Por
Redacción / Sin Embargo.
-Con
información de Mark Stevenson y María Verza, de AP
Genaro
García Luna vivió junto con su esposa en una mansión y en un penthouse de
Florida, Estados Unidos, después de culminar sus funciones como Secretario de
Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, periodo en el que se
emprendió la llamada “guerra contra el narcotráfico” que dejó miles de muertos
en el país, reveló
Univisión en marzo pasado.
De acuerdo
con la investigación del medio, el primer inmueble habitado por el ex
funcionario fue localizado después de que fuera multado por pasarse un alto en
una calle de Miami, cuando viajaba en una camioneta plateada Mazda tipo SUV.
Ese día, el
domingo 15 de noviembre de 2015, el policía que registró la infracción puso
en el formulario la dirección de una “una mansión de cuatro baños, cuatro
cuartos y embarcadero propio en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3 millones
de dólares”, reportó Univisión.
En el texto
firmado por la periodista Peniley Ramírez, se precisó que los registros de
la residencia, a los que tuvo acceso el periodista Julio Roa, del portal En la
Politika, arrojan que García Luna se trasladó a ese lugar en febrero de 2013.
“Otros
registros muestran a García Luna y su esposa como residentes de otro penthouse
de lujo valuado en 2.3 millones de dólares, en Aventura, Florida, entre 2016 y
2018”, dio a conocer
la cadena de televisión estadounidense.
Según el
reportaje, las dos propiedades eran del grupo empresarial de la familia
Weinberg, el cual se ha caracterizado por ser “uno de los principales
proveedores de equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica.
La lista de
acusaciones por corrupción y abuso de poder en contra del ex Secretario de
Seguridad Genaro García Luna, de 51 años, era tan larga que, para algunos, su
arresto era sólo cuestión de tiempo.
Quizás, lo
que no se esperaba es que la detención tuviera lugar esta semana y en Estados
Unidos. Pero así ocurrió, y el martes fue acusado por una corte federal de
Brooklyn de tres cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y de
falso testimonio. García Luna vivía en Florida desde 2012.
“No fue
una sorpresa”, afirmó Samuel González, ex Fiscal jefe contra el crimen
organizado quien dijo haber rechazado ofertas para trabajar con García Luna en
la década pasada y afirmó que la duda no era si sería procesado sino cuándo.
García Luna
fue secretario de Seguridad Pública en el Gobierno conservador del Presidente
Felipe Calderón (2006-2012), durante algunos de los años más sangrientos y
comprometedores de la guerra contra el crimen organizado, que dejó más de 100
mil muertos y decenas de miles de desaparecidos.
Durante ese
tiempo, y como uno de los personajes clave de la estrategia de Calderón,
controló tanto la Policía Federal como el aparato civil de seguridad, lo que le
permitió un acceso sin igual a operaciones policiales, información de
inteligencia e investigaciones que, según los fiscales estadounidenses,
compartió con el Cártel de Sinaloa. De hecho, el Gobierno de Calderón recibió
fuertes críticas por no combatir por igual a este grupo criminal que a sus
rivales, algo que el expresidente siempre negó.
Calderón
publicó una carta en Twitter el martes en la noche en la que dijo desconocer
las presuntas ilegalidades del ex Secretario, aclaró que su estrategia de
seguridad no estuvo basada en las decisiones de un solo funcionario y recordó
que su política contó con la “estrecha colaboración” de Washington.
Aunque a
García Luna se le vincula directamente con Calderón, su pasado policial empezó
durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006), desempeñándose en labores de
inteligencia y posteriormente al frente de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI), un departamento que pretendía emular al FBI estadounidense.
Para José
Reveles, periodista
y autor de varios libros sobre crimen organizado, García Luna fue “el
policía omnipotente de Fox y luego de Calderón” y un funcionario con el que
pocos se atrevían a meterse. Aunque hubo quienes intentaron investigarlo, las
pesquisas nunca llevaron a nada, agrega Reveles. El martes sorprendió que la
Fiscalía mexicana dijera que tenía una investigación abierta por lo que
eventualmente se podría pedir su extradición.
Entre los
capítulos polémicos del ex funcionario, Reveles recuerda cuando en 2005
agentes de la AFI bajo su mando “estaban capturando (criminales del grupo de
los) Zetas para entregárselos al cártel de Sinaloa”, según una declaración del
entonces zar antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, quien moriría tres años
después en un accidente aéreo.
También
en 2005 tuvo lugar uno de los escándalos más sonados, la detención de la
francesa Florence Cassez, a quien se acusó de secuestro. En torno a su captura
se organizó un montaje para exhibirla ante las cámaras de televisión, una
actuación que la Corte Suprema mexicana calificó años después de
“escenificación planeada y orquestada” que “vició” todas las evidencias, lo que
llevó a que Cassez quedara finalmente libre después de siete años en prisión.
En 2008
comenzaron a aparecer pancartas en distintos puntos del país en los que se
acusaba a García Luna de trabajar para el Cártel de Sinaloa.
En esa época,
Reveles recuerda que miembros del cártel de los Beltrán Leyva _ una escisión
del de Sinaloa _ interceptó la caravana en la que viajaba García Luna y decenas
de sus agentes en una carretera al sur de la Ciudad de México. El periodista,
que tuvo acceso a documentos con las declaraciones de varios de sus agentes en
la Cámara de Diputados, explicó que los criminales desarmaron y vendaron a los
policías y se llevaron a García Luna a un encuentro con Arturo Beltrán Leyva,
uno de los líderes de la organización criminal. El ex funcionario siempre lo
negó.
Para limpiar
la imagen de la Policía Federal, Televisa lanzó en 2011 una telenovela
titulada “El Equipo”, que presuntamente fue financiada con fondos federales y
presentaba a una policía bien entrenada y valiente, muy lejana a la percepción
popular.
En 2012,
el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, de doble
nacionalidad mexicano-estadounidense, hizo pública una carta en la que decía
tener a sueldo a García Luna.
Ese mismo
año, un policía federal abrió fuego contra compañeros en el aeropuerto de
Ciudad de México, lo que evidenció una red de corrupción en el interior del
organismo. Además, 14 agentes de García Luna dispararon contra una camioneta
con personal de la CIA a los que supuestamente confundieron con criminales.
A pesar de
estos antecedentes, el analista Alejandro Hope recordó que el Gobierno
estadounidense parecía tolerar y aprobar la política de seguridad que llevaba a
cabo García Luna, e incluso le permitió vivir en el país durante siete años
antes de presentar cargos en su contra.
“¿Por qué
ahora?”, se preguntó Hope.
Aunque
hace tiempo que las acusaciones están sobre la mesa, no está claro si el
momento de su captura es parte de algún tipo de acuerdo desconocido dentro del
complejo mundo de las relaciones entre México y Estados Unidos en cuanto a la
lucha contra el crimen organizado, o es simplemente el resultado de los
testimonios durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, que acabó con la
condena de por vida para el líder del Cártel de Sinaloa.
Entre esos
testimonios se destacó el de Jesús Zambada, ex integrante del grupo
delictivo y quien dijo haber realizado personalmente pagos entre 2005 y 2007
por valor de seis millones de dólares a García Luna por orden de su hermano,
Ismael “El Mayo” Zambada, otro de los líderes del cártel.
“Creo que
sí se enriqueció, pero no sé si fue por esa vía”, indicó Hope.
De cualquier
forma, la Fiscalía estadounidense considera que García Luna amasó una
fortuna de millones de dólares, muy por encima de su salario como funcionario
público.
Entre sus
compañeros de gabinete se impone la cautela. Guillermo Valdés, quien dirigía la
inteligencia mexicana en la misma época en la que García Luna controlaba a la
policía dijo que, sin poner las manos al fuego por nadie, su detención es una
oportunidad para que se aclare su situación.
Preguntado
por posibles consecuencias del arresto, indicó que sólo deben estar preocupados
aquellos que cometieran ilegalidades.
“Si fue
corrupto que se le castigue y si no, que quede limpio su nombre”, afirmó.
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