Por Arturo Ángel.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) presentó 20 denuncias penales ante la
Fiscalía General de la República (FGR) por el posible desvío y mal manejo de
789 millones 986 mil pesos correspondientes a fondos y subsidios que la SAGARPA
(hoy SADER) destina para el apoyo de actividades y proyectos agrícolas.
Las
denuncias presentadas son en contra de los funcionarios o exfuncionarios que
resulten responsables de estas anomalías en el ejercicio de recursos que
corresponden al presupuesto de 2017, pero que habrían continuado por lo menos
hasta el año pasado,
es decir, en la gestión de José Calzada Rovirosa.
La ASF registró
y documentó los malos manejos gracias a tres auditorías de las denominadas
forenses. Se trata de auditorías mucho más minuciosas que las convencionales y
que se practican luego de que la institución detecta malos manejos reiterados
año con año en un determinado fondo o dependencia.
“Con
motivo de la fiscalización superior practicada a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en los últimos ocho años,
se han observado conductas irregulares en la aplicación de los recursos
destinados a los diferentes programas, por lo que es necesario profundizar en
las revisiones”
indicaron los auditores.
Las
anomalías descubiertas en las auditorías forenses van desde recursos no ejercidos y tampoco
devueltos, hasta simulaciones de estados de cuenta bancarios, obras inconclusas
o de plano inexistentes, pagos a empresas irregulares o presuntamente fantasma,
entre otros.
En las
denuncias penales presentadas, la Auditoría Superior entregó dictámenes
técnicos en los que se detalla la cadena de servidores públicos a los que
correspondía la dispersión o supervisión de los recursos de estos fondos y que,
por ende, podrían tener algún tipo de responsabilidad.
Cabe
señalar que a partir de este año las denuncias penales presentadas por la ASF
ante el Ministerio Público federal son turnadas a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción para la integración de las carpetas de investigación
que correspondan y reunir los elementos que, de ser el caso, permitan formular
las imputaciones ante un juez federal.
El Mecanismo
Del Fraude.
Las
anomalías detectadas se concentran en tres fondos. Dos de ellos corresponden al
denominado Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria,
Componente Activos Productivos y Agrologística, mientras que el tercero
corresponde al Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
Con sus
matices, la finalidad de estos subsidios en general es la misma: apoyar a
personas o empresas que desarrollan actividades agrícolas para que puedan
fortalecer su infraestructura (con equipos, maquinaria, instalaciones, etc) y
con ello impulsar el desarrollo de un sector históricamente desfavorecido en el
país.
En la
práctica el dinero se entrega luego de un procedimiento que inicia cuando una
persona física o moral presenta a SAGARPA su solicitud para acceder a los
apoyos. Luego, tras una serie de trámites entre los que se encuentra probar que
quien solicita el apoyo tiene la solvencia para realizar el proyecto, se
entrega el dinero.
Ya con
dicho recurso la empresa debe llevar a cabo en un tiempo establecido la
adquisición de los bienes o la construcción de las obras para las cuales
solicitó el dinero, y finalmente comprobar que así se hizo y el impacto
positivo que se haya generado.
Lo que las
auditorías arrojan es que, por negligencia, incompetencia o complicidad, la
SAGARPA carece de los controles necesarios para supervisar que todo lo anterior
ocurra, lo que abre la puerta a múltiples anomalías y abusos que terminan por
representar un fraude y daño patrimonial al erario.
Las
revisiones de los auditores detectaron fallas en todas las cadenas del
procedimiento; desde empresas que reciben el dinero sin contar con la solvencia
para los proyectos que supuestamente quieren impulsar gracias a documentos
bancarios apócrifos u operaciones simuladas, hasta subejercicios de recursos
que tampoco son devueltos.
De igual
forma se descubrió que algunos beneficiarios de los programas intentaron
comprobar el ejercicio del dinero con pagos a otras personas o compañías por
servicios no se realizaron o se simularon. Algunas de esas empresas
subcontratadas no fueron localizadas o carecen de la capacidad de realizar los
servicios, por lo que se presume que son fantasma.
Esto explica
que, por ejemplo, de 48 proyectos revisados en la auditoría 2017-0311, solo
18 estaban realmente terminados en el plazo establecido para ello. Los otros 30
están inconclusos, algunos con avances hasta de cero por ciento
“Lo
anterior, en general ha traído como consecuencia que los proyectos en su
mayoría no se encuentren en operación, sin cumplir la esencia para la que se
destinaron los recursos (…) la reincidencia en las irregularidades antes
descritas genera un rezago económico y tecnológico en uno de los sectores
actualmente más desfavorecidos en el país, que es el campo”, indicaron los auditores.
Ejemplos Del
Caos.
En el
informe de resultados de la auditoría 2017-0311 se detectó, entre otras
cosas, que 13 beneficiarios que recibieron recursos de SAGARPA por un importe
de 38 millones 115 mil pesos “utilizaron un presunto esquema de simulación de
operaciones bancarias a efecto de demostrar que contaban con la solvencia
económica suficiente para cubrir con su contraparte, acreditar su aportación
y/o comprobar la correcta aplicación del recurso”.
Esto se
probó luego de que los auditores solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores datos sobre las cuentas de las empresas investigadas, lo que
permitió detectar desde transferencias realizadas exprofeso a una cuenta nueva
para solventar el requisito del trámite de solvencia, que luego fue retirado,
hasta estados de cuenta bancarios literalmente falsos o fabricados.
Todo ello
sin que los funcionarios públicos de SAGARPA lo advirtieran y por ende evitaran
pese a ser una práctica reiterada.
En esa misma
auditoría se detectó otro posible fraude al erario en el orden de los 102
millones 957 mil pesos por apoyos a 26 beneficiarios que no comprobaron
sólidamente que hayan aplicado los recursos que se les entregaron o que hayan
transferido el dinero a terceros que sí lo hayan hecho.
Por otro
lado, en el informe de resultados de la auditoría 2017-0310 se detectó un
posible fraude del orden de los 74 millones 308 mil pesos por distintas
irregularidades relacionadas con apoyos entregados a ocho beneficiarios que
también incurrieron en posibles simulaciones bancarias y entregaron
documentación “inconsistente”.
Este caso
es particularmente alarmante pues se detectó el uso de empresas presuntamente fachada
o fantasma.
Por ejemplo,
los auditores detectaron 12 empresas subcontratas por los beneficiarios del
programa que emitieron facturas digitales por servicios que en realidad no se
realizaron. Dichas empresas tampoco presentaron su declaración anual de
impuestos en 2017.
Se
identificaron otras dos compañías con razón social RENTAMID, S. de R.L. de C.V.
y Constructora NKB, S. de R.L. de C.V., que no fueron localizadas en sus
domicilios fiscales por los auditores, y que emitieron facturas por la supuesta
venta de equipos que en realidad ya habían sido adquiridos por los
beneficiarios antes de que se les diera el subsidio. Es decir, se presume que
son compañías fantasma usadas ex profeso para justificar el supuesto ejercicio
correcto del fondo.
A ello se
suma la empresa Valles Centrales, S.A. de C.V., que emitió facturas por
servicios de los que no hay ninguna evidencia de que ocurrieran y que no fue
encontrada en su domicilio fiscal, al igual que las compañías Cimientos Moriah,
S.A de C.V. y Comercializadora Daguira, S. de R.L. de C.V., que también habrían
simulado los servicios reportados.
Cabe señalar
que la ASF, además de presentar las denuncias correspondientes, notificó al
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que lleve a cabo las investigaciones
fiscales necesarias a las compañías cuestionadas ya que podrían haber incurrido
en posibles delitos fiscales que actualmente ya son considerados graves.
Finalmente, en
la auditoría forense 2017_1594 se detectaron al menos 12 anomalías graves cada
una de las cuales representa un potencial desvío de recursos. Los mecanismos
sin similares a los ya descritos anteriormente.
En esta
auditoría destaca además que se realizaron visitas domiciliarias a 28
beneficiarios en cinco estados, y se descubrió que 26 de ellos incumplieron con
las reglas establecidas en los convenios con SAGARPA y sus proyectos no están
concluidos ni cumplen con los objetivos que se habían prometido.
Impunidad,
La Regla En Los Fraudes Al Campo.
De acuerdo
con los informes de los auditores, durante los últimos ocho años se han
detectado de forma reiterada múltiples anomalías a los fondos, subsidios y
apoyos que la SAGARPA (hoy SADER) destina para actividades agrícolas, sin que
haya habido correcciones ni consecuencias.
En sus
informes los auditores destacan que, si bien en varios casos los
funcionarios señalan que no tienen facultades para comprobar anomalías en
estados de cuenta bancarios, lo cierto es que tampoco han empleado medidas o
modificaciones para prevenirlo y simplemente se permite que siga ocurriendo.
Lo cierto es
que la SAGARPA es la secretaría del gobierno federal que concentra la mayor
cantidad de denuncias penales de los auditores. De las 1 mil 3 denuncias que
acumula la ASF ante el Ministerio Público, 219 corresponden específicamente a
esta dependencia, en promedio 1 de cada 5 casos. Hasta ahora, las denuncias no
han derivado en una condena o sentencia para algún funcionario implicado.
Además, la
SAGARPA es una de las 11 dependencias del gobierno federal implicadas en el
esquema fraudulento denominado La Estafa Maestra, por el cual también se han
presentado diversas denuncias.
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