Dura respuesta de Gertz.

Raymundo Riva Palacio.

Mal la ha pasado el fiscal general Alejandro Gertz Manero en las últimas semanas. Su vieja idea de un Ministerio Público todo poderoso, por encima de jueces y magistrados, con facultades extraordinarias incluso para obligar a defensores a delatar a sus clientes se quedó a las puertas del Senado, el 15 de enero.

Llegó con el paquete de ocho iniciativas para reformas de fondo acompañado del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. El otro convocado, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, se quedó en la calle, sin entrar al Senado, en señal de protesta por haber sido excluido de la nueva arquitectura jurídica del gobierno.

El sabotaje de Durazo provocó una crisis y las iniciativas no se presentaron. El 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador las sepultó. No se presentaría nada hasta después de las elecciones del próximo año, y para salvar cara, mandaría al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, a presentar una reforma al Poder Judicial.

Desde entonces, de acuerdo con colaboradores y personas que han hablado con él, Gertz Manero está muy enojado. Son conocidos los humores del fiscal y su espíritu vengativo nato. Su respuesta, sin comprometerlo directamente, se dio a través del periódico The Wall Street Journal, que reportó que una alta fuente de la Fiscalía General reveló que, dentro de la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se analizan las vinculaciones con el expresidente Enrique Peña Nieto y presuntos actos de corrupción. El mensaje de la Fiscalía al Presidente fue contundente, al citar a un miembro de esa oficina en relación con Peña Nieto: “La oficina del fiscal tiene evidencia que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht alcanza el más alto nivel. La extradición y (posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con la investigación en curso, decidirá si el expresidente es acusado en el futuro”.

López Obrador ha dicho que no quiere gobernar con el retrovisor, si de Peña Nieto se trata, y ha ido pateando el tema de investigarlo para evitar comprometerse. Ha hablado reiteradamente de una encuesta para transferir la decisión de enjuiciarlo a la gente, pero no la ha programado. Mientras tanto, al no existir una articulación política interna, las acciones de sus colaboradores le están achicando el margen de maniobra para mantener el blindaje.

La clave de la investigación contra Peña Nieto, si se quiere iniciar un proceso en su contra, no se encuentra en el caso Odebrecht. Los 10 millones y medio de dólares que dijeron los ejecutivos de la empresa brasileña entregaron a Lozoya para la campaña presidencial de 2012, ya prescribieron, por lo que aún si se probara que el exdirector de Pemex recibió ese dinero y lo inyectó a la campaña de Peña Nieto, es jurídicamente irrelevante.

El caso de Agronitrogenados, por el cual vincularon a Lozoya con Alonso Ancira, jefe máximo de Altos Hornos de México, detenido en España, tampoco lleva a Peña Nieto, al haber sido una inversión aprobada por el Consejo de Administración de Pemex, no en Los Pinos. Paradójicamente, quien mostró la escalera por donde la investigación sobre Lozoya puede conducir a Peña Nieto, fue la persona con la que Gertz tiene el mayor antagonismo dentro del gobierno, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El miércoles al salir de Palacio Nacional, Nieto reiteró lo que adelantó días atrás, la apertura de una nueva línea de investigación relacionada con la adquisición del astillero español Hijos de J. Barrales, adquirido por Pemex cuando estaba prácticamente en quiebra, y donde se fabricaban los barco hoteles para las tripulaciones de las plataformas marítimas. De acuerdo con la investigación, esa compra provocó un dañó a Pemex de alrededor de 50 millones de euros. Esa operación involucra a Peña Nieto, pero también al expresidente Felipe Calderón. El primero por haber autorizado a Lozoya la adquisición del astillero, como el refrendo del compromiso con el entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, originalmente suscrito por Calderón.

Si Odebrecht es un tema que no tiene alas para volar, el caso de Agronitrogenados tampoco parece tener el sustento de soborno por el cual el gobierno actuó contra Ancira y tiene acusado a Lozoya. El presunto soborno se dio dos años antes de la operación de compra por parte de Pemex –que no fue sólo una planta chatarra, sino todo un complejo industrial que incluye un puerto que funciona-–, y prácticamente un año antes de iniciar la campaña presidencial. Es probable que ese dinero que le depositó Ancira a Lozoya no haya sido por un soborno, sino como pago por un proyecto para licitar, ganar y construir segundos pisos en México.

Esta información la dio Lozoya al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, durante una de las tres reuniones que tuvo con él para revisar su caso. La misma información le fue proporcionada a Gertz Manero, quien, sin embargo, de acuerdo con colaboradores suyos, tiene evidencia que, como le declaró un funcionario de la Fiscalía al Journal de Nueva York, el exdirector de Pemex incurrió en actos de corrupción. Haberlo hecho público mete presión a la Fiscalía, que tiene que probar sus imputaciones, pero sobre todo a López Obrador, que cada vez parece más acorralado por sus colaboradores para perseguir judicialmente a Peña Nieto.

Procesar a un presidente en México es prácticamente imposible, aunque exista la voluntad política de hacerlo. Gertz Manero está metiendo presión al Presidente, que no quiere actuar contra su antecesor. Hablar sobre sus intenciones contra Peña Nieto compromete a Gertz Manero; cumplirlas, provocará el fin del pacto de impunidad que tenía con López Obrador. Hay un juego de fuerzas, sin resultado previsible.