La Sala
Regional en Durango del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) SE
RETRACTÓ de su decisión de suspender la inhabilitación por dos años y seis
meses que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a la empresa
farmacéutica Solfrán, de Carlos Lomelí, exsúperdelegado del gobierno federal en
Jalisco.
En
respuesta, los abogados de la empresa denunciaron que la SFP, dependencia a
cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ejerció una “presión inusitada” y
“amenazó” al magistrado Miguel Aguilar García de “ser removido de su cargo”,
para que revocara su decisión de permitir a Solfrán participar en licitaciones
hasta que se resuelva el fondo del juicio.
La SFP
celebró esta tarde la decisión del juez y, tras evocar su “imparcialidad y
estricto apego a la legalidad”, sostuvo que previamente la empresa había
promovido un juicio de nulidad en una Sala del Tribunal en Guadalajara, “la
cual le negó la suspensión de la inhabilitación; por tal motivo, la que obtuvo
de la Sala de Durango no podía ser válida”.
En
septiembre de 2019, la SFP sancionó a la empresa después de comprobar que la
farmacéutica presentó información falsa en una licitación pública, y le
prohibió celebrar contratos con el gobierno federal o con estados y municipios
en los cuales haya recursos federales involucrados.
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