Por Mathieu
Tourliere.
En el marco
de la investigación que realiza sobre los multimillonarios desvíos de recursos
públicos durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de
la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 10 años a Miguel Ángel
Lozada Aguilar, director de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Según la
dependencia, Lozada, quien asumió el cargo en diciembre de 2018, omitió
reportar dos cuentas bancarias y los beneficios económicos que recibió de un
bien inmueble entre 2014 y 2017, periodo en el que ocupó varios puestos de
subdirección en Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al
funcionario se le notificó este miércoles la resolución, cuyo efecto implica
que Pemex “debe separarlo del cargo que se encuentra ocupando”, precisó la SFP,
y advirtió que “vigilará la efectiva aplicación de la sanción y será respetuosa
de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias”.
De igual
manera, sostuvo que la sanción derivó de “diversas auditorías y acciones
específicas en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar y de colaboradores
cercanos”, en el marco de sus investigaciones sobre los esquemas de desvíos
operados a través de entes estatales y empresas fantasmas, mejor conocidos como
Estafa Maestra.
Si bien
la atención pública se ha concentrado a la fecha en los desvíos operados en las
gestiones de Rosario Robles Berlanga en las secretarías de Desarrollo Social
(Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hubo otras
dependencias –entre ellas Pemex, Banobras y la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes—que se prestaron a esas maniobras fraudulentas.
En abril
pasado, la Secretaría de la Función Pública presentó denuncias ante la
Fiscalía General de la República (FGR) para que averiguara acerca de los
“probables delitos que resultaron de las auditorías, investigaciones y
procedimientos que (la SFP) previamente inició”.
El pasado 26
de junio, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que la FGR encontró inocente a Miguel Ángel Lozada Aguilar,
investigado por presunta corrupción y desvío de recursos públicos.
“Tengo la
información de que la FGR hizo la investigación y no encontró responsable a
este funcionario de Pemex (Miguel Ángel Lozada Aguilar), pero pediré reporte
por escrito”, dijo
aquel día.
Al menos
desde noviembre de 2014, el Órgano Interno de Control de PEP debió investigar y
fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos a raíz de un
oficio que le entregó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En enero
pasado, la reportera Neldy San Martín reveló en el semanario Proceso los
hallazgos de una auditoría forense que exhibía los vínculos entre Lozada y los
esquemas de desvíos de la Estafa Maestra: por ejemplo, en 2012 autorizó el
convenio 422082806 con la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en
Cárdenas, Tabasco, por 140 millones de pesos. Sin embargo, según la ASF, la
UPCH facturó 82 mil 863.2 pesos y realizó la subcontratación de servicios a la
empresa Maheca, S.A. de C.V., por 80 mil 880.4 pesos, aunque ésta tampoco tenía
las capacidades para desarrollar los trabajos.
La ASF
también reportó que funcionarios de PEP suscribieron nueve convenios con la
UPCH y decenas más con otras universidades públicas; estos acuerdos formaron
parte de un entramado ilegal en el que la empresa eludió los procesos de las
licitaciones públicas y simuló adquisiciones, al tiempo que las instituciones
educativas, que no tenían capacidad técnica, material ni humana para prestar
servicios, subcontrataron a otras empresas para realizar los trabajos, que en
muchos casos no existieron.
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