la orden del día y se registran frecuentemente incidentes de
acoso sexual. Muchos(as) de los(as) trabajadores(as) prefieren guardar silencio
pues temen perder su trabajo, su estatus migratorio y podrían perder también la
oportunidad de volver de nuevo. Ellos necesitan el trabajo y muchos desean
mantenerse en Estados Unidos de forma legal; aceptan lo que sea con tal de no
perder su trabajo ni su estatus migratorio.
Muchos
deciden negociar la renta de la vivienda directamente con el patrón, pero en
esa área se registran también innumerables abusos. Muchas veces las condiciones
de vivienda son deplorables según me describen y se les ofrecen espacios muy
pequeños o inconvenientes. Es frecuente que en espacios muy reducidos o casas rodantes
(les llaman trailas) diseñadas, por así decirlo, para cuatro personas, llegan
incluso a acomodar 8 o 10 personas. Marta me dice: “A veces sentimos que no nos
consideran como seres humanos sino como mercancía”. Por otro lado, la atención
médica es muy deficiente y a veces cuando se accidentan o se les extiende una
incapacidad, el patrón les obliga a que continúen trabajando y que se presenten
a trabajar al día siguiente—sin importar el dolor o enfermedad. “A muchos que
se accidentan, los regresan y no los vuelven a contratar.”
“La
extensión de la jornada laboral sin goce sueldo por horas extras es una
práctica demasiado común,” según me comentan. No importa tampoco si las
condiciones climáticas son muy severas. Algunos no reciben los viáticos acordados.
Los abusos y las humillaciones son una constante y el miedo a perder el trabajo
y su visa (y estatus migratorio legal) les hacer aceptar cualquier cosa.
Además, muchos no conocen las leyes del país, la mayoría no hablan inglés y el
futuro de sus familias depende de ese trabajo. En realidad, los niveles de
explotación a los que están sujetos muchos de ellos, así como el fraude (sin
castigo) que cometen algunos empleadores nos hace pensar directamente en el
concepto de trata de personas. Muchos trabajadores temporales agrícolas y no
agrícolas en Estados Unidos parecen vivir una especie de esclavitud en la era
moderna. A muchos de ellos se les facilita el transporte y se les acoge en
centros de trabajo donde el fraude y una especie de trabajos forzados (sin el
pago de horas extra) los mantiene en un claro esquema de explotación. Dichas
condiciones parecen ajustarse perfectamente la definición de trata laboral.
Además de
los abusos, la precariedad laboral y el temor que enfrentan muchos trabajadores
migrantes temporales en Estados Unidos, es preciso destacar que cuentan con
limitadísimas formas o redes de protección para hacer valer sus derechos.
Sabina, Marta e Ismael describieron cómo muchos trabajadores se sienten
indefensos ante un sistema formado por instituciones que operan en colusión
para beneficiar al empleador, sin considerar los derechos y demandas del
trabajador. Se refieren a este sistema como un “monstruo de tres cabezas” que
los paraliza y los aterroriza. Las cabezas del “monstruo” son: i) el empleador,
2) la policía local (o la oficina del sheriff), y 3) las autoridades
migratorias (a las que se refieren como la “migra”). Así, patrones y
“poli-migra” (combinación de las últimas dos cabezas de la bestia), operan en
contubernio para asegurar una especie de esclavitud en la era moderna.
Por si fuera
poco, el ataque del “monstruo de las tres cabezas” se complica debido a un
cambio administrativo reciente o reorganización de funciones al interior del
Departamento del Trabajo de Estados Unidos. La División de Salarios y Horas de
este ministerio/secretaría—que entre sus muchas funciones mantiene a las visas
H2A y H2B dentro de su área de competencia—decide transferir algunas de sus
funciones al ámbito local. En caso de abuso grave, los trabajadores temporales
que se encuentran laborando legalmente o que fueron despedidos y que perdieron
su estatus pueden recurrir al Departamento del Trabajo y solicitar una Visa U
(para víctimas de una larga lista de abusos) o una Visa T (para víctimas de
trata de personas).
No muchos
migrantes conocen sus derechos, pero aquellos que sí los conocen y se atreven a
denunciar abusos, encuentran una opción viable en este tipo de visas.
Anteriormente, la certificación, investigación (de la denuncia de abuso) y la
aprobación de las visas se hacía directamente por parte de la agencia federal
(el Departamento del Trabajo a través de sus oficinas regionales). Con el
reciente cambio administrativo, ahora la investigación y la certificación del
abuso se realizan por parte de las autoridades locales (la oficina del
sheriff). Este nuevo proceso resulta mucho más tardado según lo que me
explicaron, además de que ahora se les deja a merced del “monstruo de las tres
cabezas”. En ciertas ocasiones, el patrón guarda una relación estrecha con los
sheriffs (cuyas campañas son algunas veces financiadas por las empresas). Y una
forma de que estos dos actores ejercen presión adicional sobre el trabajador es
a través de sus vínculos cercanos con la migra.
Ahora mismo,
el proceso para la obtención de una Visa U o una Visa T es mucho más complicado
que en el pasado. Pero no por ello Marta e Ismael se dan por vencidos; ellos
son valientes guerreros. Con la ayuda de Sabina y otros organizadores y
abogados de la Alianza de Trabajadores del Pescado y el Marisco, han decidido
enfrentar al “monstruo”. Marta consiguió su visa U y ahora es residente en los
Estados Unidos (tiene una Green Card). Marta ayuda a sus compañeros. Ismael se
encuentra peleando su caso. Los abusos que me confiaron fueron atroces.
Esperemos se haga justicia. Confío en que el triunfo de ellos sentará un
precedente. La lucha de ellos es por el bien de todos los trabajadores
migrantes que hacen hoy, y han hecho siempre, a “América Grande”.
Y en solidaridad
con ellos y con todos los trabajadores temporales mexicanos en Estados Unidos
hagamos conciencia, contemos su historia y ayudemos en lo que podamos. Yo
invito a los reporteros nacionales y extranjeros a cubrir estas historias de
abusos laboral, trabajos forzados y trata de personas. Podríamos empezar
comunicándonos con los compañeros de la Alianza de Trabajadores del Pescado y
el Marisco en Louisiana (@SeafoodWorkers). El valioso trabajo de organizaciones
como ésta necesita multiplicarse en todas las regiones olvidadas de la Unión
Americana.
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