Por Juan
Carlos Cruz Vargas.
La
Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu) bajo el mando
de Rosario Robles Berlanga dejó un daño al erario por 21 millones 941 mil 291
pesos derivado de irregularidades en la contratación de los servicios del
Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem).
Se trata
del cuerpo policiaco consentido del gobierno de Enrique Peña Nieto por los
numerosos contratos firmados en su sexenio para vigilar inmuebles como la sede
de la Secretaría de Gobernación, instalaciones estratégicas de agua,
electricidad y manejo nuclear, e inclusive la custodia personal de al menos una
secretaria de Estado.
De acuerdo
con la Auditoría de Cumplimiento Forense 2018-0-15100-23-0209-2019 209-DS,
llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se
enmarca en la Tercera entrega de los Informes Individuales y del Informe
General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
correspondiente a 2018, se detectaron las siguientes irregularidades:
De
entrada, en la justificación de la contratación del Servicio de Vigilancia y
Seguridad en el ejercicio fiscal 2018 para las instalaciones de la Sedatu, no
fundó ni motivó la selección del procedimiento de excepción a la licitación
pública y su adjudicación de forma incorrecta al Cusaem.
Tampoco
realizó una investigación de mercado que garantizara las mejores condiciones
para el Estado, toda vez que no fue posible verificar que la supuesta empresa
competidora del Cusaem, que es Seguridad Privada Tacita y Recreativa,
proporcionó cotización a la Sedatu, ya que no se llevó a cabo la notificación
de la solicitud de información y documentación debido a que el domicilio
obtenido de la cotización de dicha empresa corresponde a una clínica dental.
Mientras
que el otro competidor, Migova Seguridad Privada, manifestó que no envió alguna
cotización a nombre de la Sedatu, como lo aseguró la dependencia encabezada por
Robles Berlanga.
Pagos
indebidos.
Ya
contratados los servicios del Cusaem, la ASF explicó que la Sedatu
comprometió de forma incorrecta un importe de 22 millones 833.3 mil pesos, toda
vez que no proporcionó el Decreto de Creación que dio origen al Cusaem, con el
cual se acredite que éste sea un ente público perteneciente a la Administración
Pública de una Entidad Federativa o que tenga participación estatal
mayoritaria.
Asimismo, no
se presentó la evidencia suficiente competente y relevante que acredite que
dicha empresa tenía la autorización para prestar los servicios de seguridad,
protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos.
Por otra
parte, la Sedatu pagó de forma indebida al Cusaem seis millones 400 mil
pesos, con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018, importe que
correspondió a compromisos contraídos en el ejercicio fiscal 2017.
De la misma
forma, facilitó 15 millones 541 mil pesos por el compromiso adquirido a
través de la suscripción del Convenio de Colaboración tipo Abierto número
SEDATU-CC-01-2018, toda vez que no proporcionó evidencia documental y
justificativa que acreditara que los elementos de seguridad que prestaron el
servicio de vigilancia y seguridad a la Sedatu para el ejercicio fiscal 2018,
formaban parte de la estructura del Cusaem, y que con dichos recursos cubrió
sus honorarios.
Otras
inconsistencias.
Adicional
a lo anterior se comprobaron las siguientes inconsistencias:
La
dependencia pagó con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2018 un
millón de pesos el 5 de febrero de 2019, lo cual se considera improcedente, en
virtud de que se cargó al ejercicio fiscal 2018, sin que estuviera
efectivamente devengado el servicio al 31 de diciembre de 2018
También pagó
de forma injustificada seis millones 895 mil pesos, toda vez que, en el anexo
técnico para el Servicio de Vigilancia y Seguridad en los inmuebles de la
Sedatu, suscrito el 1 de febrero de 2018, no se acordó la prestación del
servicio mencionado para los inmuebles ubicados en Reforma números 26, 99 y
287, así como Constituyentes número 1070.
A lo
anterior se agrega el pago de forma injustificada de un millón 318.0 miles
de pesos, toda vez que, en nueve CFDI proporcionados por la Sedatu, se comprobó
que pagó por los conceptos de motopratulleros y motopatrullas al Cusaem.
Sin embargo,
en las listas de asistencia de dicho periodo no se encontró evidencia alguna
de la prestación del servicio por la categoría de motopatrulleros; como
consecuencia, el pago realizado es improcedente.
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