Por José
Raúl Linares.
Un juez
federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso Rosario Robles
Berlanga, ex titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) en la pasada administración federal, y suspendió provisionalmente
cualquier orden de aprehensión que pudiera pesar en su contra.
El
Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México
dio a conocer esta medida según el expediente 633/2019, solicitadas por la
también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), unas horas
después de que su abogado Julio Hernández Barros inició el trámite.
“Por lo que hace a los actos reclamados
consistentes en la orden de comparecencia, así como la ejecución de dicho acto,
se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga, para
el efecto de que no sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las
autoridades responsables ordenadoras”, señaló dicho juzgado.
Aunque
dicha medida no la librará de otros delitos que ameriten prisión preventiva
oficiosa.
“Lo
anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se
resuelva sobre la suspensión definitiva. Cabe hacer la aclaración que la medida
cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno si se trata de actos
posteriores a la concesión de esta medida, o bien, si se le sorprende en
flagrante delito o se trate de caso urgente, en términos del artículo 16
párrafo quinto de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos”, añadió.
Robles
Berlanga confirmó este martes que fue citada a comparecer el próximo 8 de
agosto ante un juez de control sin que “en dicho citatorio se establezcan las
causas ni los hechos que se me imputan, minando con ello mi capacidad de
defensa”, señaló en una publicación en Twitter.
Ante ello,
el juez solicitó a la Fiscalía General de la República y a los jueces de
control que podrían haber atraída alguna de las denuncias en su contra, a que
rinda los informes justificando su aprehensión.
A decir de
la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia Vigésima Investigadora
solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Federal, con sede en el
Reclusorio Sur, vincularla a proceso por “ejercicio indebido del servicio
público (artículo 214 del Código Penal Federal)”, derivado de informes
elaborados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que derivaron de la
Estafa Maestra.
De
resultar culpable, se le impondrán de uno a siete años de prisión y de treinta
a cien días multa; aunque dicho delito no amerita prisión preventiva y, de
concedérsele una suspensión en lo que dura el juicio de amparo, por lo que
podría seguir su proceso en libertad.
Mientras
tanto, Robles Berlanga fue emplazada a depositar una fianza de 69 mil pesos
“ya que, de lo contrario, dejará de surtir efectos la medida suspensional
concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que
tendrán expedita la jurisdicción para ejecutar las órdenes de molestia
reclamadas”.
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