Por Arturo Ángel.
Una
auditoría oficial realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirma
que los datos de incidencia delictiva que aportan las fiscalías del país
adolecen de graves y múltiples fallas, desde subregistros por incompetencia del
personal responsable, hasta ocultamiento y reclasificación deliberada de
ilícitos como feminicidio o extorsión.
Son
irregularidades que, en los hechos, significan que las estadísticas de incidencia
delictiva que se publican mensualmente no reflejan el tamaño real del fenómeno
criminal que padece el país.
La
presentación de este informe, con sus resultados y recomendaciones, se daría
esta semana, pero fue pospuesta por lo menos hasta enero de 2020, luego de que
no se alcanzó el consenso necesario para darlo a conocer en la XLV Sesión
Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo
con autoridades del gabinete de seguridad el problema es la resistencia de
algunos gobernadores, pero sobre todo de los propios fiscales del país para
transparentar dicha información, hasta en tanto ellos no analicen y revisen los
resultados.
Hace unos
días los fiscales estatales, con el apoyo de la Fiscalía General de la
República, dieron a conocer que a partir de 2020 manejarán su propia
información de incidencia delictiva separada de la que maneja el SESNSP. Esto
con el argumento de que son ellos los dueños de esa información, que hay que
presentarla con mayor calidad y que ya gozan de autonomía.
Incluso el
fiscal estatal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, sugirió en su calidad de vocero de
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) que se reforme la ley
del Sistema Nacional de Seguridad para que se reconozca la autonomía de los
fiscales, así como la posibilidad de desaparecer el Centro nacional de
Información (CNI) del SESNSP.
Ayer, en
la sesión de Consejo Nacional de Seguridad realizada en Palacio Nacional, se
aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las fiscalías del país a que
continúen aportando la información al CNI lo que, además, es una obligación
legal.
LA
EVALUACIÓN.
La auditoría
que realizó el gobierno federal con el apoyo de la Oficina contra las Drogas y
el Delito de la ONU recibió el nombre técnico de Modelo de Revisión Estadística
de Incidencia Delictiva Nacional (MORE).
Su
objetivo, como se dio a conocer en su momento, fue “evaluar la veracidad,
consistencia y transparencia de la información de la incidencia delictiva” que
publica periódicamente el SESNSP, a partir de los datos que aportan las
procuradurías, hoy fiscalías estatales.
En los
hechos se trató de una auditoría realizada por personal especializado en cada
una de las 32 fiscalías del país, donde se tuvo acceso no solo a los registros
estadísticos sino también a las carpetas de investigación. La idea era documentar
y dimensionar las inconsistencias en estos registros que desde hace varios años
se reportan en algunas entidades como Veracruz o Ciudad de México.
Los
trabajos comenzaron desde principios de 2019 financiados en buena medida por la
ONU. En agosto pasado se dio a conocer que las revisiones llevaban un avance
del 75%, y para finales de noviembre la evaluación estaba prácticamente
terminada.
Cabe señalar
que, en todos los casos, los propios fiscales autorizaron por escrito la
revisión de sus áreas estadísticas.
LOS
RESULTADOS: DATOS LEJANOS A LA REALIDAD.
El
informe de resultados del MORE no se conoce en su totalidad dado que se decidió
posponer su apertura y por ende su publicación.
No obstante,
de la información a la que Animal Político ha podido tener acceso se sabe
que la auditoría habría identificado al menos una decena de focos rojos en los
registros estadísticos de las Procuradurías. Algunas son fallas generalizadas
mientras que otros son problemas que se identifican en estados en específico.
Se trata
de deficiencias que en algunos momentos ya se han advertido públicamente o se
sospechaba de ellas, pero lo relevante es que ahora se han documentado y
confirmado oficialmente, y se conoce la dimensión de estas.
Entre los
hallazgos destaca, por ejemplo, el grave subregistro (en algunos estados
premeditado) de asesinatos de mujeres que tienen rasgos claros de posibles feminicidios
desde un inicio, pero que son clasificados como homicidios dolosos. Ello
provoca que los datos de carpetas de investigación sobre feminicidio que se
conocen actualmente no sean, ni de cerca, un parámetro real del fenómeno.
También
se detectaron subregistros alarmantes en casos de posibles extorsiones que son
denunciadas por las víctimas pero que las agencias del ministerio Público
clasifican con otro delito menos grave, como amenazas. Si a eso se suman los
casos que ni siquiera se denuncian, se concluye que los datos de carpetas de
extorsión tampoco son un parámetro confiable.
En la
auditoría realizada por los especialistas también se detectaron hechos
criminales en los que se cometieron múltiples delitos, pero donde las fiscalías
solo registraron uno de ellos. Se consideró que esa falla también contribuye a
subestimar la incidencia de la actividad delictiva.
RESISTENCIA
Y DIVISIÓN.
Desde el
mes pasado se había planificado que los resultados del MORE fueran presentados
y aprobados en la XLV Sesión Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad
Pública realizada ayer en Palacio Nacional. Ocurrido lo anterior se prepararía
el documento para ser difundido públicamente.
Pero
ayer, en la reunión previa donde se analizan los temas que son votados
públicamente, el SESNSP no consiguió el consenso necesario para respaldar el
informe. Para evitar que públicamente se mostrara el desacuerdo, se optó por
sacar el tema de la orden del día.
El problema,
según las fuentes consultadas, surge principalmente por la resistencia de
algunos fiscales estatales – respaldados por la FGR y la CNPJ – a que se
publiciten los datos sin que sean revisados por ellos mismos.
En la
primera mitad de 2019 la aplicación de esta evaluación contó con el aval de
todas las fiscalías locales, sin embargo, en los últimos meses se ha registrado
un distanciamiento de estas con el SESNSP y con la Secretaría de Seguridad
federal por diversos temas, como la implementación Registro Nacional de
Detenciones o la propuesta de Alfonso Durazo de dar facultades de investigación
a las policías y no solo a las fiscalías.
La
ruptura se hizo evidente el pasado 6 de diciembre cuando la CNPJ anunció que a
partir del 2020 las fiscalías presentarán sus propias cifras de incidencia el
denominado Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, respaldado
además por INEGI. Ello significa, de facto, apostar por un sistema distinto al
del SENSP y por ende trabajar en su mejoramiento.
Además, diversas
notas periodísticas reportaron la opinión de algunos fiscales en el sentido de
desaparecer el Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP, que es justo el
ente responsable del MORE y de publicar los datos de incidencia mensualmente.
El CNI respondió
con un comunicado público en el que recordó que las fiscalías están obligadas a
continuar aportando informados al SESNSP porque así lo marca la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, y los invitó a sumar esfuerzos para construir
una estadística común.
Pero el
fiscal Rubén Vasconcelos, vocero de la CNPJ, respondió a su vez que es
definitiva la decisión de las fiscalías de optar por su propio sistema, y de
paso recordó que ahora son instancias autónomas.
“Es
necesario que la Ley General del Sistema Nacional se adecue a esta nueva
realidad constitucional, con objeto de respetar dicha autonomía de nuestras
instituciones (las fiscalías), que siempre se han coordinado con todas las
instancias necesarias, y así lo seguirán haciendo”, dijo Vasconcelos.
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