Dolores
Padierna.
¿Existe
alguna dependencia, un área del servicio público que no haya sido objeto del
saqueo criminal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto?
Mientras el
expresidente vive a sus anchas en su autoexilio dorado en Málaga, aquí cada día
conocemos uno o varios casos de corrupción. Cada nuevo asunto confirma lo que
dijimos a lo largo del sexenio pasado.
En estos
días, los medios de comunicación han revisado el informe de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y han ido develando uno a uno los casos que nos
permiten decir sin ninguna duda que Peña Nieto y los suyos fueron un gobierno
de ladrones.
La ASF ha
confirmado lo que muchas veces dijimos durante los duros debates de la reforma
energética, cuando los senadores del PRI y el PAN se burlaban de nosotros
cuando defendíamos a Petróleos Mexicanos en la tribuna.
El gobierno
actual recibió Pemex en “quiebra técnica”, puesto que la empresa acumula
pérdidas cercanas a los dos billones de pesos.
Pero también
hemos sabido, además que solo en 2018 la empresa Liconsa sumó dos mil millones
de pesos en gastos no justificados o hechos sin documentación probatoria. Uno
de sus directivos, Héctor Pablo Ramírez Puga, buscaba ser candidato del PRI a
la gubernatura de Oaxaca mientras autorizaba sobreprecios, compras fantasma y
publicidad muchas veces contratando a sus amigos.
En ese mismo
año electoral, la pensión para adultos mayores fue “entregada” a 24 mil
personas que ya habían muerto. El costo: poco más de 40 millones de pesos.
Gerardo Ruiz
Esparza, el siempre consentido secretario de Comunicaciones de Peña Nieto,
causó un daño presupuestal de 15 mil 930 millones de pesos sólo en el sector
central de la dependencia.
La ASF
también informó que durante el sexenio de quien ahora se dedica a posar para
revistas del corazón, la evasión fiscal ascendió a 4.1 billones de pesos.
En este
rubro es donde puede hallarse una de las explicaciones de la reducción de la
inversión privada mexicana, en tanto que la Inversión Extranjera Directa
aumentó 4.2 por ciento en 2019.
Una buena
parte de los empresarios mexicanos se acostumbraron a ser tratados con guante
de seda por el fisco y a emplear todas las marrullerías posibles para no pagar
impuestos, o pagar lo menos posible. De perdones, condonaciones y evasión está
hecha la “falta de confianza” de estos empresarios en el gobierno de la
transformación.
La oposición
machaca con el argumento de que este gobierno debe dejar de culpar al pasado de
los males del presente. Es cierto que las responsabilidades están ahora en
otras manos, pero sólo un corrupto o alguien cegado por el odio hacia la Cuarta
Transformación puede ignorar que este gobierno recibió instituciones saqueadas,
que no es sencillo desterrar las viejas prácticas de los sobornos o moches que
se institucionalizaron durante las administraciones del periodo neoliberal.
No es fácil
remontar la herencia de sangre de Felipe Calderón, quien ahora dice nunca
haberse enterado de los vínculos de Genaro García Luna con el crimen
organizado. ¿Corrupción? Es improbable que el superpolicía de Calderón
colaborase con un cártel gratuitamente.
Con cinismo
sin límites, Calderón pretende volver a la arena política al frente de una
pequeña legión de desmemoriados o de personas que se beneficiaron durante su
gobierno.
Serán, de
conseguir el registro, la hipocresía hecha partido político, y una de las tres
cabezas de la derecha a las que enfrentaremos en 2021.
El
presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido una y otra vez en que el
principal problema del país es la corrupción. Y tiene razón, pues la corrupción
es la fuente de la ineficiencia gubernamental, del abandono de las
responsabilidades del Estado y de la complicidad que nos sumieron en una
espiral de violencia.
Comprometido
a ir al fondo, recientemente, el presidente López Obrador dijo que los
empresarios que denuncien cuando les pidan un soborno para obtener una
licitación serán protegidos y recibirán un “premio”.
El gobierno
de la Cuarta Transformación ha optado por la centralización de las decisiones
en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, con el fin de poner orden y
evitar los actos corruptos como los descritos en las líneas anteriores.
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