Por
Redacción / Sin Embargo.
La corrupción fue calificada por el 56.7 por ciento de la población
mexicana mayor de 18 años como uno de los problemas más graves, sólo por debajo
de temas como la inseguridad y los niveles de delincuencia. Durante 2018 las
cifras más altas de denuncia por corrupción se dieron en Sonora, México,
Aguascalientes y Oaxaca.
En el marco
del Día Internacional contra la Corrupción, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer cifras oportunas al respecto
de la incidencia de este delito, así como la cifra de denuncias y los modelos
actuales para sancionarlo.
“La corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y
privadas y se define como el abuso de la posición organizacional para obtener
beneficios de manera ilegítima. Además, se caracteriza por ser un fenómeno
multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y
tiene orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y/o económicos”, describió el
Inegi.
De las 32
entidades federativas, se recibieron 53 mil 762 denuncias “por la actuación
indebida de los servidores públicos”, lo que se tradujo en una tasa nacional de
2.1 quejas interpuestas por cada 100 servidores públicos.
Pese a que Sonora obtuvo cifras de 13.8 denuncias por cada 100
servidores, 13 entidades recibieron menos de una queja y/o denuncia por cada
100 servidores públicos: Guerrero fue la que obtuvo menos denuncias con 0.1
quejas.
Del 100 por ciento de las reclamaciones, los buzones de quejas
recibieron el 19.7 por ciento de ellas, seguido de las oficinas especializadas,
con el 19.4 por ciento.
Las cifras de percepción de actos de corrupción se elevaron en 6 años,
porque en 2011 el dato fue de 83 por ciento y en 2017 se ubicó en el 91.1 por
ciento de la población.
Aunado a
esto, en 2017 el 14.6 por ciento de la población expresó haber sufrido algún
acto de corrupción y la mayor incidencia se localizó en la Ciudad de México,
con el 20.1 por ciento; con el 17.6 por ciento, Quintana Roo; y Morelos con el
17.2 por ciento.
Guanajuato, Puebla, Veracruz y Colima tuvieron las tasas más bajas de
prevalencia de actos de corrupción con el 9.0, 9.6 y 10.6, respectivamente.
“En 2017, a nivel nacional se observó un aumento de poco más de dos
puntos porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción
respecto a lo estimado en 2015 y 2013”, informó el Inegi, pues la media
nacional de 2013 ascendió a 12.1 puntos, en 2015 a 12.6 y en 2017 a 14.6 por
ciento.
Las mayores incidencias a nivel nacional fueron con autoridades de
seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad o trámites en el
Ministerio Público, con el 59.5, 30.7 y 25.1por ciento, respectivamente.
“En 2017, 82.6 por ciento de la población a nivel nacional que sufrió
algún acto de corrupción no denunció el delito”, destacó el informe
del Inegi.
La respuesta más común para evitarlo fue que se consideró inútil o que
no tendría seguimiento, por el 26.4 por ciento de la población consultada. El
20.6 por ciento consideró que se trataba de una pérdida de tiempo y el 5.4 dijo
no hacerlo por desconocimiento de las instancias para realizarlo. De estos
datos destacó que el 15.1 por ciento se benefició de este delito.
El
Instituto afirmó que a lo largo de los últimos años, en México se realizaron
diversos acuerdos para enfrentarlo, “la más reciente ocurrió en 2015 cuando se
reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para
fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”
“De las 26
entidades que incluyeron el tema de combate a la corrupción en su PDE, Colima,
Guanajuato, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco no contaron con un
instrumento programático específico”, destacó el informe. Al momento de la
elaboración, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro y Sonora
estaban en proceso de integrarlo.
En total,
17 estados en el país con un programa anticorrupción en 2018.
Declaración
patrimonial; el área de compras del Gobierno; y las áreas donde se canalizan
las solicitudes de apoyo de programas sociales, fueron prioritarias para las
entidades que buscaron combatir la corrupción.
“Personal
acreditado en los temas de control interno, código de ética y declaración
patrimonial fueron los que un mayor número de entidades reportaron tener,
siento el tema de rendición de cuentas el menos presente entre las entidades
federativas”, dictó el documento.
DENUNCIAS
INTERPUESTAS.
El año en
el que más quejas se interpusieron fue 2016, con un incremento de 29.3 por
ciento respecto de 2015. Entre 2014 y 2018, la Ciudad de México y Jalisco
recibieron la mayor cantidad de denuncias.
“Cabe resaltar el caso de Sonora que en 2018 se coloca como la segunda
entidad con más quejas recibidas, con 9 mil 504, poco más del doble que las
recibidas por la Ciudad de México en el mismo año”, destacó la
entidad.
El mayor porcentaje de denuncias se recibió por medios electrónicos o
a distancia, con el 39.4 por ciento.
Además, en
2018, se abrieron 11 mil 193 investigaciones por la presunta responsabilidad de
faltas administrativas, el 59.3 por ciento del total; el 28 por ciento estuvo
compuesto por investigaciones de auditorías y el 12.7 por denuncias iniciadas
por oficio.
La Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo concentraron
casi el 50 por ciento de las investigaciones iniciadas en el país.
Los principales tipos de faltas graves por las que hubo sanciones
fueron negligencia administrativa y omisión de la declaración patrimonial, así
como conflicto de interés.
Las penalizaciones a servidores por faltas graves fueron a 505
personas en el estado de México; 119 en Baja California; 110 en Ciudad de
México; 47 en Oaxaca; 43 en Sonora; 10 en Tabasco; 3 en Jalisco y uno en Baja
California Sur.
“A manera de aproximación, por cada 100 denuncias recibidas por las
administraciones públicas estatales en 2018 hubo 13 servidores públicos
sancionados”, puntualizó el Inegi.
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