Por Ixtlixóchitl
López
El académico
y articulista Sergio Aguayo Quezada refrendó la denuncia sobre la existencia
de una red de complicidad entre algunos jueces y magistrados del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México para favorecer al
exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
En
conferencia de prensa vía telefónica, el periodista acusó que, pese a las
declaraciones y oficios aportados por parte de sus abogados, el TSJ capitalino
siguió fallando en su contra y acosándolo, hasta que finalmente el magistrado
José Huber Olea Contró lo condenó a indemnizar con 10 millones de pesos al
exgobernador por daño moral.
El académico
explicó que su caso no se trata sólo de una disputa entre particulares, sino
de las reglas fundamentales del periodismo y su relación con los personajes
públicos, por lo que agradeció la solidaridad del gremio.
“Estoy
muy conmovido, sacudido anímicamente por la reacción de solidaridad que he
recibido de infinidad de colegas, incluso con quienes no tengo muy buena
relación”, afirmó.
El académico
atribuyó esta muestra de solidaridad a la comprensión que existe en el
ámbito periodístico sobre los acontecimientos recientes que atentan contra la
libertad de expresión, como la filtración de una iniciativa de reformas legales
que permitiría la posibilidad de castigar con cárcel alguna presunta
difamación.
A ello, indicó,
se sumaron las agresiones que recibió la caminata por la paz con justicia y
dignidad en su arribo al zócalo capitalino, por parte de simpatizantes de la
Cuarta Transformación, y “mostró la fragilidad de los espacios para la libertad
de expresión”.
Aguayo consideró
éste como un momento propicio para reformar las leyes y corregirlas, con el
objetivo de definir las circunstancias en que se puede presentar una demanda
por daño moral o al honor, y evitar así, las demandas “tan frívolas y
extravagantes por difamación”, en las que el presunto agraviado puede fijar el
monto que deberá pagar el presunto agresor.
Luego de que
el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anunció que atraería el caso, el
articulista se dijo tranquilo y confesó que la noticia ha sido para él “como
una liberación de la mazmorra en la cual se ha convertido el Poder Judicial de
la Ciudad de México.”
Aseguró
que por primera vez en casi cuatro años su caso va a ser revisado por un juez
de manera objetiva, profesional y rigurosa para determinar si se agredió el
honor del exgobernador o si fue un pretexto que Moreira utilizó para acosarlo
por investigar la violencia en el estado de Coahuila.
Columna de
Aguayo, la más cara en la historia de México.
Sara
Mendiola Landeros, abogada de la organización Propuesta Cívica, aseguró que la
columna de Sergio Aguayo sobre Humberto Moreira ha sido la más cara del país:
“10 millones de pesos demandados por opinar, eso es lo que cuesta opinar en
nuestra democracia mexicana”.
Asimismo, subrayó
que este tipo de demandas con sanciones económicas “irrisorias” no busca el
lucro económico, sino generar temor en quien está investigando e informando, a
fin de inhibir la labor periodística y coartar la libertad de expresión.
La abogada indicó
que existen alternativas menos lesivas para los periodistas, como el derecho de
réplica, que deberían ser obligatorias antes de interponer una demanda por daño
moral, y acusó que en el caso de Sergio Aguayo existe una valoración “inadecuada”
sobre el trabajo periodístico.
En este
tipo de casos las autoridades deben determinar primero si se trata de una
investigación o de una columna de opinión, debido a que estas no pueden ser
criminalizadas o judicializadas por ningún motivo, abundó.
“Sin
atender el sentido correcto, el magistrado Olea decidió que, en atención al
sistema dual, el periodista no debió criticar la detención de Moreira en
España, ni generar juicio, ni opinión, de su función como gobernador de
Coahuila, concluyendo que la columna de Aguayo violaba la presunción de
inocencia del exgobernante. Un argumento falaz, toda vez que el autor de la
columna comunicó un hecho cierto y noticioso”, subrayó.
Por su
parte, Héctor Beristain Souza, abogado de Sergio Aguayo, afirmó que el de su
cliente es un caso de “acoso judicial pocas veces visto”, en el que hubo dolo y
corrupción para amedrentarlo y censurarlo.
La
demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, dijo, no sólo está plagada de
irregularidades, sino que refleja una dualidad operativa por parte del TSJ,
pues por un lado las peticiones del exgobernador son resueltas de manera
expedita, mientras que las promovidas por el articulista son presas del letargo
y el aplazamiento.
Beristaín precisó
que, para revivir el caso, Olea Contró aplicó disposiciones derogadas y con
ellas exigió un resarcimiento de 10 millones de pesos por presuntos daños
morales que excede las disposiciones legales en la materia, establecidas en un
tope máximo de 25 mil pesos.
Además, remarcó
que el magistrado no sólo “torció el derecho”, sino que se encuentra en un
claro conflicto de interés, pues en 2017 el hermano de Humberto Moreira,
entonces gobernador de Coahuila, le otorgó al hermano del magistrado una
notaría pública en Saltillo, Coahuila.
Por lo
anterior, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el Comité para
la Protección de los Periodistas, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras,
acusaron la existencia de acoso judicial en contra de Sergio Aguayo, que
resulta en un retroceso para la libertad de expresión y un precedente riesgoso
para la libertad de prensa en México.
Y solicitaron
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el amparo directo
906/2019 a favor de Aguayo, así como la queja 11/2020, a fin de que el
magistrado Francisco José Huber Olea Contró sea investigado por presuntos actos
de corrupción en la sentencia y en su función judicial.
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