Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
La
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió al
presidente López Obrador a vetar la Ley Nacional de Extinción de Dominio
-aprobada en el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados el
pasado 25 de julio- pues, aseguró, violenta “la presunción de inocencia y pone
en riesgo uno de los derechos fundamentales de todo individuo: el respeto a la
propiedad privada”.
Mediante
un comunicado, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther explicó que al establecerse
en la Ley Nacional de Extinción de Dominio la desposesión e incluso la venta
anticipada de bienes de propiedad de personas presuntamente involucradas en
actos ilícitos, aunado a la ampliación exponencial de las conductas que podrían
justificar tal medida sin que exista una sentencia condenatoria, genera un
grave riesgo de vulnerar el debido proceso.
La Coparmex
señaló que en la normatividad hasta hoy vigente la extinción de dominio se limitaba
exclusivamente a delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen
organizado; sin embargo, con la legislación aprobada por el Congreso, el número
de nuevos tipos penales que podrían detonar la extinción de dominio aumentaría
de 5 hasta llegar a 245.
“De esta manera, se crea el riesgo de
situaciones donde el gobierno pueda quitarle la propiedad a ciudadanos de buena
fe, en casos tan simples, como cuando se presenten faltas administrativas
relacionadas con la violación o remoción de sellos de clausura en
establecimientos mercantiles, que podrán ser tipificados y aplicables a esta
figura, aún cuando dicha falta haya sido cometida por terceros y no por el
dueño de un bien inmueble objeto de algún proceso penal”, advirtió el líder
empresarial.
La Coparmex
consideró “excesivo” que se faculte al gobierno a expoliar bienes sin que medie
la sentencia de un Juez que determine la realización de conductas que puedan
ameritar una acción de esa envergadura jurídica.
Ante lo
anterior, el organismo hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador para que
haga uso de la facultad que le confiere la Constitución Política, y realice las
observaciones pertinentes a esta ley.
“Es decir, que ejerza el derecho de veto,
acotando los tipos penales al crimen organizado y narcotráfico, y a que, en
cualquier caso, haya una sentencia condenatoria dictada por un juez para
proceder a la extinción de dominio”, señaló.
Agregó: “el
veto del presidente hacia una ley carente de salvaguardas para el principio de
presunción de inocencia y respeto a la propiedad, puede ser una señal clara y
contundente de un compromiso inequívoco con la legalidad y el estado de
derecho”.
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