Detrás de
las fugas de tres narcotraficantes del Reclusorio Sur hay un penetrante tufo de
corrupción. No puede entenderse de otra manera y así lo han confesado un par de
custodios que, según su propio dicho, ayudaron a los presos en su evasión.
El caso
no es menor y expone la fuerte corrupción que ha invadido al Sistema
Penitenciario Nacional. Desde hace por lo menos veinte años las prisiones en
México están controladas por el crimen organizado; los directores de los
reclusorios, por decisión propia o forzados por los cárteles, han entrado al
juego de las complicidades y corruptelas. No puede entenderse de otra forma.
El crimen
organizado opera en todo el mundo mediante pactos con los hombres del poder.
México es un caso patético en esta materia: alcaldes, gobernadores, jefes
policiacos, militares, marinos y empresarios forman parte de la red de
corrupción que hace posible que el narcotráfico, por ejemplo, florezca en todo
el territorio.
En
Tamaulipas y Veracruz, estados controlados por el crimen desde hace varias
décadas, se conocieron los primeros síntomas de este terrible cáncer. Los
gobernadores de esas entidades, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, así como
Patricio Chirinos en Veracruz, con Miguel Ángel Yunes como Secretario de
Gobierno, le abrieron las puertas al crimen organizado. Este fue el periodo en
que se encumbró en el poder criminal veraruzano Albino Quintero Meraz, “Don
Beto”, pieza del Cártel de Juárez y socio en ese tiempo de Osiel Cárdenas
Guillén, entonces poderoso jefe del Cártel del Golfo.
En el
Gobierno de Eugenio Hernández, el narco tenía un representante en el gabinete
estatal y éste era el encargado de controlar todo el negocio, manejaba las
prisiones y daba órdenes para que muchos presos, todos ligados al cártel de Los
Zetas o del Golfo, se evadieran y se reincorporaran a las actividades
criminales. Todo ocurría con la complacencia de los gobernadores.
En
Veracruz y Tamaulipas en varias ocasiones hubo fugas de narcos de las
prisiones. El cártel de Los Zetas arribaba a las prisiones con sus hombres
armados y ordenaban la liberación de sus secuaces.
El mismo
modus operandi se observó en el penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de
2001, cuando se fugó por primera vez Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces jefe
del cártel de Sinaloa.
“El
Chapo”, según consta en las investigaciones que realizó la Procuraduría General
de la República (PGR) controlaba el penal: pagaba jugosos honorarios al
director de la prisión y tenía en la nómina a todos los custodios, que
terminaron convertidos en cómplices del capo.
Guzmán Loera
era el rey de Puente Grande: organizaba fiestas, contrataba mujeres de la vida
galante para sus orgías y las autoridades del penal se encargaban de concederle
todos sus caprichos. Las investigaciones indican que hasta Viagra le surtían
para aliviar sus problemas de disfunción eréctil.
La misma
complicidad oficial se observó cuando Guzmán Loera se fugó por segunda ocasión
de una cárcel de alta seguridad, ésta vez del penal del Altiplano, en el Estado
de México.
La
versión oficial dice que el capo ordenó que le cavaran un túnel para evadirse.
Lo cierto es que altos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
se ligaron al proyecto de la fuga. Todo estaba pactado con los hombres del
poder. Nada fue fortuito.
En el
Reclusorio Sur ocurrió lo mismo con la fuga de Víctor Manuel Flores Beltrán,
“El Vic”, Luis Fernando Meza González y Yoel Osuna Navarro, todos ligados al
Cártel de Sinaloa, la misma organización criminal que fue beneficiada en
octubre de 2019 con la liberación de Ovidio Guzmán Salazar, hijo de Guzmán
Loera.
El famoso
“Vic” es hijo de Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de “El Chapo” Guzmán. De
acuerdo con sus antecedentes criminales, fungió como operador financiero del ex
jefe del Cártel de Sinaloa actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados
Unidos.
Félix
Félix –su padre –fue detenido en 2011 y luego extraditado a Estados Unidos,
donde tenía cuentas pendientes con la justicia. Allá fue sentenciado a catorce
años de prisión por un juez con sede en San Diego, California, en diciembre de
2012.
Luis Fernando
Meza González, el otro reo evadido, enfrentaba también un juicio de extradición
por cargar en su haber acusaciones de tráfico de drogas y delincuencia
organizada en Estados Unidos.
También
se le relacionó con el lavado de dinero y, según sus antecedentes criminales,
formaba parte del grupo de Víctor Manuel Flores Beltrán.
Yoel
Osuna Navarro, el tercer fugado, enfrenta acusaciones por tráfico de drogas en
Denver, Colorado, donde tiene un expediente abierto por delincuencia
organizada. También fue detenido con fines de extradición. De esta forma queda
claro que los tres temían ser extraditados y pasar su vida en una prisión de
Estados Unidos.
Antonio
Hazael Ruiz, Subsecretario del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad
de México, debe ser investigado por la fuga de los tres capos, pues ésta no se
explica sin la complicidad de altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de
México.
De hecho,
se ha denunciado que las estructuras de seguridad del Gobierno capitalino están
contaminadas por el crimen organizado porque así las heredó Miguel Ángel
Mancera, ex jefe de Gobierno y actual Senador de la República.
Lo que no
se esperaba es que el crimen organizado ya controlara las prisiones en la
Ciudad de México, pero todo indica que los cárteles se han afincado en la
capital del país y ya cobran piso, según han denunciado los propios
comerciantes.
En el
Reclusorio Sur han ocurrido otras fugas. Una de las más espectaculares que se
recuerdan es la del capo Otho Roberto Herrera García, “El Profe”, narcotraficante
de origen guatemalteco.
Este
personaje se fugó del Reclusorio Sur –el hotel de cinco estrellas para capos y
políticos en desgracia – el 14 de mayo de 2005. Entonces el director de la
prisión era Antonio Hazael Ruiz, actual Subsecretario del Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México.
¿Quién
ordenó la fuga de los capos? ¿Qué funcionarios participaron? ¿Es otro apoyo
para el cártel de Sinaloa? ¿Qué papel juega dicha organización en el esquema
político del gobierno de la Cuarta Transformación?
Estas
preguntas quizá no tengas respuesta todavía, pero conforma avanza el sexenio
muchos hechos apuntan a que el Cártel de Sinaloa es la organización consentida
del poder.
Tras
conocerse la fuga de los capos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
ordenó una investigación a fondo porque, dijo, es claro que hubo complicidad y
corrupción, lo que acredita que tales problemas siguen en el Gobierno y que no
se han erradicado, como él pregona.
La
corrupción y la complicidad con el crimen ahí sigue, galopante, aunque el
Presidente diga que esto es parte del pasado.
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