Lo que se juega en Pemex.

Enrique Quintana.

Para muchos empresarios y analistas, sin lugar a dudas, el mejor de los escenarios en el sector de la energía hubiera sido la continuidad plena de la reforma energética instrumentada por el gobierno de Peña Nieto.

El problema es que ganó la oposición. Por eso, no es sorpresa que hoy las políticas sean diferentes, pues había otra visión respecto al sector.

La propuesta del gobierno anterior implicó construir un entramado institucional y legal que permitiera el debilitamiento de los monopolios (Pemex y CFE) y una regulación asimétrica para propiciar la creación de un mercado de energía.

La fuerza política que ganó las elecciones en junio de 2018 lo hizo ofreciendo una visión distinta: regresar al fortalecimiento de instituciones como Pemex y la CFE.

Al llegar a la presidencia, el presidente López Obrador encontró, sin embargo, que no podía entrar en conflicto con muchos de los inversionistas que ya habían entrado a la industria bajo las reglas de la reforma.

Ofreció, y hasta ahora lo ha cumplido, no hacer ningún cambio constitucional en materia de energía.

Sin embargo, en tanto su visión era diferente, operó en los espacios que podía hacerlo como en la integración de los órganos reguladores; en modificaciones reglamentarias y en políticas para el sector.

El gobierno de la 4T, desde su origen, ha estado en medio de una tensión. Por un lado, no quiere entrar en conflicto con los empresarios que han invertido en México bajo el paraguas de la reforma energética. Pero quiere llevar adelante su estrategia, que implica el darle nueva fuerza y nuevo protagonismo a los exmonopolios estatales.

Este conflicto de visiones también se ha expresado en puntos de vista diferentes al interior del gabinete de López Obrador.

El Acuerdo para la Infraestructura en Energía que se dará a conocer, presuntamente, en el mes de febrero, va a expresar esa dualidad.

Ha trascendido que se restringirá la participación del sector privado en la producción de hidrocarburos, y se va a limitar, que no a prohibir, el que tengan participación adicional en el mercado de generación eléctrica.

Igualmente, en la refinería de Dos Bocas o en los proyectos nuevos de producción solamente se permitirán los contratistas, como existían antes de la reforma de Peña Nieto.

Ante estos hechos, el sector privado tiene una disyuntiva. Por un lado puede reclamar que se están cambiando las reglas que se establecieron en el gobierno anterior, pero eso, claramente, era algo que se veía venir.

La otra posición es encontrar los espacios en los cuales los empresarios privados pueden seguir participando y haciendo negocios rentables en el sector energético.

Si todo se limitara a esa disyuntiva, la problemática sería menor. El tema más importante para Pemex en los próximos meses es el riesgo de que la agencia calificadora Moody’s degrade la nota de la deuda de la empresa petrolera y por lo tanto le quite el grado de inversión.

Ayer, el director general de Pemex, Octavio Romero, presentó las estimaciones de la producción de crudo en enero de 2020, y se aprecia un ligero incremento respecto al nivel de diciembre y otro un poco mayor respecto al nivel de hace 12 meses.

Sin embargo, eso no garantiza que Moody’s no degrade la deuda de Pemex en los próximos meses.

Hacienda entiende perfectamente la relevancia del hecho, por lo que es de esperarse que pronto desarrollen una actividad intensa para evitar esa decisión de Moody’s, que podría tener graves consecuencias para el país.