Por Sara
Pantoja.
El
subsecretario del Sistema Penitenciario, Antonio Hazael Ruiz, informó que en la
fuga de tres internos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, presuntamente
ligados al cártel de Sinaloa, habrían participado entre seis y 10 servidores
públicos del penal. Estas personas, dijo, estarían “vinculadas de manera
notable con la fuga”.
En
conferencia conjunta, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, se
adelantó a las investigaciones ministeriales y aseguró que en la fuga de Víctor
Manuel Félix Beltrán –hijo de Víctor Manuel Félix Félix, consuegro y compadre
de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán–, Luis Fernando Meza González (ambos de Nayarit) y
Yael Osuna Navarro, de Nayarit, habrá consecuencias penales tras la “evidente
colusión” de funcionarios del reclusorio.
“La
evasión de un interno de este centro no se puede realizar si no hay
participación de servidores públicos, hay que decirlo claramente”, apuntó.
La
funcionaria agregó que en múltiples ocasiones el Sistema Penitenciario había
solicitado a jueces federales trasladar a dichos reos y a otros de “alta peligrosidad”
a penales federales, debido a que los reclusorios de la Ciudad de México son de
“mediana seguridad”, pero no obtuvieron respuesta.
Las
autoridades pidieron apoyo a los ciudadanos para denunciar al número de
emergencia 911 y de manera anónima al 089, en caso de tener información sobre
el paradero de los tres reos evadidos.
LA FUGA.
Tras
calificar la evasión como un “hecho lamentable” que “no debió suceder”, el
subsecretario Antonio Hazael Ruiz detalló que los tres internos estaban en
el área de Ingreso del Reclusorio Sur y para fugarse, subrayó, debieron pasar
al menos cinco rejas o reclusas, que recientemente habían sido reforzadas.
Luego “alguien les abrió los candados”.
Agregó que
este miércoles, como se hace todos los días, personal de seguridad del
reclusorio pasó lista a los internos, entre las 7:30 y las 8:00 horas, y fue
entonces cuando se dieron cuenta que faltaban los tres reclusos.
Enseguida
se dio aviso al subsecretario y de inmediato se activó el protocolo de
seguridad al interior y exterior del penal, que incluye la cancelación de
entradas y salidas de empleados, además de la activación de un círculo de
seguridad de la policía en los alrededores.
Más tarde
ingresaron elementos del Ministerio Público y de la Policía de Investigación
para realizar las investigaciones pertinentes, incluidas las declaraciones del
personal encargado de la seguridad del reclusorio.
De acuerdo
con el funcionario, la investigación que se abrió incluirá “a todos los
servidores públicos que hayan podido incurrir en alguna responsabilidad por
acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones”.
Jueces
federales, culpables indirectos.
La
secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, recordó que los juicios de los
tres internos que se escaparon estaban en manos de juzgados federales y tenían
solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. Dos de ellos se
encontraban en el reclusorio desde 2017 y otro desde 2019, detalló.
En reiteradas
ocasiones –abundó– el gobierno ha solicitado a jueces federales el traslado de
delincuentes de “alto riesgo” a centros de máxima seguridad, “ante el
señalamiento de especialistas de que los centros penitenciarios de la Ciudad de
México son preventivos”.
En el caso
de Víctor Manuel Félix Beltrán, dijo, ingresó al Reclusorio Preventivo
Varonil Sur el 28 de octubre de 2017 con fines de extradición por delitos
contra la salud y asociación delictuosa, entre otros. Posteriormente, el 3 de
noviembre de 2017, fue trasladado al penal del Altiplano, pero por orden de un
juez reingresó al Reclusorio Sur el 9 de noviembre de 2018.
Yael
Ozuna Navarro o Julio César Estrada Montaño o Rubén o Julio, ingresó el 12 de
octubre de 2019 por el delito de asociación delictuosa, lavado de dinero y
distribución de sustancias controladas en Estados Unidos.
Luis
Fernando Meza González fue recluido el 10 de noviembre de 2017 bajo
procedimiento de extradición por los delitos de asociación delictuosa e
introducir sustancias controladas al vecino país del norte.
“La
presencia de este perfil de internos en los centros penitenciarios de la Ciudad
de México ha puesto en riesgo la seguridad de las personas privadas de la
libertad que se encuentran ahí y afecta, por supuesto, la gobernabilidad. Por
eso hemos insistido en la necesidad de su traslado a penales de alta seguridad,
fuera de la Ciudad de México”, apuntó la funcionaria.
Y remató: “Está
en manos de jueces federales contribuir a un efectivo control de las personas
privadas de la libertad con historial de delitos contra la salud y asociación
delictuosa, como en estos casos”.
Por último, aseguró
que el gobierno capitalino “aportará toda la información necesaria para que se
investigue cualquier acto de colusión o corrupción en este hecho inaceptable y
se sancione a los responsables”.
CDHCM pide
revisar ubicación de internos.
La Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que abrió una
queja de oficio por la fuga de los tres internos y llamó a las autoridades
judiciales federales a revisar “a profundidad” la ubicación de internos en
centros penitenciarios capitalinos por delincuencia organizada o que requieran
una medida de seguridad especial.
En un
comunicado, destacó la necesidad de que éstos sean remitidos y reubicados en
centros de alta seguridad federal, como corresponde, de acuerdo con la
legislación aplicable.
Personal
de la Comisión acudió al Reclusorio Sur desde esta mañana, en su carácter de
observadora, para supervisar que las condiciones de las personas privadas de la
libertad no sufrieran mayores afectaciones a las necesarias para el desarrollo
de la investigación.
El
organismo recordó que, de acuerdo con los estándares internacionales de los
derechos de las personas privadas de la libertad, su ubicación debe ser
conforme al delito que se haya cometido, y mencionó la Ley Nacional de
Ejecución Penal en el Artículo 5 y la Regla 11 de las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como “Reglas
Nelson Mandela”.
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