Por Arturo
Rodríguez García.
Los créditos
del Fovissste contradicen en la práctica los fines para los que fue creado
tanto el instituto como el fondo de vivienda para los trabajadores del Estado:
aunque los usuarios paguen puntualmente, los intereses incrementan la deuda
hasta hacerla impagable y algunos empleados incluso tienen abiertos procesos
judiciales por supuesto fraude. Y aunque el problema le fue planteado en el
cambio de administración al presidente López Obrador, hasta ahora no se han
tomado medidas para resolver la sangría financiera que devora salarios y hace
inviable el retiro de miles de burócratas.
La profesora
Eufrosina Castrejón está próxima a cumplir la edad necesaria para retirarse.
Pero evitará jubilarse porque la seguridad social la tiene condenada: en
2012 adquirió un crédito con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y, aun
pagando puntualmente 8 mil pesos mensuales, ve incrementarse su deuda hasta
hacerla impagable.
Eufrosina
–química de profesión y catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero–
sabe que, como todo burócrata, perdería hasta el 60% de sus ingresos si se
jubila, pues ese porcentaje es lo que percibe por prestaciones, como los bonos
de asistencia y antigüedad. Si hace efectivo su retiro, la pensión iría íntegra
al pago de la deuda: se quedaría sin ingresos.
El
aumento constante de la mensualidad y de la deuda total tiene como origen un
diseño de los créditos que afecta a un millón 100 mil trabajadores. Y el
creciente número de inconformes acusa al Fovissste de incurrir hasta en
prácticas de anatocismo, es decir, cobro de intereses sobre los intereses
capitalizados al monto original.
Contratados
a ciegas, porque el Fovissste no entregaba tablas de simulación de pagos, los
créditos deben ser forzosamente a 30 años, período insuficiente para solventar
la deuda porque ésta crece debido a los intereses en Veces Salario Mínimo, los
cuales se aplican considerando los intereses como si fueran parte del crédito.
Casos como
el de la profesora Castrejón se originaron principalmente durante los
sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que en 2016 el sistema
cambió y empezó a calcular los nuevos créditos en Unidades de Medida y
Actualización (UMAs).
Para Cándido
Cruz Vargas, profesor guerrerense que se ha convertido en vocero del Movimiento
de Afectados por los Créditos de Fovissste, la única solución es una
reestructuración en condiciones justas que, hasta ahora, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador se ha negado a revisar.
“El
Fovissste otorga créditos impagables, créditos de usura que en nada benefician
al trabajador como lo ordena la ley, como de origen fue creado este fondo de
vivienda para otorgar créditos baratos a los trabajadores pero que se ha
convertido en una mafia que solamente lucra con la necesidad”, asegura Cruz Vargas.
Esa
problemática está movilizando desde hace más de un año a burócratas de la
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Veracruz,
quienes ven inviable su retiro, pero también de quienes, con 15 años de pagos
disciplinados, han visto crecer su deuda hasta el doble del monto original.
El caso de
la profesora Castrejón es ilustrativo: en 2012 contrató el crédito para
vivienda por 850 mil pesos. Desde entonces ha pagado más de 500 mil pesos, pero
al corte de la segunda quincena de enero su deuda ascendía a 950 mil pesos.
“Preguntamos
por los intereses sobre intereses, porque así jamás vamos a ver nuestra deuda
disminuida… Es a 30 años y esto realmente afecta, tanto la economía personal
como a la familiar. Pero no tenemos respuestas de la autoridad”, dice.
Fragmento
del texto publicado en la edición 2258 de la revista Proceso, actualmente en
circulación.
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