Cofece llama a revisar leyes de adquisiciones y obras públicas para evitar corrupción.

Por Juan Carlos Cruz Vargas.

En medio de los cuestionamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el legislativo han hecho a los organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica; Alejandra Palacios Prietos, quien es la encargada de combatir las prácticas monopólicas del país, manda un mensaje claro al nuevo gobierno:

“Se necesita revisar las Leyes de Adquisiciones y Obras Públicas Federales para acotar los espacios a la discrecionalidad. Le conviene a la administración, porque de los objetivos importantes de López Obrador y por lo cual consiguió una votación tan arrolladora es porque los mexicanos estamos hartos de la corrupción”.

“Eso es una responsabilidad yo diría conjunta. Nos interesa que eso pase a nosotros, como organismo de competencia, le interesa a la sociedad civil, a las asociaciones que han hecho análisis de corrupción, ya que la mayoría de los casos de monopolios en este país están relacionados con temas de corrupción”.

En el comienzo de la llamada “Cuarta Transformación”, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) estuvo en el “ojo del huracán” al grado que el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar vio como “insostenible” su continuidad al frente del organismo antimonopolios, al igual que el vicecoordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya.

El asunto que levantó ámpula en contra de Palacios fue un artículo de opinión publicado en el diario Reforma el pasado 24 de febrero titulado “Adjudicaciones directas: el caso de Banco Azteca”, en el que cuestiona que el gobierno haya adjudicado directamente a Banco Azteca para distribuir el dinero de los apoyos sociales a jóvenes y adultos mayores.

Aunque Alejandra Palacios ya se reunió la semana pasada con el mandatario para acotar los temas de competencia en algunos proyectos como la instalación de la fibra óptica, de licitaciones en materia de medicinas, así como de las concesiones en materia ferroviaria y de autotransporte; el mismo presidente reprobó lo expresado por la funcionaria.

“Sí, yo creo que hizo mal porque no debería actuar de esa forma, pero tengo entendido de que ya la parte afectada ya presentó una denuncia y se va a resolver legalmente. Ese es mi punto de vista, no debió expresarse de esa manera”, señaló en su rueda de prensa matutina del pasado ocho de marzo ante pregunta expresa de un reportero.

De paso, López Obrador se dijo en contra de la decisión de la Cofece respecto a la fusión entre Walt Disney y 21st Century Fox, que finalmente aprobó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) bajo la condición de que las empresas acepten vender los canales y derechos de programación de Fox Sports en el país. Dicha operación ya fue realizada.

El mandatario aprovechó la famosa “mañanera” para lanzarse de nueva cuenta contra los organismos autónomos, en particular, contra la Cofece:

“Claro son independientes, son autónomos, pero, pues, tenemos derecho a señalar ciertas cosas… Se tiene que proteger al usuario, al consumidor que no haya este tipo de abusos, que no haya monopolio, porque sigue habiendo monopolios, se viola la Constitución, se viola el artículo 28 de la Constitución”.

Y remató:

“Hay una tendencia al monopolio, en la compra de las medicinas, monopolio; en la compra de los alimentos para los reclusorios, monopolios; una empresa que abastece el 90%. Eso es una irregularidad, no hay competencia. ¿En qué quedamos?, ¿no que estamos a favor del libre comercio?, ¿o queremos la libertad comercial, la libertad empresarial sólo aplicada al de enfrente? Cuando nos beneficia el monopolio lo aceptamos”.

Para Palacios Prieto “un tema es un cuestionamiento más general, de las autonomías, y otro es el cuestionamiento del senador Cruz Pérez Cuellar hacia mi persona, mi forma de actuar y sobre si mi presidencia es sostenible”.

Sobre el artículo publicado en el diario Reforma señala que “ahí mi respuesta es: en primer lugar, escribí ese artículo en el ejercicio de mi libertad de expresión…Dos, habiéndolo hecho de esa manera, esa actuación no menoscaba ni demerita las facultades que nos da la Ley de Competencia Económica en términos de promover las políticas de competencia y promover acciones a favor de la competencia económica”.

Abunda:

“Y quiero ser muy clara de que yo no denosté a ningún banco ni al sistema financiero en lo más mínimo. Lo que dije es que, a mi parecer, el gobierno pudo haber licitado ese servicio y sabemos, esto es práctica internacional, que el gobierno está seguro, que consiguió las mejores condiciones a cualquier cosa que contrata, después de un proceso competido”.

Pero si el gobierno en un acto de autoridad decide adjudicarle un contrato directo a alguien, acota, ese es un acto de gobierno, y ahí lo que habría que hacer es revisar la legalidad del acto. Ese tema de revisar el acto no está en la esfera de la Cofece, aclara.

Luego remata:

“Simplemente no hay manera de que yo haya prejuzgado sobre nada. Nunca va a haber investigación en ese asunto, no podemos. Podemos en nuestra facultad de promover los principios de competencia, promover que las autoridades lo hagan, señalar los potenciales riesgos al mercado cuando no se hacen, pero todas esas son opiniones no vinculantes, no son actos de autoridad, no podemos iniciar investigaciones”.

El otro tema por el que ha sido criticada Palacios Prieto, es por presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones aprobada en Tabasco, la cual “deja mayor espacio a la discrecionalidad”.

“Esa ley no la aprobó López Obrador, la aprobó la legislatura que entró en su mayoría de Morena, pero en su momento el gobernador era Arturo Núñez y desde nuestra perspectiva es que esa ley amplía muchísimo los espacios a la discrecionalidad”, explica la presidenta de la Cofece.

Matiza:

“Esa es la segunda crítica del senador, a mí me parece que haber presentado una acción de inconstitucionalidad, en nada tiene que ver en juzgar el proyecto de López Obrador, es simplemente que debemos de cuidar que las contrataciones se hagan de manera competida. Y también creemos que, si Tabasco puede modificar su ley, eventualmente puede hacerlo cualquier otra entidad federativa. Hay que ponerlo un freno a esa circunstancia”.

Alejandra Palacios lanza sobre la mesa la tercera crítica del senador respecto a la controversia por la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos que presentó la Cofece ante la SCJN, la cual fue rechazada.

Para la exdirectora de Proyectos de Competencia y Buen Gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) “hoy en día, la ley que impugnamos no es muy clara, respecto a los parámetros con los cuales se fija el sueldo del presidente. Entonces este año son 108 mil pesos o a lo mejor el próximo año son 140 mil, o 90 mil, o igual son 108 mil… Pero digamos esa incertidumbre persiste para quienes trabajan con nosotros, y lo que pedimos es una revisión de esa ley, justamente, para que se definan esos parámetros”.

Luego argumenta que “la competencia económica en este país se aprende, la verdad, de la autoridad, no hay clases de esto, entonces hay que hacer carrera. Uno se tarda ocho años en especializarse en la materia”.

Niega conflicto de interés. “La ley lo reglamenta”

Proceso consultó la declaración patrimonial de Alejandra Palacios en la que no hace público un posible conflicto de interés a través de su cónyuge Juan Saldívar Von Wouthenau, quien aparece en el consejo de administración de Grupo Diniz.

Grupo Diniz es ni más ni menos, según la agencia calificadora HR Ratings, un conglomerado de empresas dedicadas principalmente a la instalación y operación de centros de entretenimiento en 19 ciudades de la República Mexicana.

Su operación incluye centros de diversión, máquinas de video, simuladores, juegos familiares, comercialización de alimentos, boliche y pistas de hielo, alcanzando un total de 50 centros de entretenimiento familiar, bajo la firma Recorcholis; cuatro Play Box; y el nuevo parque de diversiones “Kataplum”, edificado en la azotea del centro comercial Las Antenas, en la delegación Iztapalapa y abierto en noviembre del 2018.

Según Alejandra Palacios, su esposo renunció al consejo de administración de Grupo Diniz hace unas semanas, sin embargo, no ha habido una comunicación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que lo confirme y aún sigue apareciendo en el consejo de administración de dicha compañía.

Saldívar es además es CEO y fundador de SWS consulting, “especializada en la implementación de estrategias disruptivas enfocadas en generar resultados. Nuestros clientes son jugadores globales y líderes locales en busca de una posición estratégica que aproveche los beneficios de un mundo conectado”, según su portal web.

También es directivo de Entravisión Communications Corporation, con sede en Santa Mónica, California; y del 2003 al 2011 colaboró con Televisa en el área de multimedia. Juan Saldívar. En el área editorial es parte del consejo de administración de Travesías Media que edita la publicación llamada con el mismo nombre, además de Gatopardo y Local.

Con su declaración patrimonial y de intereses en la mano, la presidenta de la Cofece explica a este semanario:

“Cuando hicimos la declaración el año pasado no obligaba a tu declaración patrimonial poner tus conflictos de interés. De hecho, la declaración patrimonial, ni siquiera trae un espacio para poner posibles conflictos de interés. Vamos a declarar en mayo. Necesitamos conocer finalmente, cual va a ser el formato autorizado por la Secretaría de la Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, para la declaración de patrimonio y de intereses”.

Agrega que “a esto no estoy obligada, porque el formato ni siquiera lo pone, porque yo quiero, que nadie me señale de nada, lo pongo. Es distinto ponerlo, que hacerlo público, tú no lo ves, pero todo lo de mi esposo está aquí. No hay ni siquiera una sección de conflicto de interés, pero yo ocupo la sección de observaciones para poner todo lo relacionado con mi esposo. No tiene por qué ser público, pero el contralor tiene acceso a él todo el tiempo”.

–Lo de su participación en Grupo Diniz es información pública – se le aclara a la presidenta comisionada.

–Ya renunció hace como tres semanas. Si llega una denuncia de Recorcholis, yo le presento al pleno una propuesta de que me excuso de participar. Es responsabilidad del comisionado alzar la voz y preguntarle al pleno si puedo participar o no.

–¿No es hasta una táctica “política” no hacerlo público?

–Pero está, ¿qué diferencia hace? –revira.

–Usted es la comisionada presidente del organismo antimonopolios.

–Yo la verdad quisiera poder separar mi vida pública, de la vida privada, mi obligación es cumplir a rajatabla con la ley y ahí está. No estaba yo obligada a poner nada de lo que hace mi esposo y ahí está en mi declaración. No lo hago pública por un tema de respeto a él, a su vida, a su privacidad –concluye.

La Ley Federal de Competencia Económica prevé que los comisionados pudieran tener, en ciertas circunstancias, conflicto de interés. Para resolverlo, establece la presentación de una excusa.

Entre las causas para presentar una excusa son: el parentesco en línea recta sin limitación de grado; el colateral por consanguinidad hasta el cuarto grada y el colateral; que tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto; que él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sea heredero, legatario, donatario o fiador de algún agente económico involucrado en el procedimiento en cuestión.

Asimismo, que haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate, o haya gestionado anteriormente el asunto en favor o en contra de los interesados; que haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de que el pleno resuelva el asunto.

De acuerdo con una nota publicada por El Economista, el pasado 25 de febrero, Alejandra Palacios ha presentado en cinco ocasiones solicitud de excusa en asuntos tratados en la comisión; sin embargo, en tres ocasiones el pleno calificó la solicitud de excusa como improcedente.

Las únicas dos solicitudes de excusa aprobadas fueron en la investigación de condiciones en los servicios de interconexión, derechos de paso y de arrastre del transporte ferroviario de carga. Y en la que se estudiaba la concentración entre Bio Pappel y Scribe.

En la primera, Palacios Prieto solicitó la excusa porque un hermano Roberto fue nombrado consejero suplente del Consejo de Administración de Industrias Peñoles, que es uno de los accionistas de la línea Coahuila-Durango, agente económico que presentó la solicitud para que se iniciará este procedimiento ante la Autoridad Investigadora de la Cofece.

Roberto Palacios Prieto, también forma parte del Consejo de Administración de Grupo Nacional Provincial (GNP), que junto con Peñoles forman parte de Grupo BAL, propiedad de Alberto Baillères.

Mientras que, en el segundo caso, solicitó excusarse porque su primo hermano se desempeñaba como director general de Scribe.