Por Dulce
Olvera.
Colectivos
civiles retaron al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y al
Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, a utilizar durante un día,
sin escoltas, el transporte público de la entidad, luego del aumento de 20 por
ciento a la tarifa que afecta tanto a los 12 millones de usuarios como a los
choferes que entregan cuotas a las empresas concesionadas.
“El
transporte público en el Estado de México -una de las zonas más contaminadas por
uso excesivo de automóvil- está en un estado deplorable. Los tomadores de
decisiones, en este caso el Gobernador y su Secretario de Movilidad,
probablemente no conozcan las dificultades que enfrenta toda la gente que lo
usa. Tal vez han oído hablar de la inseguridad, pero jamás la han
experimentado. Él dice que es bastante bueno y decente”, afirmó en conferencia de prensa
Carlos Samayoa, responsable en temas de movilidad de Greenpeace, quien recordó
que un transporte público de calidad aminora el uso de automóvil y con ello la
mala calidad del aire derivada de sus emisiones.
El
tarifazo local de este año es el tercero de 2013 a la fecha, pero, acusaron, no
se han reflejado en las promesas de mejoras en calidad, seguridad y
sustentabilidad ni cuentan con un plan de movilidad íntegro y transparente para
ello.
Además, aunque
el transporte mexiquense es de los más caros e inseguros en el país, no otorga
tarifas preferenciales a los grupos vulnerables como estudiantes, adultos
mayores y con capacidades diferentes.
Dante
Álvarez, miembro de Metrobús Toluca Ya, documentó que el 70 por ciento de
los 17 millones de habitantes del Estado de México usa el transporte colectivo,
de los cuales el 30 por ciento son estudiantes o adultos mayores que no reciben
ingresos, y el 40 por ciento tiene carencias económicas por lo que el aumento
de 10 a 12 pesos “está pasando factura al sector más vulnerable de la
población”.
Diana
Bobadilla Martínez, de la fundación ambiental Xihmai, agregó que familias
mexiquenses de tres o cuatro integrantes está gastando alrededor de 1,600 pesos
semanales por transportarse, pero ganan en ese periodo 1,800 pesos o menos por
lo que se está volviendo “un gasto insostenible” el derecho a la movilidad.
En
representación del colectivo estudiantil Intégrate Project, Alejandro Hernández
enfatizó que los recursos derivados de los incrementos en 2013 y 2017 no se
han invertido en infraestructura.
“La
solución no es el incremento -que no está en una ley porque solo fue un
acuerdo- sino en una restructuración y organización del sistema del transporte
para que el gremio transportista eficiente los trayectos”, dijo el estudiante de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
TRANSPORTISTAS,
EL VOTO DURO DEL PRI.
Dante
Álvarez, miembro de Metrobús Toluca Ya, una iniciativa que nació en 2013 por
el primer tarifazo en el Estado de México, aseguró que el problema del
transporte mexiquense es que se ha ido improvisando con el modelo hombre-camión
que ha generado una relación de poder entre el partido de Estado (el PRI) y los
grupos transportistas.
“A partir
de intereses político partidistas se fueron entregando concesiones de tal modo
que los principales corredores del Estado de México están saturados. Le llaman
sobreposición de ruta y eso lo hace particularmente ineficiente”, expuso.
“La entrega de estas concesiones a lo largo de
40 o 50 años la ha hecho el partido de Estado a su voto duro, los grupos
transportistas. Reciben apoyos durante la administración y cada que hay un
informe de gobierno todos los camiones del Estado de México se pintan con agradecimientos
al Gobernador”.
En el
ajuste tarifario de 2017 los transportistas reconocieron que sus unidades
operan al 30 por ciento de su capacidad, esto es, los usuarios tienen más del
doble de las unidades requeridas.
Pero los
choferes no son dueños de las unidades, sino que deben entregar cuotas a las
empresas concesionadas dependiendo la ruta. Carecen de seguridad social y sus
jornadas de trabajo son de 15 horas con descansos cada 15 días.
Dante afirmó
que la Ley de Movilidad aprobada en 2015 es “letra muerta”, por lo que urgió a
aplicar el artículo 41 sobre el esquema de concesiones.
“Habla
del canje de concesiones y cómo el Estado debería estar juntando estas
concesiones pulverizadas por unidad que operan bajo el obsoleto y contaminante
modelo hombre-camión y cambiarlo a un sistema de corredores estructurados. Pero
el Secretario de Movilidad no ha hecho este canje de concesiones. Lo que está
haciendo es generar prórrogas al exceso de concesiones que ya existe por 10
años más, es decir, heredar el gran problema de movilidad”, aseveró.
Diana
Bobadilla, de la fundación ambiental Xihmai, comentó que por el esquema
hombre-camión el chofer tiene que estar peleando el pasaje entre la sobre
oferta de unidades.
“Estos
choferes también están siendo víctimas de esta alza a la tarifa, porque les
están incrementando la cuota que ellos deben ingresar a sus jefes de la
empresa. Si antes entregaban 600 pesos ahora deben entregar 800, 900 o hasta
mil pesos”, expuso.
Respecto
a las medidas de seguridad implementadas como la colocación de cámaras en las
unidades, criticó que los choferes deben pagarlas hasta en 40 mil pesos para
tener acceso a la herramienta, más 8 mil pesos mensuales a la empresa que las
otorga.
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