Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
En medio de los cuestionamientos que
el presidente Andrés Manuel López Obrador y el legislativo han hecho a los
organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica;
Alejandra Palacios Prietos, quien es la encargada de combatir las prácticas
monopólicas del país, manda un mensaje claro al nuevo gobierno:
“Se necesita revisar las Leyes de
Adquisiciones y Obras Públicas Federales para acotar los espacios a la
discrecionalidad. Le conviene a la administración, porque de los objetivos
importantes de López Obrador y por lo cual consiguió una votación tan
arrolladora es porque los mexicanos estamos hartos de la corrupción”.
“Eso es una responsabilidad yo diría
conjunta. Nos interesa que eso pase a nosotros, como organismo de competencia,
le interesa a la sociedad civil, a las asociaciones que han hecho análisis de
corrupción, ya que la mayoría de los casos de monopolios en este país están
relacionados con temas de corrupción”.
En el
comienzo de la llamada “Cuarta Transformación”, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece) estuvo en el “ojo del huracán” al grado que el senador de Morena, Cruz
Pérez Cuellar vio como “insostenible” su continuidad al frente del organismo
antimonopolios, al igual que el vicecoordinador de los diputados del Partido
del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya.
El asunto que levantó ámpula en
contra de Palacios fue un artículo de opinión publicado en el diario Reforma el
pasado 24 de febrero titulado “Adjudicaciones directas: el caso de Banco
Azteca”, en el que cuestiona que el gobierno haya adjudicado directamente a
Banco Azteca para distribuir el dinero de los apoyos sociales a jóvenes y
adultos mayores.
Aunque Alejandra Palacios ya se
reunió la semana pasada con el mandatario para acotar los temas de competencia
en algunos proyectos como la instalación de la fibra óptica, de licitaciones en
materia de medicinas, así como de las concesiones en materia ferroviaria y de
autotransporte; el mismo presidente reprobó lo expresado por la funcionaria.
“Sí, yo creo que hizo mal porque no
debería actuar de esa forma, pero tengo entendido de que ya la parte afectada
ya presentó una denuncia y se va a resolver legalmente. Ese es mi punto de
vista, no debió expresarse de esa manera”, señaló en su rueda de prensa matutina del pasado ocho
de marzo ante pregunta expresa de un reportero.
De paso, López Obrador se dijo en contra de la
decisión de la Cofece respecto a la fusión entre Walt Disney y 21st Century
Fox, que finalmente aprobó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
bajo la condición de que las empresas acepten vender los canales y derechos de
programación de Fox Sports en el país. Dicha operación ya fue realizada.
El mandatario aprovechó la famosa
“mañanera” para lanzarse de nueva cuenta contra los organismos autónomos, en
particular, contra la Cofece:
“Claro son independientes, son
autónomos, pero, pues, tenemos derecho a señalar ciertas cosas… Se tiene que
proteger al usuario, al consumidor que no haya este tipo de abusos, que no haya
monopolio, porque sigue habiendo monopolios, se viola la Constitución, se viola
el artículo 28 de la Constitución”.
Y remató:
“Hay una tendencia al monopolio, en
la compra de las medicinas, monopolio; en la compra de los alimentos para los
reclusorios, monopolios; una empresa que abastece el 90%. Eso es una
irregularidad, no hay competencia. ¿En qué quedamos?, ¿no que estamos a favor
del libre comercio?, ¿o queremos la libertad comercial, la libertad empresarial
sólo aplicada al de enfrente? Cuando nos beneficia el monopolio lo aceptamos”.
Para
Palacios Prieto “un tema es un cuestionamiento más general, de las autonomías,
y otro es el cuestionamiento del senador Cruz Pérez Cuellar hacia mi persona,
mi forma de actuar y sobre si mi presidencia es sostenible”.
Sobre el artículo publicado en el
diario Reforma señala que “ahí mi respuesta es: en primer lugar, escribí ese
artículo en el ejercicio de mi libertad de expresión…Dos, habiéndolo hecho de
esa manera, esa actuación no menoscaba ni demerita las facultades que nos da la
Ley de Competencia Económica en términos de promover las políticas de
competencia y promover acciones a favor de la competencia económica”.
Abunda:
“Y quiero ser muy clara de que yo no
denosté a ningún banco ni al sistema financiero en lo más mínimo. Lo que dije
es que, a mi parecer, el gobierno pudo haber licitado ese servicio y sabemos,
esto es práctica internacional, que el gobierno está seguro, que consiguió las
mejores condiciones a cualquier cosa que contrata, después de un proceso
competido”.
Pero si el gobierno en un acto de
autoridad decide adjudicarle un contrato directo a alguien, acota, ese es un
acto de gobierno, y ahí lo que habría que hacer es revisar la legalidad del
acto. Ese tema de revisar el acto no está en la esfera de la Cofece, aclara.
Luego
remata:
“Simplemente no hay manera de que yo
haya prejuzgado sobre nada. Nunca va a haber investigación en ese asunto, no
podemos. Podemos en nuestra facultad de promover los principios de competencia,
promover que las autoridades lo hagan, señalar los potenciales riesgos al
mercado cuando no se hacen, pero todas esas son opiniones no vinculantes, no
son actos de autoridad, no podemos iniciar investigaciones”.
El otro tema por el que ha sido
criticada Palacios Prieto, es por presentar una acción de inconstitucionalidad
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la Ley de Obras
Públicas y Adquisiciones aprobada en Tabasco, la cual “deja mayor espacio a la
discrecionalidad”.
“Esa ley no la aprobó López Obrador,
la aprobó la legislatura que entró en su mayoría de Morena, pero en su momento
el gobernador era Arturo Núñez y desde nuestra perspectiva es que esa ley
amplía muchísimo los espacios a la discrecionalidad”, explica la presidenta de la Cofece.
Matiza:
“Esa es la segunda crítica del
senador, a mí me parece que haber presentado una acción de
inconstitucionalidad, en nada tiene que ver en juzgar el proyecto de López
Obrador, es simplemente que debemos de cuidar que las contrataciones se hagan
de manera competida. Y también creemos que, si Tabasco puede modificar su ley,
eventualmente puede hacerlo cualquier otra entidad federativa. Hay que ponerlo
un freno a esa circunstancia”.
Alejandra Palacios lanza sobre la
mesa la tercera crítica del senador respecto a la controversia por la Ley de
Remuneraciones de Servidores Públicos que presentó la Cofece ante la SCJN, la
cual fue rechazada.
Para la exdirectora de Proyectos de
Competencia y Buen Gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) “hoy en día, la ley que impugnamos no es muy clara, respecto a los
parámetros con los cuales se fija el sueldo del presidente. Entonces este año
son 108 mil pesos o a lo mejor el próximo año son 140 mil, o 90 mil, o igual
son 108 mil… Pero digamos esa incertidumbre persiste para quienes trabajan con
nosotros, y lo que pedimos es una revisión de esa ley, justamente, para que se
definan esos parámetros”.
Luego
argumenta que “la competencia económica
en este país se aprende, la verdad, de la autoridad, no hay clases de esto,
entonces hay que hacer carrera. Uno se tarda ocho años en especializarse en la
materia”.
Niega
conflicto de interés. “La ley lo reglamenta”
Proceso consultó la declaración
patrimonial de Alejandra Palacios en la que no hace público un posible
conflicto de interés a través de su cónyuge Juan Saldívar Von Wouthenau, quien
aparece en el consejo de administración de Grupo Diniz.
Grupo Diniz es ni más ni menos, según
la agencia calificadora HR Ratings, un conglomerado de empresas dedicadas
principalmente a la instalación y operación de centros de entretenimiento en 19
ciudades de la República Mexicana.
Su operación incluye centros de
diversión, máquinas de video, simuladores, juegos familiares, comercialización
de alimentos, boliche y pistas de hielo, alcanzando un total de 50 centros de
entretenimiento familiar, bajo la firma Recorcholis; cuatro Play Box; y el
nuevo parque de diversiones “Kataplum”, edificado en la azotea del centro
comercial Las Antenas, en la delegación Iztapalapa y abierto en noviembre del
2018.
Según
Alejandra Palacios, su esposo renunció
al consejo de administración de Grupo Diniz hace unas semanas, sin embargo, no
ha habido una comunicación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que lo
confirme y aún sigue apareciendo en el consejo de administración de dicha
compañía.
Saldívar es además es CEO y fundador
de SWS consulting, “especializada en la implementación de estrategias
disruptivas enfocadas en generar resultados. Nuestros clientes son jugadores
globales y líderes locales en busca de una posición estratégica que aproveche
los beneficios de un mundo conectado”, según su portal web.
También es directivo de Entravisión Communications
Corporation, con sede en Santa Mónica, California; y del 2003 al 2011 colaboró
con Televisa en el área de multimedia. Juan Saldívar. En el área editorial es
parte del consejo de administración de Travesías Media que edita la publicación
llamada con el mismo nombre, además de Gatopardo y Local.
Con su declaración patrimonial y de
intereses en la mano, la presidenta de la Cofece explica a este semanario:
“Cuando hicimos la declaración el año
pasado no obligaba a tu declaración patrimonial poner tus conflictos de
interés. De hecho, la declaración patrimonial, ni siquiera trae un espacio para
poner posibles conflictos de interés. Vamos a declarar en mayo. Necesitamos
conocer finalmente, cual va a ser el formato autorizado por la Secretaría de la
Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, para la declaración de
patrimonio y de intereses”.
Agrega que “a esto no estoy obligada, porque el
formato ni siquiera lo pone, porque yo quiero, que nadie me señale de nada, lo
pongo. Es distinto ponerlo, que hacerlo público, tú no lo ves, pero todo lo de
mi esposo está aquí. No hay ni siquiera una sección de conflicto de interés,
pero yo ocupo la sección de observaciones para poner todo lo relacionado con mi
esposo. No tiene por qué ser público, pero el contralor tiene acceso a él todo
el tiempo”.
–Lo de su
participación en Grupo Diniz es información pública – se le aclara a la
presidenta comisionada.
–Ya renunció hace como tres semanas.
Si llega una denuncia de Recorcholis, yo le presento al pleno una propuesta de
que me excuso de participar. Es responsabilidad del comisionado alzar la voz y
preguntarle al pleno si puedo participar o no.
–¿No es
hasta una táctica “política” no hacerlo público?
–Pero está, ¿qué diferencia hace?
–revira.
–Usted es la
comisionada presidente del organismo antimonopolios.
–Yo la verdad quisiera poder separar
mi vida pública, de la vida privada, mi obligación es cumplir a rajatabla con
la ley y ahí está. No estaba yo obligada a poner nada de lo que hace mi esposo
y ahí está en mi declaración. No lo hago pública por un tema de respeto a él, a
su vida, a su privacidad –concluye.
La Ley Federal de Competencia
Económica prevé que los comisionados pudieran tener, en ciertas circunstancias,
conflicto de interés. Para resolverlo, establece la presentación de una excusa.
Entre las causas para presentar una
excusa son: el parentesco en línea recta sin limitación de grado; el colateral
por consanguinidad hasta el cuarto grada y el colateral; que tenga interés
personal, familiar o de negocios en el asunto; que él, su cónyuge o alguno de
sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sea heredero, legatario,
donatario o fiador de algún agente económico involucrado en el procedimiento en
cuestión.
Asimismo, que haya sido perito,
testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate, o haya
gestionado anteriormente el asunto en favor o en contra de los interesados; que
haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de que el
pleno resuelva el asunto.
De acuerdo
con una nota publicada por El Economista, el pasado 25 de febrero, Alejandra Palacios ha presentado en cinco
ocasiones solicitud de excusa en asuntos tratados en la comisión; sin embargo,
en tres ocasiones el pleno calificó la solicitud de excusa como improcedente.
Las únicas dos solicitudes de excusa
aprobadas fueron en la investigación de condiciones en los servicios de
interconexión, derechos de paso y de arrastre del transporte ferroviario de
carga. Y en la que se estudiaba la concentración entre Bio Pappel y Scribe.
En la
primera, Palacios Prieto solicitó la
excusa porque un hermano Roberto fue nombrado consejero suplente del Consejo de
Administración de Industrias Peñoles, que es uno de los accionistas de la línea
Coahuila-Durango, agente económico que presentó la solicitud para que se
iniciará este procedimiento ante la Autoridad Investigadora de la Cofece.
Roberto
Palacios Prieto, también forma parte del
Consejo de Administración de Grupo Nacional Provincial (GNP), que junto con
Peñoles forman parte de Grupo BAL, propiedad de Alberto Baillères.
Mientras
que, en el segundo caso, solicitó
excusarse porque su primo hermano se desempeñaba como director general de
Scribe.
