Raymundo
Riva Palacio.
El martes 10
de diciembre fue el mejor día del joven sexenio del presidente Andrés Manuel
López Obrador. Se firmaron los protocolos del acuerdo comercial con Estados
Unidos y Canadá, que facilitaría la ratificación en el Capitolio en Washington
y el Parlamento en Ottawa, y se detuvo en Dallas al exsecretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna. Día feliz para el Presidente. Inyectaría algo de
certidumbre a las inversiones y tenía el argumento perfecto para disfrazar su
desastre en materia de seguridad pública echando la culpa de todo al pasado y,
de paso, buscar el aniquilamiento político de su principal enemigo, el
expresidente Felipe Calderón, con quien García Luna trabajó estrechamente. Todo
lucía perfecto hasta que comenzó a salir información de que aquella jornada,
más bien, podrá ser una más de ignominia.
De la secuela
de ese día se recoge la conferencia del subsecretario de Relaciones Exteriores,
Jesús Seade, responsable de la negociación, quien después de la ceremonia en
Palacio Nacional donde los tres países firmaron los protocolos con el
Presidente de testigo, dijo que se “acababa de enterar” que Estados Unidos
nombraría cinco agregados laborales en su embajada en México para supervisar la
implementación del acuerdo en ese capítulo, que no había sido consultado con
México. Seade mintió o sencillamente nunca supo qué estaba firmando. Pero no es
un novato en negociaciones comerciales, y extrañamente excluyó a todos,
embajada y sector privado, del tramo final de la negociación de la concesión.
El mismo
martes 10 de diciembre, horas antes de que se firmaran los protocolos en
Palacio Nacional, el Comité de Procedimientos y Arbitrios de la Cámara de
Diputados, por donde pasan las legislaciones para implementar el acuerdo en
Estados Unidos, dio a conocer públicamente un resumen ejecutivo de lo que se
había negociado, en cuyo primer capítulo, referido a la vigilancia sobre
México, decía textualmente: “Los attachés (agregados) laborales tendrán como
base México y proveerán información in situ sobre las prácticas laborales en
México”. Nada para decirse engañado. Si Seade no entendió ni explicó, por lo
que ahora el gobierno se dice sorprendido, también hay responsabilidad del
Presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y todos
aquellos que, por omisión, comisión o ignorancia, aceptaron las exigencias demócratas
anunciadas en Washington.
La mañana
del mismo día, la captura de García Luna provocó reacciones a lo largo de la
intensa jornada. El mensaje que se daba era que venían acompañando la
investigación, reforzada por informaciones de funcionarios federales que
empezaron a señalar que el gobierno de López Obrador había sido informado con
anterioridad de la captura. Como en el caso de Seade, no es cierto, pero a
diferencia del tema comercial, en el caso de García Luna sí fue mantenido el
gobierno mexicano totalmente al margen de la investigación.
Tras una
reconstrucción de lo que sucedió aquel día en Palacio Nacional, se puede
afirmar que el gobierno mexicano no tenía absolutamente ninguna idea de lo que
se cocinaba en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La embajada de
México nunca fue informada de lo que venía hasta minutos antes de que se diera
la detención en Dallas. No es un procedimiento usual que informen de ello, por
lo que esto no debe extrañar –la embajadora Martha Bárcena, incluso, iba
volando a la Ciudad de México cuando se realizó la detención–, pero recibir una
comunicación del Departamento de Estado minutos antes de que se concretara la
acción en Dallas, no puede ser tomado como una consideración. La captura
sacudió al gobierno, que apenas ese día, por el comunicado de prensa de la
Fiscalía de Brooklyn, en Nueva York, supo que la orden de aprehensión se había
girado desde el 4 de diciembre.
La
Cancillería mexicana se puso en contacto con el área de vinculación del
gobierno de Estados Unidos para pedirles información, pero les respondieron
que, al ser un asunto de política interna, no podían compartir las
investigaciones. El secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo con
funcionarios federales, le informó al Presidente por teléfono, y López Obrador
convocó al día siguiente a una reunión a Ebrard, Gertz Manero, Nieto, la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico, Julio
Scherer.
En esa
reunión, dijeron los funcionarios, el Presidente expresó que no podrían
mantenerse al margen, e instruyó al fiscal y al jefe de la Unidad de
Inteligencia Financiera qué acciones podrían tomar para informar a la prensa.
Nieto dio a conocer que se habían congelado sus cuentas “esta semana” y
esperaban la respuesta de los bancos para conocer el monto, mientras el fiscal
general, Alejandro Gertz Manero, había anticipado que tenía abierta una
investigación en su contra, por lo que se pediría la extradición. Para
reforzarlo, se sugirió a tomar contacto con periodistas que habían mostrado
animadversión con García Luna para hacer “un frente común”.
Ebrard y
Sánchez Cordero fueron instruidos para que buscaran que el gobierno de Estados
Unidos colaborara con México en la integración de una carpeta de investigación
por temas relacionados con corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento
ilícito, lavado de dinero y narcotráfico, aunque ya habían tenido información
desde el mismo 10 de la forma como estaba siendo visto en Washington. Incluso,
un mensaje que dijeron funcionarios le hicieron llegar a Ebrard desde Washington,
decía cáusticamente: “Quieren información los que no quieren colaboración”. El
gobierno quedó desubicado. García Luna rechazó el ofrecimiento de ayuda
consular, y lo más cerca que está el gobierno del caso es como observador en la
corte en Dallas.
Aquél 10 de
diciembre glorioso y espectacular para el gobierno, se ha venido desmantelando
ante las evidencias que al reloj que marca el tiempo a la vida en México, se le
da cuerda en Washington.
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