Julio Astillero.
La fuga
concertada de tres internos en el Reclusorio Sur, con la colaboración de
personal carcelario de niveles incluso altos, ha puesto de relieve lo que no
necesita mucha confirmación: en la Ciudad de México se vive una espiral de
dominio de grupos delictivos de distinto calado y en distintos escenarios, sin
que hasta ahora la administración encabezada por Claudia Sheinbaum haya
encontrado una fórmula eficaz para ir frenando tal ascenso criminal.
No es un
problema surgido específicamente en esta administración ni han asomado
evidencias de colusión o complicidad de parte de los mandos realmente cercanos
a la gobernadora Sheinbaum, aunque es evidente que hay una profunda y sostenida
corrupción en el tejido general de los ámbitos policiacos, carcelarios y
judiciales de la capital del país.
Algunos de
los funcionarios nombrados por Sheinbaum en la Secretaría de Seguridad Pública
y la procuraduría local de Justicia han sido evidentemente inadecuados para el
tamaño del reto. La llegada de un policía de carrera, con mano dura y presunta
ascendencia sobre los grupos mafiosos que aún controlan el mundillo de las
relaciones entre delincuentes, políticos y policías, no ha podido aportar
buenos resultados: Omar García Harfuch ha tenido reveses como sucedió en el
caso de la masiva detención de presuntos delincuentes en Tepito, a los que
luego otorgaron libertad por violaciones al debido proceso, y las expectativas
de mejoría en seguridad pública que generó se han quedado en lista de espera.
Como todos
los gobernantes de la capital del país, desde el partido que sea y en el
periodo que sea, Sheinbaum es una aspirante natural a la próxima candidatura
presidencial por parte de Morena. Goza de especial afecto por parte del jefe
partidista y actual ocupante de Palacio Nacional, quien no ha dudado en mostrar
abierto respaldo a Sheinbaum en momentos críticos. Además, ella está en el
primer círculo político y de afectos del obradorismo.
Golpes como
el dado en el Reclusorio Sur, los robos a mano armada en vialidades principales
y audacias como el asalto de ayer a una joyería en la avenida Altavista, en San
Ángel, tienen visos peculiares que pueden ir más allá de la tendencia al alza
de fenómenos similares en todo el país (donde el registro de hechos delictivos
graves es peor que en la Ciudad de México). En tiempos de combates políticos y
prelectorales como los que ya se viven, todo escenario es propicio para asestar
golpes a los adversarios.
Los
resultados que tenga en este difícil tema de la seguridad pública (donde la
herencia dejada por Miguel Ángel Mancera ha sido negativa) tendrán impacto en
la valoración política de su gestión y en la apertura o cierre de posteriores
oportunidades de avance en la escalera electoral a la que ella deberá aportar
candidaturas y campañas morenistas ganadoras en las elecciones intermedias de
2021 como un escalón necesario rumbo a las presidenciales de 2024.
Los datos
que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
son desalentadores: la economía mexicana tuvo una caída de 0.1 por ciento
respecto del año anterior en cuanto a producto interno bruto. Los peores
resultados desde 2009, en una estimación preliminar que al parecer no cambiará
en lo sustancial cuando quede en firme, según lo que conforme al lenguaje
técnico del caso proviene de la estimación oportuna del producto interno bruto
con series desestacionalizadas.
Además de
estas cifras oficiales, en la vida cotidiana hay constantes muestras de este
desaliento económico que algunos especialistas ya consideran una recesión. El
gobierno del presidente López Obrador se alista a poner en marcha acuerdos de
inversión y desarrollo que podrían mejorar los números en próximas mediciones,
aunque también persisten factores externos de inestabilidad y riesgo que
podrían afectar los esfuerzos internos.
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